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Por el cual se adiciona el Capítulo 7, del Título 1, de la Parte 4, del Libro 2 del Decreto 1066 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior, para crear y reglamentar el Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios; y se dictan otras disposiciones.
Por el cual se crea al interior de la Fiscalía General de la Nación la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto 3.4.4 del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, se determinan lineamientos básicos para su conformación y, en consecuencia, se modifica parcialmente la estructura de la Fiscalía General de la Nación, la planta de cargos de la entidad y se dictan otras disposiciones.
Por el cual se adiciona el Título 3 a la Parte 4, del Libro 2 del Decreto 1066 de 2015.
Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior, para adoptar la política pública de prevención de violaciones a los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad de personas, grupos y comunidades, y se dictan otras disposiciones.
Por el cual se adiciona el Capítulo 5, del Título 1, de la Parte 4, del Libro 2 del Decreto 1066 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior, sobre la ruta de protección colectiva de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal de grupos y comunidades.
Por el cual se adiciona el Capítulo 5, del Título 1, de la Parte 4, del Libro 2 del Decreto 1066 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior, sobre la ruta de protección colectiva de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal de grupos y comunidades.
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior.
Lineamientos para la protección efectiva de los derechos de los defensores y defensoras de los derechos humanos, y sus organizaciones, integrantes de movimientos sociales, movimientos político, y lideresas y líderes políticos y sociales, y sus organizaciones, y a los que en esta condición participen activamente en la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “CIDH”), como elemento clave de su mandato de protección y promoción, ha venido monitoreado de cerca los riesgos que enfrentan los defensores y las defensoras de derechos humanos. Este seguimiento ha sido particularmente riguroso desde la creación de la Unidad de Defensores de Derechos Humanos en 2001 y el establecimiento de laRelatoría sobre la Situación de las Defensoras y los Defensores de Derechos Humanos en 2011 (en adelante “La Relatoría”). La Comisión ha recibido de forma consistente información que da cuenta de asesinatos, amenazas, hostigamiento, criminalización, así como de otras violaciones de derechos humanos perpetradas contra personas defensoras de derechos humanos como represalia por sus actividades.
Conocer y respaldar la tarea que desarrollan los defensores de los derechos humanos y su valiosa contribución para la promoción, el respeto y la protección de los derechos y libertades fundamentales en las Américas….
Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos.
El apoyo a los defensores de los derechos humanos constituye ya un elemento tradicional de la política de Relaciones Exteriores de la Unión Europea en materia de derechos humanos. El objetivo de las presentes directrices es aportar sugerencias prácticas para mejorar la acción de la UE en relación con este asunto. Las directrices pueden utilizarse en contactos con terceros países a todos los niveles, así como en foros multilaterales de derechos humanos, para respaldar y fortalecer los esfuerzos en curso por parte de la Unión encaminados a fomentar y estimular el respeto del derecho a defender los derechos humanos.
Por medio del cual se establecen lineamientos generales sobre la investigación de delitos cometidos en contra de defensores de Derechos Humanos en Colombia.
Por medio de la cual se adoptan los fundamentos jurídicos para el análisis de la responsabilidad del dirigente por el hecho de los combatientes en los casos de la importación de las violaciones masivas a los derechos humanos en el derechos colombiano.
La Directiva 02 del 2016 se establece las herramientas necesarias para determinar si una conducta delictiva corresponde a un delito de lesa humanidad.
Vale la pena mencionar que esta labor resulta compleja en el proceso penal, puesto que el concepto y los elementos de este tipo de delitos no se encuentran definidos de forma clara y delimitada en la legislación colombiana, ni en un tratado de aplicación general.
Motivo por el cual la incorporación de los crímenes de lesa humanidad en el ordenamiento jurídico colombiano no se hace asumiéndolos como tipo penal, sino como una medida de interpretación y herramienta
En la misma línea, la Directiva 03 del 2016 explica los fundamentos constitucionales y legales que permiten afirmar la imprescriptibilidad de la acción penal de los delitos de lesa humanidad es claramente aplicable en Colombia, como mínimo, desde el 23 de marzo de 1976.
Vale la pena recordar que en esta fecha entró en vigor el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Desde entonces se reconoce que las conductas de este tipo de delitos son delictivas y constituyen crímenes internacionales.
