Organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación, la academia, instituciones estatales y organismos internacionales registran y denuncian las agresiones que se perpetúan contra las personas que defienden los derechos humanos y a los líderes y las lideresas sociales de Colombia. Se han publicado, además, numerosos y valiosos informes que exponen las causas de estas violencias, señalan la responsabilidad de diversos actores y recomiendan al Estado acciones para que los proteja.
Pese a ello, de acuerdo con los registros de Amnistía Internacional y Front Line Defenders, Colombia es el país más peligroso del mundo para quienes defienden los derechos humanos. Según el programa Somos Defensores, entre enero del 2018 y junio del 2022 asesinaron en el territorio colombiano a 716 personas que se dedicaban a esta labor.
En los últimos años, el registro y las denuncias de la violencia contra los líderes y las lideresas produjo una narrativa, especialmente en los medios de comunicación, en la que son retratados únicamente como víctimas. Una representación inevitable en el contexto de las agresiones que sufren, pero que deja en un segundo plano sus luchas. Conocemos el problema, pero como sociedad ignoramos en buena medida quiénes son los líderes y las lideresas sociales, cuáles son sus acciones cotidianas, qué los motiva, a qué personas, poblaciones o causas defienden y en qué contextos lo hacen.
No en vano, en el Informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos acerca de su visita a Colombia, publicado en el 2019, el funcionario de las Naciones Unidas Michel Forst señaló como una de sus principales preocupaciones el hecho de que en Colombia no haya un reconocimiento público positivo del papel que cumplen los defensores y las defensoras en la democracia.
Por el contrario, según el Relator Especial, ellos son deslegitimados y criminalizados por actores estatales, situación que favorece las agresiones contra esta población. Ante esta problemática, Hacemos Memoria, de la Universidad de Antioquia, y Somos Defensores se aliaron en el 2020 con la intención de trabajar juntos en un proyecto que ayudara a visibilizar las luchas de los líderes y las lideresas sociales, y sus acciones colectivas y habituales, con las que aportan a la protección de los derechos humanos de miles de colombianos y con las que intentan poner límites a poderosos sectores, legales e ilegales, que amenazan la dignidad de comunidades enteras.
Consideramos que los medios de comunicación y los periodistas, en su misión cotidiana de retratar la realidad del país, tienen retos importantes con respecto a la representación y la construcción de imaginarios sobre los líderes y las lideresas sociales de Colombia. Por eso, a finales del 2020, ofrecimos el curso “Colombia en transición: liderazgos sociales y construcción de paz”, en el que participaron treinta reporteros de distintas regiones del país.
Con periodistas que asistieron al proceso de formación emprendimos la tarea de contar historias sobre organizaciones que ejercen liderazgo social y defienden los derechos humanos. Como resultado de ese trabajo colectivo presentamos la colección editorial Defender, tres libros con veinticuatro relatos periodísticos sobre colectivos que ejercen algún tipo de liderazgo social en diversas zonas del país.
Defender los pueblos, el segundo libro de la colección, presenta ocho historias escritas por periodistas de distintos departamentos de Colombia, que describen los esfuerzos de colectivos que luchan por conservar las culturas de los pueblos étnicos y proteger las diversas expresiones de la vida en el país.
En Defender los pueblos el lector podrá conocer la experiencia de 120 firmantes de paz de las farc, que se reintegran a la vida civil en el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (etcr) de Anorí, donde han restablecido los vínculos sociales con otros habitantes del municipio mediante la ejecución de proyectos productivos; la historia de la Asociación para la Investigación y la Acción Social (Nomadesc), que protege los derechos humanos de la población desplazada del suroccidente de Colombia; la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca (Asom), una organización que salvaguarda los derechos de las comunidades negras en los municipios de Buenos Aires y Santander de Quilichao; la emisora Waishanyá, que divulga y protege las prácticas culturales y la lengua del pueblo indígena kamëntšá biya, en Putumayo; la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro (Asonalca), que defiende la soberanía alimentaria y la autonomía territorial de los campesinos en el oriente del país; la organización Femidiversas, que lucha para erradicar las violencias que se producen en contra de las mujeres y la población lgbtiq+, en Boyacá; la Corporación Jóvenes Creadores del Chocó, que a través de prácticas artísticas cuida la vida de los jóvenes de Quibdó; y el colectivo Mujeres Campesinas y el Arte de Hacer Paz, que persigue una paz feminista en las veredas del Líbano, Tolima.
Confiamos en que mostrar su labor y sus luchas ayude a que la sociedad reconozca el aporte invaluable que estas personas hacen a la democracia colombiana y, a la vez, contribuya a atenuar la estigmatización a la que son sometidas.
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