Para octubre de 2013, las nuevas normativas de protección y prevención de agresiones a personas en riesgo (decreto 4912 de 2011 y 1225 de 2012), cumplen 2 años de haber sido sancionadas. Muchos protegidos, protegidas, carros blindados, planes de prevención, análisis de riesgos, amenazados, muertos y sobre todo, millones de pesos han pasado bajo el puente que creó esta nueva normativa. Por ende es hora de preguntarnos ¿sirvió? ¿Sirve? ¿Qué hizo bien? ¿Qué le hace falta?
En este mismo animo, el de consultar sobre el avance en la mplementación de la política de protección, es que el Programa No Gubernamental de Protección a Defensores de Derechos Humanos – Somos Defensores, realizó el presente estudio titulado PROTECCION “AL TABLERO” mediante el apoyo de la Embajada de España y el PNUD, con miras a fortalecer las discusiones del Proceso Nacional de Garantías, y realizó una serie de consultas y visitas a departamentos y autoridades regionales con responsabilidades en la estrategia de protección y prevención en el decreto 4912 con el fin de establecer la respuesta a una pregunta básica ¿Cómo va la implementación del decreto 4912 de 2011 y las investigación por 219 crímenes contra defensores y defensoras de derechos humanos ocurridos en los últimos 54 meses?
Así las cosas, este Informe es un intento por observar cómo se ha implementado la política bandera del Gobierno Santos en materia de protección, pero observada y valorada en una dirección inversa a la tradicional: desde las regiones hacia el centro del país.
Esta iniciativa nace de la preocupación de la sociedad civil, la comunidad internacional y otros sectores en revisar qué tanto se ha avanzado en el tema de protección, también en razón a las
cifras de agresión contra líderes, como las obtenidas entre enero y diciembre de 2013, donde 366 defensores de derechos humanos fueron agredidos mediante Amenazas (209 casos), Atentados (39 casos), Detenciones Arbitrarias (22 casos), Uso arbitrario del sistema penal (10 casos), Robo de Información (7 casos) y lamentables asesinatos (78 casos), no pueden generar
otro sentimiento que la preocupación por cómo se están protegiendo a los trabajadores por los derechos humanos y la paz.
De igual manera, este estudio exploratorio pretende coadyuvar con información concreta y útil al espacio creado entre las organizaciones de la sociedad civil, el gobierno nacional y la comunidad internacional en la búsqueda de garantías reales al ejercicio de defensa de derechos humanos en el país llamado Proceso Nacional de Garantías. Agradecemos a la Embajada de España, a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD, por la financiación a esta acción de observación regional y nacional; así como a las organizaciones sociales adscritas a la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, CCEEU, cuyo papel fue fundamental para el levantamiento de información regional. Igualmente agradecemos las Alcaldías, Gobernaciones, Procuradurías Regionales, Defensorías Regionales, Personerías, Policías Departamental o Metropolitana y Fiscalías Seccionales, que compartieron información y tiempo para este estudio exploratorio.
Sin más preámbulos, pasemos “Al Tablero”…
