Somos Defensores

POLÍTICAS PÚBLICAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN A DEFENSORES(AS) EN COLOMBIA

Opinión y Debate
Carolina Aldana García*

http://www.cdhdf.org.mx/index.php?id=dfejul10CarolinaAldana

La muerte de Rogelio Martínez

El pasado 18 de mayo fue asesinado Rogelio Martínez, destacado líder y defensor de derechos humanos de las víctimas, en el municipio de San Onofre, departamento de Sucre, ubicado al norte de Colombia. Rogelio representaba a un grupo de 52 familias campesinas que habían sido desplazadas forzadamente en 2001 por grupos paramilitares dirigidos por Rodrigo Mercado, alias Cadena.

El liderazgo de Rogelio fue en aumento luego de denunciar los crímenes que cometían los paramilitares en la finca La Alemania, un terreno de 556 hectáreas en San Onofre, que en 1997 fue adjudicado a los campesinos por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora). En la finca los paramilitares tenían campamentos para torturar y enterrar a las víctimas; ejercían un control sobre las familias, les robaban los alimentos que producían y exigían el pago de dinero por cada cabeza de ganado que con esfuerzo habían logrado comprar gracias a un crédito bancario.

 

En 2007 Rogelio y las familias decidieron retornar a La Alemania, se suponía que las condiciones habían cambiado: los grupos paramilitares estaban en negociación con el actual gobierno nacional, algunos jefes habían sido llevados ante la justicia y estaban confesando ciertos crímenes; además, el municipio de San Onofre, ubicado en la subregión de Montes de María, es una zona de consolidación, una estrategia de control militar y social que, complementaria con la estrategia de negociación con los paramilitares, desarrollan las fuerzas armadas colombianas para derrotar a los grupos guerrilleros y llevar programas gubernamentales de subsidios sociales a las familias pobres y desplazadas y, sobre todo, ejercer la seguridad con mucha presencia militar en lugares estratégicos para la economía nacional. Todas estas razones hacían pensar que era posible retomar los proyectos productivos en La Alemania y evitar que el Estado la vendiera para con ello pagar la deuda de los campesinos a las entidades bancarias.

La pérdida de Rogelio Martínez ha dejado en evidencia varios de los aciertos y de los problemas que enfrenta el Programa de Protección para cumplir con las obligaciones que le corresponden, enmarcadas en las políticas públicas de prevención de violaciones a los derechos humanos y de protección a personas en riesgo extraordinario o extremo.

Un programa especial

En 1997, luego de los asesinatos de los defensores de derechos humanos Mario Calderón y Elsa Alvarado, diversas organizaciones sociales y no gubernamentales convocaron la atención del país. En junio de ese año un grupo de organizaciones de la sociedad civil presentó una carta al gobierno, solicitando garantías para que defensores, sindicalistas y líderes sociales pudieran desarrollar su labor conservando la vida y sus organizaciones.

Al finalizar 1997, sociedad civil y gobierno nacional logran un acuerdo que crea el Programa de Protección a Defensores de Derechos Humanos, coordinado por el Ministerio del Interior y de Justicia con el objetivo de proteger “a personas que se encuentran en situación de riesgo contra su vida, integridad personal, seguridad o libertad o por causas relacionadas con el conflicto interno que padece el país”.

El Programa está reglamentado por varias leyes y decretos que definen los asuntos relacionados con la calificación del riesgo y amenaza, las personas a quienes van dirigidas las medidas de protección y el límite de tiempo para tener dichas medidas; además de la reglamentación del Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos y del Programa en asuntos como responsabilidades institucionales, los derechos y deberes de las personas protegidas, los procedimientos para adoptar medidas cautelares y de emergencia y los criterios para suspender o retirar las medidas.

