Somos Defensores

RESISTE

Durante el primer semestre del 2021, el Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos -SIADDHH- del Programa Somos Defensores, confirmó un total de 524 hechos violentos. Esto significa un incremento del 13% en las agresiones en comparación con el mismo periodo del 2020.
Sobre estas cifras, identificamos una transformación en los usos de la violencia pues mientras, por un lado, se presentó un incremento en agresiones no letales como las amenazas, las detenciones arbitrarias, los robos de información y la violencia sexual, por el otro, los asesinatos registraron una disminución. Esto responde a varios elementos del contexto como la concentración de la violencia en las movilizaciones realizadas en el marco del Paro Nacional, el fin del aislamiento obligatorio (que hacía a los defensores/as más fácilmente ubicables), y la consolidación del poder de algunos actores armados en los territorios en disputa.

De esta manera se evidencia que, aunque las dinámicas en los territorios se transforman la violencia persiste y se incrementa. Tal y como lo hemos advertido desde el 2017, las agresiones contra quienes defienden los derechos humanos vienen cada año en aumento sin que exista todavía ninguna medida eficiente por parte del Estado para generar garantías para sus vidas.

Esta situación se presenta en medio de un escenario adverso: cierre de la democracia, destrucción de los principios fundamentales de la Constitución Política, gobierno con rasgos autoritarios, política militarista, irrespeto de la separación de poderes, cooptación de órganos de control y violación del Acuerdo
de Paz.

Todo esto, en parte, fue lo que desató el inicio del Paro Nacional el 28 de abril, con movilizaciones sin precedentes en Colombia y en diferentes ciudades del mundo, hecho que marcó el contexto del primer semestre del año y que, incluso, tuvo incidencia en el comportamiento de las violencias.

Del total de agresiones registradas por nuestro Sistema de Información, el 41,6% ocurrieron en medio de las manifestaciones sociales y la mayoría de estos hechos fueron cometidos presuntamente por integrantes de la fuerza pública. Esto es una muestra del uso excesivo de la fuerza durante las protestas, que afectó a miles de personas, entre ellas a quienes defienden los derechos humanos. Este comportamiento provocó que por primera vez la fuerza pública aparezca como el presunto responsable del mayor número de agresiones, por encima de los actores desconocidos, grupos paramilitares y las disidencias de las FARC.
Las respuestas del Gobierno Nacional en medio de las movilizaciones y, en general, en un contexto de violencia agudizada, dejan en evidencia el derrumbe de la institucionalidad democrática y deriva autoritaria que preocupa a distintos sectores del país y cuyas implicaciones para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos son múltiples. Por esta razón, en el marco de la coyuntura electoral que se avecina en el primer semestre del 2022, la preocupación por un posible incremento de las agresiones se acrecienta.

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