El relato de Luis Albeiro Gañán recorre algunas de las heridas que los actores armados dejaron en su pueblo, el territorio ancestral indígena de San Lorenzo, en Riosucio, Caldas. Asesinatos, desplazamientos, amenazas, desapariciones, un gobierno que los abandonó a su suerte. En el 2021, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dictó medidas cautelares en el territorio para hallar a los desaparecidos y avanzar en procesos de reparación.
Me siento a conversar con un hombre de rasgos indígenas y con la piel tostada por el sol. Sus manos son las de una persona de contextura fuerte. Se llama Luis Albeiro. Su apellido, como el de muchos por allí, es Gañán. En Riosucio, Caldas, son comunes los Tapasco, los Bueno, los Largo, y no necesariamente son familiares. Su voz me lleva por el pasado y el presente, por lugares distantes y cercanos, y siempre bajo la sombra del territorio indígena ancestral de San Lorenzo, aún herido.
Refiere que un sábado de 1999, a las seis y media de la tarde, la comunidad indígena de Pasmí, emberá chamí, sintió que la habían matado dos veces. Encerrados en la escuela, los habitantes escucharon los primeros disparos. Segundos después oyeron otras detonaciones. Cuando los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia —FARC— les ordenaron que salieran del centro educativo, corroboraron las sospechas: los guerrilleros mataron a Reynaldo y a Aldemar Gañán Salazar. Los cuerpos quedaron distanciados por 50 metros y entre sus muertes hubo cerca de 50 segundos.
Es miércoles y San Lorenzo destella escenas de su cotidianidad. Los estudiantes del colegio están en clase, los camperos llegan de la zona rural, los comerciantes reciben a sus clientes, un grupo de jóvenes parqueados en moto conversan en una esquina donde funciona un taller de mecánica. Parece la vida de un pueblo que respira paz. Las voces de esta historia, sin embargo, dan cuenta de un pasado distinto, insisten en que es necesario abrir las páginas de dolor, también de dignidad en medio de la guerra, en busca de la reparación.
Luis Albeiro Gañán Salazar y sus dos hermanos eran tenderos reconocidos en la comunidad indígena Pasmí, caserío ubicado a tres kilómetros del centro poblado de San Lorenzo. Las casitas están rodeadas de cañaduzales, cafetales y cerros que son sagrados para el pueblo emberá chamí. Luis Albeiro se acomoda en su silla:
—¿Qué quieren saber para yo saber cómo les empiezo a contar? —pregunta; es una interpelación previa porque la historia del asesinato de sus allegados, su desarraigo y su estigmatización no está oculta, y la forma en que la narra interfiere en la jerarquía que les da a los hechos de dolor.
—Por donde usted quiera —respondo.
—Yo daría fe de lo que he vivido —complementa Luis Albeiro y comienza una narración que dimensiona las violencias que se perpetraron contra el pueblo emberá chamí y que le dejaron heridas que hoy intenta curar.
La tienda de Luis Albeiro, tras dos reconstrucciones, quedó convertida en la casa familiar. Su hogar sufrió el paso de todas las violencias armadas. De esas atrocidades tiene recuerdos frescos, que de tanto repetir los puede transmitir de manera cronológica y exacta.
Como dijo José Jairo Tapasco, gobernador del Resguardo Indígena de San Lorenzo, en la audiencia de la Jurisdicción Indígena para la Paz —JEP— del 16 y el 17 de julio del 2021, el pueblo emberá chamí fue una de las comunidades caldenses que más sufrió los embates de los actores del conflicto armado, quienes entre 1985 y el 2005 perpetraron desapariciones, reclutamientos y masacres. “Por eso hemos reclamado que haya justicia. No se han saneado esas heridas”, comentó. Lo puso en cifras: de las 400 desapariciones reportadas en Riosucio hasta el 2021, 125 ocurrieron en San Lorenzo.
Sobre sus tiempos como tendero, Luis Albeiro dice: “Esto nació a raíz de que han entrado todos los grupos armados, sobre todo guerrilla”. Resume como si se tratase de una clase de historia local: “Primero pasó el M-19, no mucho, por allá en los años setenta. Luego la guerrilla del Ejército Popular de Liberación (EPL) en el 83 y el 84, inclusive reclutó a compañeros…”. Hace una pausa para asegurar que cada vez las cosas se ponían peor: “Me empezaron a llegar mensajes anónimos, según eso eran amenazas del ejército. Me ha gustado vender parva, gaseosa, granos. Me iba a surtir a Riosucio y decían que yo le traía comida al EPL”.
Un relato similar tiene Arbey Gañán, el consejero de derechos humanos del Consejo Regional Indígena de Caldas —Cridec—, quien contó durante la primera audiencia de la JEP en el territorio, el 16 de julio del 2021, que “guerrilleros y paramilitares entraron a la zona por ser estratégica para sus desplazamientos y montañosa para el cultivo ilícito (plantaciones de coca). Los grupos armados de derecha e izquierda transitaron por aquí dejando un sinnúmero de víctimas indígenas”.
Acompaño a Luis Albeiro a Pasmí. Él se recuesta en un árbol, rodeado de hojarasca, en busca de sombra. Cuatro gallinas coloradas y una blanca escarban, buscan lombrices. “No puede decir uno que fue el gobierno, pero me hicieron desplazar. Me fui un domingo de 1986. Al martes me llamaron que habían ido a allanar mi casa, que porque yo tenía armamento. No encontraron nada”, dice Luis Albeiro, quien retoma su relato del conflicto armado en San Lorenzo.
