Bogotá, 9 de octubre de 2019
A pesar de las múltiples alertas originadas por los líderes, organizaciones sociales y sociedad en general, la violencia contra las defensoras y defensores de derechos humanos en Colombia no se detiene. Lejos de disminuir, las agresiones no han parado durante el primer semestre del 2019 y han aumentado de manera significativa, vinculadas, al parecer, al escalamiento del conflicto armado en los territorios y a su reconfiguración.
591 agresiones registramos de enero a junio desde nuestro Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia, la cifra más alta que se haya conocido en un semestre desde la creación de nuestro sistema hace diez años. Aunque los asesinatos disminuyeron en un 23% en comparación con el primer semestre del 2018 (59 casos en 2019, frente a 77 en 2018), otro tipo de agresiones incrementaron, es el caso de las amenazas que aumentaron en un 75%.
Esta particularidad en las cifras del primer semestre del 2019 parece indicar que hay un cambio en las estrategias de la violencia en los territorios y en el accionar de los grupos armados. Por esto es necesario subrayar la necesidad de no medir la intensidad de la violencia contra defensoras y defensores de derechos humanos solo a través de los asesinatos, pues como se evidencia en las cifras, ellos están expuestos a múltiples ataques que buscan controlarlos a través del miedo y acabar con los procesos que adelantan en la defensa de los derechos colectivos.
Aunque la violencia selectiva contra esta población es innegable y el país es testigo de ella, se continúa a la espera de respuestas oportunas por parte del Gobierno Nacional para brindar garantías y proteger la vida y los derechos de defensoras y defensores, sin embargo, y a pesar de unas agresiones que no dan tregua, las medidas trazadas por las instituciones siguen siendo precarias: aumento de recursos para protección física y material, campañas de sensibilización, militarización de los territorios y programas gubernamentales para mitigar. Estas estrategias blandas no atacan el problema de fondo, y mientras se ejecutan la violencia se reorganiza en las regiones y los diferentes actores armados y no armados continúan tratando de silenciar a quienes representan los derechos de sus comunidades.
Si en este momento comparamos a Colombia con una película, esa podría ser Avengers: el juego final. Esto porque nos encontramos frente a un Estado que parece estar bajo el poder de Thanos, que solo con un chasquido de sus dedos intenta regresarnos al pasado y no dejarnos salir del caos, impidiendo que se conozca la verdad, callando a la mitad del país, cerrando las puertas a la democracia y poniendo el acento en la guerra y la militarización, nuevamente.
De allí que nuestro informe semestral tenga como título Defensores ¿El juego final?, pues estamos en un escenario en el que se ha intentado borrar muchos de los procesos adelantados por la sociedad civil para construir un país diferente, y en el que se pretende moldear a esta de acuerdo con los intereses de un pequeño grupo, pasando por encima de las necesidades y los derechos colectivos.
Mientras tanto, la sociedad defensora de los derechos humanos y la paz, hace grandes esfuerzos para no permitir que estas fuerzas determinen el destino del país, para impedir la continuidad de las violencias y del conflicto armado y para exigir al Gobierno que se respete y se implemente lo acordado en el Acuerdo de Paz con la desmovilizada guerrilla de las Farc y que no se le niegue a las comunidades la posibilidad de trabajar por la paz en los territorios.
