SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE AGRESIONES CONTRA DEFENSORAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA SIADDHH
Lamentablemente, como es usual en los últimos años, debemos comenzar este informe resaltando la crítica situación de violencia en contra de las personas defensoras de derechos humanos en el país. El 2018 fue, sin duda, el peor año para defensoras y defensores, esto lo demuestran los datos, pues registramos las cifras de agresiones más altas que se hayan presentado desde el inicio de nuestro Sistema de Información en 2009. Eso sin contar la cantidad de casos que por diferentes motivos no se encuentran incluidos, pues partimos de aceptar la existencia de un subregistro, lo que quiere decir que el nivel de violencia es mucho más alto del que podemos imaginar.
Aunque el Acuerdo de Paz con la guerrilla de las FARC y los diálogos del Gobierno con el ELN planteaban una oportunidad histórica para la construcción de paz en el país, el contexto político ha dado unos giros altamente temidos, que han hecho más compleja la situación de la violencia y que han pretendido arrinconar a organizaciones sociales y a sus líderes en los diferentes territorios.
Las fallas en la implementación de los acuerdos, la finalización abrupta de los diálogos y la ausencia de medidas integrales que intervengan los círculos de violencias, entre otros asuntos, han desencadenado un escalamiento del conflicto armado en el que han aparecido en escena muchos más grupos armados con diferentes intereses, pero con una necesidad en común, la de adherir a su poder territorios y con ellos sus poblaciones. Frente a estos hechos es imposible no sentir lo que desde muchos sectores ya se expresa, que hemos retrocedido en el tiempo en materia de seguridad y que el proceso de paz solo fue un corto oasis del que salimos abruptamente, sobre todo cuando ocurrió el cambio de Gobierno.
A pesar de la evidente crisis de derechos humanos y de la urgente necesidad de intervención para proteger la vida de todos y todas y, en particular, de las personas defensoras de derechos humanos, el actual Gobierno de Iván Duque ha optado por tomar posiciones opuestas a su deber de ofrecer garantías y ha dejado en un segundo nivel la difícil situación que atraviesan los defensores y las defensoras, dedicándose, en su lugar, a poner otros temas en el centro, como el de la economía naranja.
De ahí que el presente informe lleve por nombre La naranja mecánica, pues el Gobierno nos ha mostrado en estos meses que lo naranja es lo prioritario, pues cruza, incluso, todo el Plan Nacional de Desarrollo, pero a su vez ha dejado ver que ese marcado interés por la economía y su puesta en la opinión pública es una manera de omitir y desaparecer asuntos mucho más importantes actualmente, como la Paz. Por eso, lo naranja aparece en el centro, pero detrás de ello surgen discursos como la negación de la existencia del conflicto armado, el desconocimiento de la sistematicidad en la violencia contra personas defensoras, el no reconocimiento de la existencia de muchos más grupos armados y que no solo están vinculados con el narcotráfico, la insistencia de la Fiscalía de que ha aumentado el esclarecimiento de los casos de asesinatos de defensoras y defensores cuando no es cierto y todo es juego retórico y mediático, la no implementación de medidas acordadas con el anterior Gobierno y en el marco del Acuerdo de Paz para generar garantías de seguridad en los territorios, entre otros muchos aspectos que parecen indicar que Iván Duque está gobernando de frente a la economía y de espaldas a la Paz.
Ante esta situación hemos considerado necesario hacer un análisis de la manera en la que se viene desarrollando el Gobierno y sus respuestas a aspectos puntuales como las garantías de seguridad de las personas defensoras de derechos humanos. En este sentido, el informe está dividido en cuatro ejes; el primer capítulo, plantea algunos asuntos sobre el cambio de Gobierno y los giros en materia de paz y de seguridad que se han tenido con la llegada de Iván Duque, esto en relación con el escalamiento del conflicto armado en el país y la evidente omisión de la gravedad de la situación de defensoras y defensores en todos los territorios, centrando los esfuerzos del Gobierno en un tema como la economía naranja y dejando de lado el deber de Estado de proteger la vida y garantizar los derechos.
El segundo capítulo, es un recuento de la situación de las personas defensoras DE derechos humanos durante el 2018, en un contexto difícil, de surgimiento de múltiples actores armados y en territorios en los que la sociedad ha quedado a merced de las disputas territoriales, debido a la baja capacidad del Estado para copar espacios dejados por la desmovilizada guerrilla de las FARC y para desmantelar estructuras existentes y prevenir el surgimiento de nuevos grupos; todo ello ha aportado a que, como se ha dicho, este haya sido el peor año en materia de derechos humanos para los defensores en Colombia.
En el tercer capítulo, se realiza un análisis de las políticas de gobierno, especialmente en materia de protección. Se mencionan los avances logrados con el Gobierno anterior, y gracias al Acuerdo de Paz, que ahora han sido frenados y reemplazados por planes menos efectivos como el PAO, que desconocen la realidad de los territorios y la necesidad de intervención estructural; además, se señala el discurso que ha tenido la Fiscalía en relación con las agresiones a personas defensoras de derechos humanos, pues ha presentado pequeños avances en los casos como grandes porcentajes de esclarecimiento; pero también se resalta la labor de otras entidades de Estado como Procuraduría y Defensoría del Pueblo, que han mostrado preocupación por la situación de violencia contra defensores y han tratado de generar acciones para visibilizar los riesgos y construir estrategias de prevención.
Finalmente, aparece en este informe el análisis de datos del Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia –SIADDHH–, resultado del monitoreo y la verificación de casos que se hizo durante todo el 2018 y que dan un acercamiento a la realidad del país en materia de afectaciones a la vida y los derechos de personas defensoras. Un análisis del volumen de asesinatos y de otras agresiones que el Sistema logró recoger, permite evidenciar el contexto difícil en el que a diario deben trabajar estos activistas, reconociendo, además, que puede ser mucho más complejo de lo que aquí se plantea.
Pero en medio de este panorama difícil cabe resaltar las resistencias y propuestas esperanzadoras de la población civil y las organizaciones sociales. Las manifestaciones que llenaron las calles durante el 2018 demuestran que las personas no están estáticas, que hay muchas reflexiones y apuestas para hacer demandas al Gobierno y al Estado. La movilización social aumentó de manera considerable durante este año y hubo una respuesta masiva a convocatorias en las que se defendían los derechos colectivos, demostrando que, aunque el panorama genera preocupaciones, queda reconocer a la resistencia social como la reserva moral de la ciudadanía que defiende el camino de la paz, como una manera de transformar el país y llevarlo a un estadio sin violencia.
Para finalizar, queremos extender nuestros agradecimientos a todas las personas y organizaciones que están alrededor del trabajo que hacemos en el SIADDHH, en especial al Centro de Investigación y Educación Popular –CINEP–, a la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos –CCEEU–, a la Organización Indígena de Colombia –ONIC–, a la Defensoría del Pueblo y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia –OACNUDH–. Además, queremos hacer un reconocimiento a la Real Embajada de Noruega en Colombia por su constante apoyo político y financiero, y a las agencias de cooperación internacional DIAKONIA Suecia, MISEREOR Alemania y Terre des Hommes – Schweiz, su apoyo es fundamental para nuestro trabajo y para la elaboración de este informe.