Los aciertos y los problemas

Es raro que un Estado brinde protección a defensores de derechos humanos, y esto merece un reconocimiento. El Programa también proporciona un modelo positivo, gracias a la participación en cada comité de la población que requiere protección, ya sean periodistas, sindicalistas y defensores de derechos humanos. En 2009, el Programa informó que brindó 778 medidas “duras”, como vehículos blindados y escoltas, y 12 039 medidas “blandas” como teléfonos móviles y billetes de avión, a más de 10 mil destinatarios de todos los grupos beneficiarios del programa gubernamental.1

Sin embargo, los resultados de este Programa no pueden juzgarse por el alto índice de personas protegidas,éste es un indicador negativo porque quiere decir que no se está trabajando sobre los factores que ponen en riesgo a las personas. Por eso los defensores y defensoras colombianos han insistido en que es muy importante la adopción de medidas políticas e institucionales que vayan al origen del problema y que cumplan las obligaciones que en la materia tiene el Estado colombiano:

a) Abstenerse de cometer, apoyar, tolerar o aprobar la violación de los derechos humanos. Esto quiere decir que todos los funcionarios del Estado deben respetar los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad y a la seguridad personal de las personas.

b) Velar por que las declaraciones del presidente de la República y otras autoridades públicas respeten los derechos y se abstengan de emitir cualquier declaración que ponga en riesgo los derechos fundamentales de todas las personas, en particular de los beneficiarios del Programa de Protección.

c) Garantizar la vigencia, el disfrute y el goce de los derechos de las personas que enfrentan un riesgo extraordinario o extremo, con especial interés por la población beneficiaria del Programa de Protección del Ministerio del Interior y de Justicia.

Desde su retorno a La Alemania, Rogelio empezó a recibir amenazas contra su vida. Teniendo en cuenta que era un líder, su situación fue conocida por el Ministerio del Interior y de Justicia que coordina un programa de protección para personas en riesgo. Para ingresar al programa y obtener algún tipo de medidas, es prerrequisito que la policía o el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) haga una evaluación del riesgo que enfrenta la persona que va a ser protegida por el Estado.

En 2009 se conoció que desde 2004 el das estaba desarrollando diversas acciones de inteligencia estatal con procedimientos ilegales en contra de defensores, periodistas, magistrados de las Cortes y líderes de oposición. Se supo también que mucha información obtenida en las evaluaciones de riesgo para beneficiarios del Programa de Protección del Ministerio del Interior y de Justicia fue incorporada a las agendas de inteligencia para ser utilizada en contra de las personas protegidas y que, por lo menos en uno de los casos, la información de un profesor protegido fue entregada a grupos paramilitares quienes luego lo asesinaron en Barranquilla, al norte del país.

En el caso de Rogelio, su riesgo se catalogó como extraordinario y por lo tanto la recomendación fue que debía salir de la finca donde trabajaba, pero esto fue rechazado por Rogelio, las familias y otras instituciones públicas que acompañan las exigencias de justicia, verdad y reparación que están haciendo las víctimas. La razón era y es muy sencilla: si el líder sale de la finca, el proceso comunitario se afecta porque muchas familias también dejarían su trabajo, temerosas de ser las próximas víctimas. Por tal razón, pidieron que el Estado implementara otro tipo de medidas para prevenir un hecho violento contra Rogelio. Las medidas, complementarias con una ayuda del Ministerio del Interior y de Justicia, las deberían ejecutar la policía o la Infantería de Marina, instituciones que están en San Onofre con gran cantidad de efectivos.

Pero la policía sostuvo que no tenía capacidad para dar seguridad a Rogelio. En San Onofre aún siguen operando grupos paramilitares que no se desmovilizaron realmente, que son aliados de políticos y narcotraficantes y quieren recuperar la finca La Alemania y otras tierras. Sus acciones las siguen adelantando bajo la mirada temerosa de funcionarios públicos, tanto civiles como militares. En contextos como el señalado las respuestas institucionales preventivas no se ejecutan y por eso la recomendación frecuente es que la persona en riesgo debe dejar el lugar donde está en peligro.

