Durante el primer semestre del 2020 las personas que ejercen liderazgo social en Colombia se enfrentaron a un doble riesgo derivado, por un lado, de las agresiones en su contra provenientes de una gran cantidad de actores que pusieron en peligro su integridad y sus vidas y, por el otro, de la pandemia ocasionada por el COVID-19 que puso mucho más en evidencia las deudas históricas que tiene el Estado con muchos territorios.
Entre julio y septiembre del 2020, el Programa Somos Defensores registró 184 agresiones contra personas defensoras de derechos humanos en Colombia. Se evidencia un panorama sostenido de violencia contra defensoras y defensores, que las estrictas medidas de aislamiento social en una parte del período no lograron evitar; por el contrario, las condiciones de vulnerabilidad para el ejercicio de la labor de las personas defensoras de derechos humanos se recrudecieron.
40 defensoras y defensores fueron asesinados en el tercer trimestre, lo que significa un incremento del 54% en comparación con el mismo período del 2019 (14 casos más). Esto quiere decir que entre enero y septiembre del 2020, en Colombia han sido asesinadas 135 defensoras y defensores, cifra que supera el total de asesinatos registrado durante todo el 2019, cuando confirmamos 124 casos.
Preocupa que a pesar de la gravedad de la situación el Estado no ha tomado medidas efectivas para controlar la violencia y el Gobierno persiste en negar su gravedad, lo que podría ocasionar que este año culmine con uno de los mayores registros de asesinatos.