La directiva aclara que el carácter consuetudinario de la imprescriptibilidad de estas conductas penales se demuestra por la constatación de dos elementos de la costumbre:
· La existencia de una práctica generalizada aceptada como derechos por los Estados.
· La consideración del carácter obligatorio de la práctica.
Los precedentes de la Corte Suprema de Justicia han establecido como regla que los delitos conexos a crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles también. Este es el caso del concierto para delinquir, cuya acción penal es imprescriptible cuando es conexo a estos mismos.
Frente al principio de favorabilidad, la directiva aclara que la asignación de un valor menor al principio de favorabilidad para permitir la declaratoria de imprescriptibilidad de la acción penal de este tipo de crímenes es una medida adecuada, necesaria y proporcional.
Razón por la cual la imprescriptibilidad puede ser flexibilizada de forma condicionada cuando se implementa un esquema de justicia transicional en que se involucren de forma holística las medidas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, concluye la directiva.
Frente a las restricciones y delimitaciones del tema, la Directiva 04 del 2016 precisa ciertas temáticas relevantes del derecho internacional; además, define que las conductas que constituyen ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, tortura y violación sexual son graves violaciones a los derechos humanos.
De esta manera, se sintetiza que la ejecución extrajudicial, es la privación de la vida como consecuencias de homicidios perpetrados por agentes del Estado o con su apoyo o tolerancia. En ellos se incluyen los fallecimientos durante la detención o prisión como consecuencia de tortura, malos tratos, faltas de tratamiento médico y otro tipo de conducta similar.
Siguiendo con la misma temática, la Directiva 05 del 2016 define los criterios para el tratamiento de la prescripción de los delitos que adquieran la connotación de graves violaciones a los derechos humanos.
En efecto, estas graves violaciones al ordenamiento jurídico prescriben a los 30 años, de conformidad con el artículo 83 del Código Penal; sin embargo, en caso de que las conductas de desaparición forzada, desplazamiento forzado, violencia sexual, ejecución extrajudicial y tortura adquieran la connotación de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, serán imprescriptibles.
Vale la pena precisar que el término de 30 años para las graves violaciones a este tipo de derechos se entiende incluso para las conductas cometidas con anterioridad a la Ley 599 del 2000.
Por otro lado, se impartió la Directiva 06, que establece los criterios que deben seguir los fiscales para la investigación y el juzgamiento de los tratos sobre la posible comisión del delito de aborto, tipificado en el artículo 122 del Código Penal.
De esta manera, cuando el embarazo es el resultado de una conducta delictiva, como la violación o el incesto, debe partirse de la buena fe y responsabilidad de la mujer que denunció el hecho. Sin embargo, la carga de verificación sobre la existencia de la denuncia recae sobre el fiscal, quien deberá verificar en los sistemas de información su existencia.
La solicitud de la interrupción voluntaria del embarazo de menores de 14 años puede ser adelantada bajo la causal de violencia sexual incorporada por la Sentencia C-355 del 2006, motivo por el cual en tales casos la exhibición de la denuncia se torna en una mera formalidad y la falta de la misma no puede ser pretexto para dilatar el procedimiento.
Por medio de la cual se establecen pautas para la citación de periodistas a rendir entrevista o testimonio dentro de una investigación y/o un proceso penal.
Por medio de la cual se establecen pautas para la citación de periodistas a rendir entrevista o testimonio dentro de una investigación y/o un proceso penal.
Por medio de la cual se adopta el marco legal y conceptual para la protección de los derechos de los menores de edad con ocasión de su participación en la actuación penal como víctimas y testigos.
Por medio de la cual se compilan los derechos procesales de las víctimas en el sistema penal acustorio.
Por medio de la cual se determina el concepto de defensor de derechos humanos y se establecen los parámetros para la persecución del delito de amenazas en contra.
Por medio de la cual se compilan los derechos procesales de las víctimas en el sistema penal acustorio.
Por medio de la cual se establecen lineamientos generales sobre la proporcionalidad de la detención preventiva.
Por medio de la cual se establecen lineamientos generales para la investigación del tipo penal de feminicidio.
Por medio de la cual se establecen lineamientos generales para la investigación del tipo penal de feminicidio.
Por medio de la cual se adopta el plan de priorización interdependencias para toda la Fiscalía General de la Nación en el año 2016.
Por medio de la cual se crea la Unidad especial de investigación para el desmantelamiento de las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atenten contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y para la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.