Agresiones a personas defensoras de derechos humanos y población campesina vinculada a cultivos de uso ilícito
Al cierre de este informe se conoció el importante pronunciamiento de siete relatores de las Naciones Unidas del 17 de diciembre de 2020, en el que le piden al presidente Iván Duque y al Congreso de la República no reactivar el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato. Los relatores de Sustancias Tóxicas, Afrodescendientes, Medio Ambiente, Derecho a la Alimentación, Derecho a la Salud, Situación de Personas Defensoras de Derechos Humanos y de los Derechos de Pueblos Indígenas, consideran que el programa atenta contra el Acuerdo de Paz y la erradicación manual como método prevalente de erradicación, según lo dispuesto por la Corte Constitucional. Plantean también su preocupación en torno a que la reactivación del programa se plantee en un contexto sistémico de violencia contra los pueblos indígenas, afrocolombianos y personas defensoras de los derechos humanos.
El punto de conexión entre este importante llamado de los relatores y el presente informe radica en la preocupación sobre las agresiones a los liderazgos sociales y procesos campesinos que le apuestan a la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito, que tal y como se podrá apreciar en este informe van en aumento.
El Programa Somos Defensores en alianza con la Asociación Minga y la Corporación Viso Mutop, se propuso la realización de este informe especial: “La sustitución voluntaria siembra de paz: agresiones a personas defensoras de derechos humanos y población campesina vinculada a cultivos de uso ilícito”, con el propósito de llamar la atención sobre cómo importantes franjas de población campesina históricamente ignoradas por parte del Estado y avocadas por la exclusión social y económica a cultivos considerados de uso ilícito, se encuentran nuevamente cercadas por complejas dinámicas de violencia que los convierten en víctimas de múltiples agresiones por el hecho de apostarle a iniciativas de sustitución voluntaria de sus cultivos, alternativa que privilegia el Acuerdo de Paz y que el actual gobierno pretende ignorar.
El Acuerdo Final de Paz suscrito en noviembre de 2016, tiene un eje central en las reformas en el sector rural previstas en el punto 1, en correspondencia con el punto 4 del mismo, relativo a la solución al problema de las drogas ilícitas. En esa medida, el Acuerdo se propuso avanzar en el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos. De manera expresa, en el apartado sobre Reforma Rural Integral, el Acuerdo señala que “concibe el territorio rural como un escenario sociohistórico con diversidad social y cultural, en el que las comunidades –hombres y mujeres– desempeñan un papel protagónico en la definición del mejoramiento de sus condiciones de vida y en la definición del desarrollo del país dentro de una visión de integración urbanorural”. Sin embargo, los pocos avances en materia de Reforma Rural Integral y las múltiples trabas gubernamentales (empezando por recorte presupuestal) al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos –PNIS– y su declarada intención de imponer la erradicación forzada y la aspersión aérea, han desestructurado ese eje central del Acuerdo y con ello las posibilidades de avanzar en el cumplimiento de esa deuda pendiente con el campesinado colombiano.
Una idea fundamental que atraviesa este informe, es la de reivindicar el carácter de los campesinos cultivadores de plantas consideradas de uso ilícito, como sujetos con plenos derechos y contribuir con ello a romper la estigmatización abierta o soterrada que suele imponérseles.
El informe se divide en 5 capítulos. En el primero, se busca ofrecer una mirada sucinta sobre el campesinado como sujeto político y social, las dinámicas de exclusión y victimización que han padecido, sus luchas y apuestas por la paz. En el segundo, se aborda una panorámica de lo que han sido las políticas de lucha contra las drogas, aplicadas en el país y sus efectos para las comunidades rurales. En el tercer capítulo, se busca ofrecer un estado de la cuestión en relación con las iniciativas de sustitución voluntaria con énfasis en el PNIS, como programa establecido en el Acuerdo de Paz. El cuarto capítulo, proporciona información contrastada sobre las agresiones a los liderazgos sociales y procesos comprometidos con la sustitución voluntaria desde la firma del Acuerdo hasta mediados del 2020, que se complementa con cinco casos de distintas regiones: Sur de Córdoba, Catatumbo, Río Guayabero, Tumaco y Putumayo, que ilustran el tipo de agresiones que se cometen, el contexto en que se producen y las afectaciones que causan en el tejido organizativo. El quinto capítulo, subraya la importancia de dotar de garantías a los procesos de sustitución voluntaria de cultivos a partir de los planteamientos hechos por organizaciones sociales y de derechos humanos, señalando algunas recomendaciones sobre el particular.
Es nuestro deseo que el presente informe contribuya a alimentar las necesarias discusiones que en el ámbito nacional e internacional se están dando en torno al giro que debe dar la política de lucha contra las drogas en Colombia, y cuya orientación debe apuntar en dirección a la implementación del Acuerdo de Paz como carta de navegación fundamental.
Finalmente, queremos agradecer muy especialmente a la Embajada de Noruega por su permanente apoyo político y financiero que ha permitido la realización de este informe. Igualmente, a las agencias de cooperación que hacen posible el trabajo diario del Programa Somos Defensores Misereor y Pan Para el Mundo de Alemania, Diakonia de Suecia y Amnistía Internacional. Gracias también a la Asociación Minga y a la Corporación Viso Mutop por la construcción de esta alianza y a las organizaciones que aportaron información: la Fundación Social Cordoberxia y la Asociación Campesina del Sur de Córdoba ASCSUCOR.
