SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE AGRESIONES CONTRA DEFENSORAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA SIADDHH
El primer semestre del año 2020 en Colombia trascurrió entre el desconcierto y la incertidumbre debido a varias situaciones: el virus de la violencia, la pandemia del COVID19 y el acecho a la institucionalidad democrática que se mostró de manera más clara y evidente durante este período y los meses siguientes.
Las tres situaciones convergen en un elemento común que es la vulnerabilidad bajo la cual los liderazgos sociales realizan su labor, lo que pudo constatarse durante el semestre por un aumento en los riesgos que enfrentan. Las medidas de aislamiento social impuestas para hacer frente a la pandemia y que rigieron de manera estricta durante la mitad del semestre, no impidieron que se ejecutaran acciones violentas que atentaron contra la vida de los liderazgos sociales. En este lapso los asesinatos en su contra aumentaron en la alarmante cifra de un 61% en comparación con el mismo periodo del año anterior, de los cuales el 48% del total se produjeron en etapa de confinamiento. Atentados y desapariciones forzadas también registraron un significativo aumento, al igual que las agresiones que atentan contra la libertad, como detenciones arbitrarias y judicializaciones.
En ese marco, la intranquilidad que genera el observar cómo la situación de violencia contra los liderazgos sociales continúa agravándose a la par del aumento de las violaciones a los derechos humanos como masacres, desplazamientos, perfilamientos, violencia policial, hacen inevitable volcar la mirada a un pasado reciente muy oscuro que se repite, no porque el Gobierno que lidera el presidente Iván Duque carezca de un rumbo definido sino, por el contrario, porque su rumbo se enmarca en el ideario político-ideológico de su mentor.
El informe semestral que hemos titulado El Virus de la Violencia pretende aportar elementos de análisis sobre las agresiones a las personas que defienden los derechos humanos, a partir de la confluencia durante el periodo de las tres situaciones anteriormente mencionadas.
El informe inicia con una pequeña reseña en memoria de las 95 personas asesinadas durante el primer semestre del 2020, que busca hacer un reconocimiento a las luchas de estos liderazgos sociales. Esta breve descripción permite dar cuenta de algunos elementos que bien vale la pena subrayar: varios de los casos se produjeron en el lugar de residencia o en cercanías de la misma, en algunos de ellos se produjo un desplazamiento de población posterior al asesinato, se registran varias situaciones que relacionan a la víctima vinculada a procesos de sustitución voluntaria de cultivos considerados de uso ilícito y tres casos pueden ser tipificados como feminicidios.
El primer capítulo titulado Taparse de la boca, sitúa la reflexión del contexto en distintos aspectos relacionados con el incremento de la militarización en los territorios, incluida la presencia de tropas norteamericanas y las implicaciones de las medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia del COVID19 para las libertades y la institucionalidad democrática.
El segundo capítulo denominado Lavarse bien las manos, hace referencia a los grandes pendientes que tiene el Gobierno Nacional con los liderazgos sociales y las comunidades, con miras a brindar las debidas garantías para el ejercicio de los derechos humanos. El capítulo ofrece un recorrido en torno a lo dicho y hecho por parte del Gobierno durante el semestre sobre el tema, con especial énfasis en algunas acciones que atentan contra la memoria de las víctimas, el entrampamiento a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad CNGS, el CONPES en su laberinto, la obsolescencia del modelo de protección individual en cabeza de la Unidad Nacional de Protección UNP y los escasos resultados de los órganos de investigación y control como Fiscalía y Procuraduría.
En el tercer capítulo se busca reconocer todo el repertorio de acciones llevadas a cabo tanto por actores de la comunidad internacional como por la sociedad civil, orientadas a dar visibilidad a la gravedad de la situación, reconocer la importancia de los liderazgos y exigir el cumplimiento de las obligaciones que le competen al Estado en general y al Gobierno en particular, con miras a proporcionar garantías para el ejercicio de la labor de defensa de los derechos huma nos; esa es la razón del título de este capítulo: Levantar la voz para recuperar oxígeno.
El cuarto capítulo da cuenta del análisis de información realizado por el Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos SIADDHH del Programa; datos que permiten mostrar la gravedad de la situación de violencia, la imposibilidad cada vez mayor para identificar los presuntos responsables, las tendencias que se mantienen en cuanto agresiones por tipo de liderazgo y ubicación territorial y hacia las lideresas sociales. Es importante subrayar el esfuerzo hecho por Sistema de Información para confirmar los datos incluidos en el informe, debido a los obstáculos derivados de las medidas de aislamiento, que hacen necesario advertir que las cifras de las agresiones durante el periodo analizado presentan un subregistro más alto del habitual, que es preciso reconocer y tomar en cuenta.
Finalmente, el informe llama la atención sobre algunos puntos que considera importantes mantener en la retina a manera de conclusiones.
No es posible cerrar esta presentación sin expresar el profundo agradecimiento de todo el equipo del Programa Somos Defensores a todas las personas y organizaciones que han creído en nuestro trabajo y aportado su granito de arena para la realización de este informe semestral, especialmente el Centro de Investigación y Educación Popular –CINEP–, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos –CCEEU–, la Defensoría del Pueblo, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia –OACNUDH–, el Observatorio Sur-colombiano de Derechos Humanos y Violencia –OBSURDH–,Colombia Diversa, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca –ACIN–, el Consejo Regional Indígena del Cauca –CRIC–, la Fundación Territorios por Vida Digna, la Fundación Sumapaz, la Fundación Cordobexia y el Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta. Además, hacemos un reconocimiento a la Real Embajada de Noruega en Colombia por su constante apoyo político y financiero, y a las agencias de cooperación internacional DIAKONIA Suecia, MISEREOR Alemania, Amnistía Internacional y Pan Para el Mundo; su apoyo es fundamental para avanzar en nuestro trabajo con las personas defensoras de derechos humanos en Colombia.
