Bogotá – Ginebra, 3 de agosto de 2023.
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas llevó a cabo el octavo examen periódico a Colombia sobre el estado de cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su sesión 138ª, celebrada los días 10 y 11 de julio de 2023. Producto de la revisión, el pasado 26 de julio de 2023 publicó sus observaciones finales y recomendaciones.
El Comité destacó como aspectos positivos algunas medidas legislativas, institucionales y políticas adoptadas por el Estado, en su mayoría relacionadas con la implementación del Acuerdo de Paz, como son la creación del Sistema Integral para la Paz, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la reglamentación del Sistema de prevención y alerta para la reacción rápida a la presencia de actividades de las organizaciones, hechos y conductas criminales que pongan en riesgo los derechos de la población y la implementación del Acuerdo Final de Paz, la creación de la Alta Instancia de Género del Acuerdo, el establecimiento del Comité de Seguimiento y Monitoreo a la implementación de las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, entre otras.
Así mismo, el Comité reconoció positivamente la expedición del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, la Política Migratoria Integral, el Estatuto Disciplinario Policial, la Ley de Paz Total, y la resolución que facilita la atención integral en salud frente a la interrupción voluntaria del embarazo.
Por otra parte, el Comité expresó especial preocupación por la dilación estatal en el cumplimiento de los dictámenes proferidos sobre casos individuales. Manifestó su preocupación por el importante número de decisiones que no han sido implementadas, y le solicitó al Estado adoptar todas las medidas necesarias para aplicar los fallos pendientes de manera célere.
Así mismo, al Comité le preocupa la persistencia del conflicto armado y el recrudecimiento de la violencia en el territorio nacional ante la expansión de diferentes grupos armados no estatales y organizaciones criminales. Se refirió especialmente al estado de implementación de las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo; la tendencia al alza de masacres; los desplazamientos internos y confinamientos por disputas territoriales como consecuencia de los enfrentamientos armados entre grupos ilegales; las dificultades de acceso a la justicia en los territorios por ausencia de administración de justicia en dichas zonas; y al reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, la persistencia de prácticas irregulares de reclutamiento en el servicio militar, y la falta de garantía del derecho a la objeción de conciencia.
Al respecto, el Comité recomendó al Estado colombiano que continúe e intensifique sus esfuerzos para prevenir la comisión de violaciones de los derechos consagrados en el Pacto y hacer efectivos los derechos a la verdad, justicia y reparación integral de las víctimas del conflicto armado interno. Igualmente, hizo un llamado para que continúen los procesos de diálogo y/o negociación con los grupos armados no estatales y demás organizaciones armadas, para acordar medidas inmediatas tendientes a reducir la violencia y mitigar sus impactos.
A su vez, el Comité mostró preocupación por el alto índice de actos de discriminación y de violencia, y la persistente discriminación estructural e histórica de la que son víctimas los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes; la persistencia de la violencia sexual contra mujeres y niñas por parte de grupos armados no estatales y organizaciones criminales, y los obstáculos que enfrentan las víctimas para acceder a la protección, la justicia y la reparación integral; la penalización de la interrupción voluntaria del embarazo después de la semana 24 de gestación; y la participación efectiva en las decisiones por parte de las comunidades étnicas.
El Comité recomendó al Estado, entre otras cosas, redoblar sus esfuerzos para prevenir, combatir y erradicar la discriminación y la violencia, en particular por motivos de raza, origen étnico, estatus migratorio, religión u orientación sexual e identidad de género. Igualmente, le solicitó continuar esforzándose por darle fin a la violencia de género, asignando los recursos financieros, técnicos y humanos necesarios en materia de prevención, protección, sanción y reparación de actos de violencia contra las mujeres y niñas.
La situación de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas continúa siendo un aspecto de alarma para el Comité, preocupan los altos niveles de agresiones, homicidios, actividades ilegales de vigilancia y persistente impunidad. Ante esto el Comité recomendó al Estado adoptar e implementar una política nacional para la protección de personas defensoras de derechos humanos, en el marco del proceso nacional de garantías, con una amplia participación de la sociedad civil.
Finalmente, el Comité hizo un llamado ante la grave situación por la persistencia de prácticas y mecanismos que promueven la impunidad frente a la tortura y los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes, así como por los altos niveles de hacinamiento en los centros de privación de la libertad, en particular en los centros de detención transitoria. Recomendó, entre otras, liminar todas las barreras en la ley y en la práctica para que todas las denuncias de tortura y malos tratos se investiguen de forma rápida, imparcial, exhaustiva y eficaz. Igualmente, notó con preocupación las graves violaciones de los derechos humanos ocurridas en el marco del paro nacional de 2021 e hizo un llamado para que el Estado fortalezca las medidas para prevenir y eliminar todas las formas de uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes del orden.
Adicionalmente, y aunque el próximo examen a Colombia tardará varios años, el Comité pidió al Estado colombiano brindar información sobre el cumplimiento de tres recomendaciones en julio de 2026, por ser de particular gravedad. Se trata de aquellas relacionadas con la lucha contra la impunidad y violaciones de los derechos humanos en el contexto del conflicto armado; la eliminación del trabajo forzoso y la trata de personas; y la libertad de expresión y protección de personas defensoras de derechos humanos.
Las organizaciones de derechos humanos firmantes de este comunicado saludamos positivamente que el Comité haya leído con tanta claridad la complejidad de la situación de derechos civiles y políticos en nuestro país, y que sus recomendaciones hayan recogido las preocupaciones que expresamos en el informe que le presentamos, pues estas tienen el potencial de contribuir a mejorar la situación. Esperamos un decidido compromiso por parte de las autoridades colombianas para su adecuada implementación, que derive no sólo en la garantía de los derechos civiles y políticos de la sociedad colombiana, sino también que se constituya en una base firme para la paz.
Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia -ACOOC-, Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia, Coordinación Colombia Europa Estados Unidos -CCEEU-, Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo -CAJAR-, Colombia Diversa, Comisión Colombiana de Juristas -CCJ-, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Comité de Solidaridad con los Presos Políticos -CSPP-, Conferencia Nacional De Organizaciones Afrocolombianas -CNOA-, Corporación Jurídica Libertad, Corporación Jurídica Yira Castro, Fundación Karisma, Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP-, JUSTAPAZ, Liga internacional de mujeres por la paz y la libertad – Limpal Colombia, Misión de Observación Electoral –MOE-, Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado -MOVICE-, Organización Nacional Indígena de Colombia -ONIC-, Programa Somos Defensores y Women’s Link Worldwide.
