Recientemente, plataformas de derechos humanos y organizaciones entre las que se encuentra el Programa Somos Defensores, fueron citadas por el Gobierno Nacional y un grupo de congresistas para construir un plan de emergencia para dar garantías a las vidas de personas defensoras de DDHH, liderazgos sociales y firmantes del Acuerdo de Paz.
Los principios del plan se centran en:
Acciones de prevención y protección inmediata.
Activación de instrumentos previstos en materia de seguridad por el Acuerdo de Paz.
Priorización territorial como respuesta a contextos de alto riesgo.
Activación de escenarios de interlocución, concertación y participación de las organizaciones sociales, representantes de pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas.
¿Qué busca el plan?
Garantizar la inclusión y efectiva materialización de los enfoques de género, territorial, étnico, etario, entre otros.
Garantizar la participación efectiva de las personas delegadas de las distintas organizaciones sociales, étnicas y de derechos humanos.
Implementar medidas a corto plazo a desarrollar en los primeros 100 días después de la instalación de los Puestos de Mando Unificado. Estos espacios son de carácter transitorio, reúnen a toda la institucionalidad y buscan dar respuestas efectivas a las situaciones de riesgo particulares en las zonas priorizadas que son en total 14 departamentos, 69 municipios y 3 capitales.
Implementar medidas a mediano plazo, que empezarán a desarrollarse desde el año 2023. Dentro de estas medidas se encuentra la activación de un espacio de confluencia y de las mesas territoriales que avanzarán en su papel de concertación de la Política Pública Integral de Garantías.
Además, la reactivación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que continuará su objetivo de diseño de la Política Pública de desmantelamiento de organizaciones criminales.
Este plan es una apuesta por la vida, para tratar de ofrecer las garantías que durante años se ha demandado desde los territorios.