A esto se suma otro factor de riesgo: las declaraciones de los funcionarios públicos que atacan la labor de las víctimas, y quienes afirman que hay cárteles que lideran a las organizaciones de desplazados o que consideran“a los defensores como terroristas vestidos de civil”, como en varias ocasiones lo ha sostenido el presidente Álvaro Uribe.

En 2006 una comisión independiente evaluó las responsabilidades del DAS y recomendó quitarle el compromiso de brindar seguridad a poblaciones específicas. Recogiendo esas recomendaciones en 2008 el gobierno empezó a diseñar una propuesta para que los esquemas de protección del das sean ejecutados por una empresa privada de seguridad. Pero esta propuesta tiene dificultades que son rechazadas por los defensores, quienes sostienen que la protección para personas en riesgo es responsabilidad del Estado y no debe delegarse a entidades privadas; y que en las empresas de seguridad privada hay militares y policías retirados, paramilitares y guerrilleros desmovilizados que desde las instituciones o desde grupos ilegales ejercieron el terror contra los defensores que ahora quieren proteger por razones económicas. No hay certeza de que en estas empresas haya un compromiso real por los derechos humanos; por lo menos al Estado puede exigírsele cumplir con la obligación, pero ésta no es la misma para las entidades privadas.

El saldo de las agresiones

La protección de las personas en riesgo no puede verse únicamente por las consecuencias de una agresión ni adoptando medidas físicas como el aumento de escoltas armados o salir del lugar donde se labora; las instituciones deben trabajar coordinadamente sobre los factores que exponen a las y los defensores.

El último informe del Sistema de Información sobre Agresiones a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (Siaddhh), reporta que durante 2009 fueron agredidos 174 defensores y defensoras, aunque el número de tipos de agresión ascendió a 177,2 las cuales se desglosan de la siguiente forma:

32 asesinatos
un caso de tortura
99 amenazas individuales (que junto con
las colectivas pueden superar las 125)
17 atentados
15 detenciones arbitrarias
10 defensores fueron afectados por el
uso arbitrario del sistema penal y tres
más fueron heridos

Se necesita cumplir con lo que los defensores han pedido desde 1997, las medidas políticas como las declaraciones públicas de funcionarios públicos reconociendo la labor que adelantan los defensores y defensoras para afianzar la democracia; se necesita que el aparato de justicia funcione realmente, que investigue, juzgue y sancione a los responsables de las agresiones contra los defensores y defensoras.

En Colombia la impunidad está catalogada en 98%. La obligación de prevención y protección no se cumple cuando miembros de las fuerzas militares y de policía son cómplices de los grupos ilegales o de poderes políticos y económicos que explotan la tierra a costa de los campesinos. La información sobre el riesgo y el liderazgo de una persona a proteger debe ser manejada desde las instituciones públicas, con mucho cuidado y responsabilidad, y con un altísimo compromiso ético con los derechos humanos.

Y por último, un programa gubernamental de protección debe ser temporal para atender una situación de crisis; debe enfocarse en las condiciones políticas de respeto y garantía y eso lo deben hacer todas las instituciones en su conjunto. En la medida en que las políticas públicas se especializan y su ejecución se subdivide en instituciones, programas o planes del orden nacional regional o local, la protección y la realización de los derechos son mucho más complejas.

Notas al pie de página:

* Coordinadora del Programa Somos Defensores (Programa No Gubernamental de Protección a Defensores de Derechos Humanos en Colombia, espacio de la sociedad civil dirigido por la Asociación para la Promoción Social Alternativa minga, benposta Nación de Muchachos- Colombia, Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) y Comisión Colombiana de Juristas.

1 Programa de Protección, Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia, 12 de noviembre de 2009 (presentación en PowerPoint).

2 Informe 2009, bogotá, Siaddhh, Programa Somos Defensores Programa No Gubernamental de Protección a Defensores de Derechos Humanos, 30 de abril de 2010.

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