El más reciente informe anual de Global Witness, publicado en 2025, analiza la situación de las personas defensoras de derechos humanos en el mundo durante 2024. Raíces de Resistencia, documenta las luchas globales de las personas defensoras que protegen los derechos a la tierra y al medio ambiente, y evidencia que Colombia y otros países de América Latina son los territorios más peligrosos del mundo para ejercer el derecho a defender derechos. De acuerdo con el informe, un tercio de los ataques letales registrados a nivel mundial ocurrieron en Colombia, con al menos 48 personas defensoras asesinadas en 2024, principalmente campesinas, indígenas y afrodescendientes.
Aunque el informe muestra una disminución frente a años anteriores, el Programa Somos Defensores, advierte en el mismo documento, que esto no refleja una mejora real en las condiciones de seguridad, sino transformaciones en las dinámicas del conflicto armado interno, es por ello que insta al Estado colombiano a adoptar medidas urgentes y estructurales comenzando por la implementación integral del Acuerdo de Paz de 2016, en especial con lo concerniente a la reforma rural integral; la implementación del Acuerdo de Escazú; a cumplir de manera plena la sentencia SU-546 de 2023 de la Corte Constitucional, que declaró un Estado de Cosas Inconstitucionales por la persistente violencia y la omisión estatal en la protección de defensores y líderes sociales; a adoptar e implementar la política pública sobre personas defensoras de derechos humanos acordada con las organizaciones sociales; a transformar de forma urgente el modelo de protección de la Unidad Nacional de Protección; y, finalmente, a acoger junto con las autoridades locales las Alertas Tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, con el fin de prevenir la materialización de los riesgos advertidos.
El informe concluye con un llamado contundente: defender derechos humanos no puede seguir costando la vida. La protección de quienes defienden el territorio, el ambiente y los derechos fundamentales es una condición indispensable para la democracia, la paz y la sostenibilidad ambiental y reitera que, sin garantías reales para las personas defensoras, no es posible construir sociedades justas ni Estados de derecho sólidos.
