Durante el primer semestre del 2020 las personas que ejercen liderazgo social en Colombia se enfrentaron a un doble riesgo derivado, por un lado, de las agresiones en su contra provenientes de una gran cantidad de actores que pusieron en peligro su integridad y sus vidas y, por el otro, de la pandemia ocasionada por el COVID-19 que puso mucho más en evidencia las deudas históricas que tiene el Estado con muchos territorios.
Aunque desde el primer mes el 2020 ha estado marcado por una fuerte violencia contra las personas defensoras de derechos humanos, con la cuarentena decretada por el Gobierno desde marzo, estas personas quedaron en un estado de indefensión mayor por la imposibilidad de moverse de sus casas y, por esta razón, tener rutinas fáciles de identificar por los actores que buscan hacerles daño.
El Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos -SIADDHH- del Programa Somos Defensores, confirmó 463 agresiones entre amenazas, asesinatos, atentados, detenciones arbitrarias, judicializaciones, desapariciones forzadas y robos de información. La mayoría de estos hechos violentos presentaron un incremento significativo, como es el caso de los asesinatos, que aumentaron en un 61% en comparación con el mismo período del 2019.
95 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas durante el primer semestre, 46 de estos casos ocurrieron durante la cuarentena. Desde el SIADDHH nunca antes se había confirmado una cantidad tan alta de víctimas fatales en el primer semestre de un año. La mayoría de estos hechos ocurrieron en Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Putumayo, y los liderazgos más afectados fueron los comunales, campesinos, indígenas y comunitarios.
En los últimos años, desde el Programa Somos Defensores y diferentes organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, se ha insistido en un incremento en el riesgo para quienes defienden los derechos humanos en Colombia, aun así, el Gobierno sigue sin tomar medidas efectivas y, por el contrario, ha despreciado los instrumentos establecidos en el Acuerdo de Paz para crear condiciones de garantías de seguridad y ha insistido en tomar medidas que tienen en el centro la militarización, hecho que no ha creado seguridad, como se evidencia en este informe en el incremento del 157% en las agresiones que tienen como presunto responsable a la Fuerza Pública.