Luis Albeiro volvió a su tierra en 1996, y resume sobre su retorno: “Uno es de donde es”. La casa donde funcionaba su tienda en Pasmí quedó abandonada tras su éxodo. Cuando regresó en 1996 pudo repararla con unos recursos. No obstante, el territorio todavía era violentado por los actores armados del conflicto: amenazas, desplazamientos, reclutamientos, panfletos con ultimátum, tomas y masacres seguían perpetrándose.
Luis Albeiro recuerda los hechos de 1999, cuando mataron a sus dos hermanos, y cuenta los presuntos motivos por los que los acribillaron. A Reynaldo, porque era colaborador del ejército; él viajaba a Manizales a consultas médicas, pero la guerrilla decía que en realidad iba a la ciudad para entregar información en un batallón del ejército. Y a Aldemar, porque intentó defender a su hermano mayor. “Eso nos dijo la guerrilla cuando nos reunió afuera de la escuela, cerca de los cadáveres”.
Esas muertes marcaron el segundo desplazamiento forzado de Luis Albeiro. En el primero lo señalaron de colaborar del EPL. En el 2000 la guerrilla lo obligó a irse de Pasmí porque, según ellos, así como su hermano Reynaldo, era informante del ejército. “Me fui para Armenia, inclusive allí me cogió el terremoto del Eje Cafetero. Uno en el éxodo sufre mucho, porque uno no puede venir, y más con hijos pequeños; yo tenía tres”.
Luis Albeiro respira profundo y reflexiona sobre una realidad que va de la mano con el drama de los indígenas y de miles de campesinos colombianos. “Éramos humildes, uno no dice que pobre porque hay gente en condiciones peores, pero no había plata”. A su memoria llega el martes en que dejó por segunda vez su tierra, aconsejado por su familia y por vecinos que ya olfateaban la tragedia. En la tarde del lunes vieron a dos guerrilleros rondando la casa. Al día siguiente de su partida mataron a su tío, quien también estaba amenazado.
Luis Albeiro camina por un jardín y llega a la huerta casera. En medio de cultivos de plátano, yuca, café y hortalizas saca frases que aportan nuevos contextos de este San Lorenzo. “Por acá también estuvieron los paras, no asentados, pero estuvieron”. Desde el 2010, en su segundo retorno a Pasmí, ha escuchado que los pobladores del territorio que sufrieron por los desplazamientos, las desapariciones, las amenazas y los asesinatos deben ser reconocidos como víctimas del conflicto armado. Es una opinión a la que se adhiere.
Sus palabras son respaldadas por el gobernador José Jairo Tapasco: “Desde hace tiempo hemos querido que las víctimas del conflicto sean reparadas por parte del Estado”. La razón la redondea Arbey, de derechos humanos del Cridec: “Es un conflicto que no nos ha dejado avanzar en el desarrollo étnico, político, cultural y espiritual”.
Luis Albeiro se sienta en su casa en Pasmí, en un corredor adornado por geranios. Reposa y echa otra mirada atrás, al pasado difícil. “Hubo un momento de tanta intimidación que a los viejos les decían que si votaban por Uribe los mataban o los reclutaban también, que así no combatieran los ponían de rancheros (cocineros)”.
La guerra se degradó tanto que los indígenas no podían salir ni a la esquina: “nuestras reuniones comunitarias y nuestros bailes en los kioscos quedaron prohibidos. Las FARC hacían lo que querían, de la tienda se me llevaban los enlatados, gaseosas. Y nos decían: ‘Ustedes por aquí no han visto nada’. Uno quedaba aterrado, pues decíamos: ‘Si el gobierno no es capaz con sus armas, menos nosotros solos e indefensos’”.
Sanear el territorio
El centro forense integral Équitas, que lleva 17 años al servicio de la investigación sobre la violación de derechos humanos, consolidó un listado de 125 personas desparecidas en San Lorenzo, incluidas dentro de las 7246 de Caldas y las 482 de Riosucio.
Diana Arango, la directora ejecutiva de Équitas, expuso en la audiencia de la JEP del 16 de julio las características del fenómeno: 119, de las 125, siguen desaparecidas; 91 están sin clasificar; 26 fueron forzadas y 2 corresponden a reclutamientos ilícitos. El 25 % de las desapariciones en San Lorenzo ocurrieron entre el 2000 y el 2009; y el 15 %, entre 1980 y 1989, es decir, en la época de los acontecimientos relatados por Luis Albeiro y las autoridades del resguardo. Llamó la atención en un aspecto fundamental, relacionado con lo que califica como altos niveles de impunidad: “Tanto para el departamento de Caldas, como para los municipios no se identifica en más del 70 % el perpetrador de los hechos”.
En la salida de San Lorenzo está el cementerio. Líderes indígenas le informaron a Équitas sobre cuerpos inhumados de personas no identificadas, principalmente en hechos que ocurrieron en los periodos de violencia que limitaron e impidieron los procedimientos técnicos de criminalística y los análisis médico-legales pertinentes.
Estos horrores de las amenazas, los reclutamientos, las desapariciones, las tomas, las detenciones ilegales, las masacres, la violencia política y la estigmatización han estado y están en la memoria de la lucha colectiva y eterna de San Lorenzo: una violencia sistemática que, según la medicina tradicional emberá, ha enfermado la dana eoro (madre tierra).
Con plantas de ruda, altamisa, salvia y rituales el médico Alexander Largo trata de sanear el territorio donde se encuentran los espíritus de 125 cuerpos, aunque podrían ser más. Claman por una ceremonia que les permita trascender a una dimensión no terrenal.
