Legislación en protección
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LEY 1426 DE 2010: Incremento de penas contra agresores de los defensore de DD.HH

Por la cual se modifica la Ley 599 de 2000, relativa a las conductas punibles que atentan contra los bienes jurídicamente protegidos de los defensores de derechos humanos y periodistas.

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Directiva 012 de 2010 – Procuraduría General de la Nación

El Procurador General de la Nación solicitó a las autoridades del orden nacional, departamental y municipal, así como a los miembros de la fuerza pública, al Defensor del Pueblo y a sus propios funcionarios del nivel nacional, garantizar el derecho de las y los defensores de derechos humanos para ejercer su labor.

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Decreto 1737 de 2010. Programa de PROTECCIÓN para víctimas y testigos

Que la Corte Constitucional en su Sentencia T-496 de 2008 ordenó "Desarrollar las acciones necesarias orientadas a efectuar una revisión integral del Programa de Protección de Víctimas y Testigos de la Ley de Justicia y Paz, a fin de adecuarlo a los principios y elementos mínimos de racionalidad (Supra 8) que conforme a la jurisprudencia y la práctica internacional deben orientar y contener una estrategia integral de protección satisfactoria de las víctimas y testigos de los procesos en los que se investiga grave criminalidad o criminalidad de sistema, como aquella de la cual se ocupan los procesos de esclarecimiento judicial de Justicia y Paz".

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Deberes de la Fuerza Pública con los derechos humanos y la protección a los líderes

La Política de Defensa y Seguridad Democrática, en desarrollo del artículo 2 de la Constitución, ha trazado como objetivo estratégico “reforzar y garantizar el Estado de Derecho en todo el territorio,mediante el fortalecimiento de la autoridad democrática, del libre ejercicio de la autoridad de las instituciones, del imperio de la ley y de la participación activa de los ciudadanos en los asuntos de interés común”.1

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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991

en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente

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