Somos Defensores

COLOMBIA: El Gobierno de Duque fue alertado, pero no actuó para evitar los cientos de asesinatos de población vulnerable.

París, Bogotá, 7 de diciembre de 2021.La FIDH, el Colectivo de Abogados Jose Alvear Restrepo (CAJAR) y el programa Somos Defensores, en el Informe “Muertes anunciadas” que publicamos hoy,denunciamos que el Estado colombiano fue advertido y sabía de los altos riesgos de violaciones graves de derechos humanos. A pesar de ello, el Gobierno Nacional, en cabeza de Iván Duque Márquez, quienntiene a cargo la responsabilidad de desplegar la respuesta institucional para afrontar esos riesgos, no lo hizo con diligencia.

Las cifras son dramáticas. Desde 2018, año del inicio del Gobierno del Presidente Iván Duque, hasta junio de 2021, ocurrieron 572 homicidios de lideres sociales y personas defensoras de derechos humanos, 254 homicidios de excombatientes de las extintas FARC-EP y 184 masacres.

El deterioro de la situación de los derechos humanos en el país y la consolidación y expansión de grupos armados de diverso tipo a lo largo de estos 5 años de vigencia del Acuerdo de Paz pone de manifiesto que la falta de una adecuada implementación de los dispositivos allí consagrados, ha contribuido a una reconfiguración de la violencia en los territorios que pone en alto riesgo a comunidades, procesos organizativos, personas en proceso de reincorporación y defensoras de los derechos humanos que no puede pasar desapercibidos para la comunidad internacional.

Es deber del Estado prevenir las violaciones graves de los derechos humanos, sobre todo aquellas en las que se ha previsto ese riesgo. Desde 2001, el Estado colombiano cuenta con el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) en cabeza de la Defensoría del Pueblo, el cual fue reforzado en el Acuerdo de Paz y ha funcionado con relativa eficiencia, monitoreando y alertando sobre buena parte de los fenómenos de violencia en el país. En el 66.3% de los territorios señalados en las 196 Alertas Tempranas emitidas para el periodo 2018-2020, ocurrieron homicidios de liderazgos sociales y de personas defensoras de derechos humanos.

El informe llama al Gobierno Colombiano a comprometerse públicamente con la implementación
integral del Acuerdo de paz, asumiendo su carácter de compromiso de Estado, y particularmente en lo relativo a las garantías de seguridad para comunidades, organizaciones, liderazgos sociales y firmantes del Acuerdo de Paz.

A 5 años de la firma del Acuerdo de Paz, han sido asesinadas 831 personas defensoras de derechos
humanos, lideres y lideresas sociales
, según la Defensoría del Pueblo, así como 286 personas en proceso de reincorporación, según la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia. Esto a pesar de que el Acuerdo de Paz suscrito entre el Estado colombiano y las FARC-EP en el año 2016, pretendió sentar las bases políticas y humanitarias para dar por terminado un conflicto armado de más 50 años y encauzar la acción estatal en instrumentos de política pública para actuar sobre las causas estructurales del conflicto, prevenir la recurrencia de nuevos hechos y garantizar su no repetición.

Las organizaciones igualmente alertamos al futuro Gobierno Nacional a dar cumplimiento a lo pactado en el Acuerdo de Paz, y comprometerse a brindar respuestas oportunas y contundentes en torno a los riesgos advertidos.

Junto a la Federación Internacional por los Derechos humanos (FIDH) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), damos a conocer el Informe “Muertes anunciadas” sobre el sistema de alertas tempranas en Colombia. Les invitamos a conocer y compartir.

Compartir contenido en:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Contenido Reciente