El más reciente informe anual de Global Witness, publicado en 2025, analiza la situación de las personas defensoras de derechos humanos en el mundo durante 2024. Raíces de Resistencia, documenta las luchas globales de las personas defensoras que protegen los derechos a la tierra y al medio ambiente, y evidencia que Colombia y otros países de América Latina son los territorios más peligrosos del mundo para ejercer el derecho a defender derechos. De acuerdo con el informe, un tercio de los ataques letales registrados a nivel mundial ocurrieron en Colombia, con al menos 48 personas defensoras asesinadas en 2024, principalmente campesinas, indígenas y afrodescendientes.
Aunque el informe muestra una disminución frente a años anteriores, el Programa Somos Defensores, advierte en el mismo documento, que esto no refleja una mejora real en las condiciones de seguridad, sino transformaciones en las dinámicas del conflicto armado interno, es por ello que insta al Estado colombiano a adoptar medidas urgentes y estructurales comenzando por la implementación integral del Acuerdo de Paz de 2016, en especial con lo concerniente a la reforma rural integral; la implementación del Acuerdo de Escazú; a cumplir de manera plena la sentencia SU-546 de 2023 de la Corte Constitucional, que declaró un Estado de Cosas Inconstitucionales por la persistente violencia y la omisión estatal en la protección de defensores y líderes sociales; a adoptar e implementar la política pública sobre personas defensoras de derechos humanos acordada con las organizaciones sociales; a transformar de forma urgente el modelo de protección de la Unidad Nacional de Protección; y, finalmente, a acoger junto con las autoridades locales las Alertas Tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, con el fin de prevenir la materialización de los riesgos advertidos.
El informe concluye con un llamado contundente: defender derechos humanos no puede seguir costando la vida. La protección de quienes defienden el territorio, el ambiente y los derechos fundamentales es una condición indispensable para la democracia, la paz y la sostenibilidad ambiental y reitera que, sin garantías reales para las personas defensoras, no es posible construir sociedades justas ni Estados de derecho sólidos.
In Colombia, the registry of attacks against defenders has enabled us to identify patterns, increases or decreases in this selective violence in different periods of time. Numerous sectors of civil society have made efforts to ensure that this information exists and that we avoid, for example, reducing our complex territorial realities to a number. Aggressions against human rights defenders, we reiterate, are not just numbers, they are violations of rights derived from risks that can be differentiated at the regional level and that could be avoided if the State were to guarantee the right to defend rights.
Under this critical view, the Somos Defensores Program (PSD) interprets the 727 aggressions that were directed against leaders and defenders during 2024. It is difficult to start from this data to state that there was a reduction, since there is no significant decrease – this being an observation that we make for the second consecutive year. On the contrary: if we break down this figure and know the stories of the victims, we find that fear has increased, as well as silence, and that both the armed conflict and the organized crime have been profoundly transformed, without the national government and other State institutions deploying preventive actions against the dangers arising from the dynamics that have been established.
El inicio del año 2025 estuvo marcado por una serie de crisis humanitarias en distintas regiones del país. Algo que alertó la Defensoría del Pueblo en el mes de febrero, cuando manifestó que, para esa fecha, estaban “activos al menos once focos de emergencia humanitaria, que afectan de manera desproporcionada a comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas, así como a niñas, niños y adolescentes”[1]. En ese entonces, dicha entidad aludió a la situación de las siguientes regiones y departamentos: Chocó, Nariño, Cauca, el Pacífico vallecaucano, Antioquia, la Sierra Nevada, Perijá, el Magdalena Medio, Arauca, Meta, Guaviare, el sur de Córdoba, Buenaventura, Tolima y Putumayo. Lugares que también presentan complejos escenarios de riesgo para quienes defienden derechos humanos, según lo ha documentado el Programa Somos Defensores en sus más recientes publicaciones.
Por su parte, el gobierno nacional ha persistido en implementar la política que denominó Paz Total, una decisión que le ha permitido establecer diálogos con estructuras armadas que operan principalmente a nivel territorial. Esta es una determinación que aún no da resultados concretos, a excepción de dos diálogos que avanzan en el departamento de Nariño.
De forma paralela, se han materializado los riesgos advertidos previamente en regiones como el Catatumbo, si se tiene en cuenta las más de 41 personas víctimas de asesinatos, las 25.011 que han vivido confinamientos y los 48.004 desplazados y desplazadas que han resultado afectadas por el enfrentamiento entre dos grupos armados ilegales[2]. En efecto, la disputa entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33, que es una disidencia de la otrora guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias-Ejército del Pueblo (FARC-EP), ha dado lugar lamentables hechos victimizantes.
[1] Ver Defensoría del Pueblo. 2025. Emergencias humanitarias en Colombia hoy. Disponible en: https://www.defensoria.gov.co/documents/20123/3085684/CRISIS+HUMANITARIA+ENERO+FEBRERO+2025.pdf/5d3cdcac-2859-fc24-5e89-03671a55cd46?t=1739798738522
[2] Ver UNHCR. 2025. Colombia. Emergencia humanitaria ¿Qué está pasando en el Catatumbo? Disponible en: https://data.unhcr.org/es/documents/details/115562
2025_05_19_Cristosal