04 de noviembre de 2025
Las organizaciones, movimientos y procesos de defensa de derechos humanos de Brasil, Paraguay, Venezuela, Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala y México, así como las organizaciones internacionales Front Line Defenders, Swefor, Global Witness, Civil Right Defenders, ANSUR, Misereor, Mundubat, Amnistía Internacional y Protección Internacional Mesoamérica, reunidos en el Encuentro por el Derecho a Defender Derechos Humanos en América Latina, denunciamos el grave contexto de violencia que enfrentan las personas y comunidades defensoras de derechos humanos y el medio ambiente en la región latinoamericana.
Las personas defensoras de derechos humanos actuamos de manera individual y colectiva para promover, proteger, acompañar y exigir la garantía de los derechos humanos en poblaciones que son vulneradas. Es así que somos un pilar para el fortalecimiento de la sociedad democrática.
De acuerdo con los informes más recientes de Front Line Defenders, Global Witness y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), América Latina continúa siendo la región más peligrosa del mundo con al menos 257 personas defensoras de derechos humanos asesinadas y desaparecidas en 2024, de las cuales 119 son del medio ambiente, lo que representan el 79.3% de asesinatos y desaparición a nivel global. Los patrones y acciones sistemáticas de criminalización, impunidad, cooptación institucional, estigmatización y represión a la protesta social son crisis preocupantes en Latinoamérica.
Alertamos ante el incremento de violencias y amenazas contra personas defensoras de derechos humanos en la región, tales como asesinatos, violencia de género, el espionaje digital y la desaparición forzada se han convertido en prácticas para silenciar las voces que denuncian injusticias, exigen verdad y derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales. Con un riesgo diferenciado especialmente contra mujeres, campesinas, indígenas, afrodescendientes, garífunas y personas LGBTIQ+.
Como resaltan los informes mencionados, en la mayoría de los casos, los principales responsables son agentes del Estado, integrantes del crimen organizado, empresas y particulares que actúan en complicidad o bajo la omisión de las autoridades. A ello se suman redes político-económicas ilegales que operan como victimarios, consolidando estructuras de poder que amenazan la vida y el trabajo de quienes defienden la tierra, el agua, los bosques, el medio ambiente, los derechos colectivos, los derechos laborales, sexuales y reproductivos, la memoria, así como la libertad de expresión y asociación, y la justicia social frente a un sistema estructuralmente racista, colonial y excluyente.
Preocupa gravemente la estigmatización contra personas defensoras, como estrategia sistemática para deslegitimar su labor. Esta situación se agrava por el debilitamiento del Estado de derecho, las vigilancias ilegales y la falta de independencia judicial. Además, denunciamos el cierre de espacios públicos para la participación, la promulgación de leyes anti-ONG, otros mecanismos normativos que persiguen a las personas defensoras en toda la región y que limitan la cooperación internacional.
Por eso condenamos el patrón generalizado de retroceso en la garantía de derechos, al régimen democrático y al orden constitucional en la región. Son evidencia de ello: la instrumentalización de la figura de estado de excepción, la imposición de agendas extractivistas, el abuso de las fuerzas públicas de seguridad para reprimir la protesta social y militarización de los territorios, la persecución y la violencia transnacional en contra de personas defensoras. Esto en el marco de una política exterior actual de Estados Unidos abiertamente militarista.
Ante este panorama, hacemos un llamado urgente a los Estados a cumplir con la normatividad internacional en materia de derechos humanos, respetar y garantizar la labor de las personas y colectivos que defienden derechos, incluido el Acuerdo de Escazú, y a abstenerse de promulgar normativas regresivas.
Exhortamos a la solidaridad regional e internacional y a la cooperación para mantener y ampliar el respaldo político, social y económico a quienes defienden los derechos humanos. Defender derechos no es un delito, sino un acto legítimo y esencial para la democracia, la justicia y la dignidad.
Defender derechos es defender la vida.
La solidaridad es nuestra mayor protección
Organizaciones, redes y plataformas participantes
- Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos – Ecuador
- Amnistía Internacional
- Ansur – Colombia
- Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – Argentina
- Asociación Comunidades Construyendo Paz en Colombia (CONPAZCOL) – Colombia
- Asociación de Abogadas y Abogados, Jueces y Fiscales de Derechos Humanos de Latinoamérica y el Caribe (AJUFIDH)
- Asociación de Comités Ecológicos del Sur de Honduras (ACESH) – Honduras
- Asociación Indígena del Norte del Cauca (ACIN) – Colombia
- Asociación Minga – Colombia
- Asociación Unidos por la Vida (ASUVI) – Guatemala
- Caribe Afirmativo – Colombia
- Casa Xitla / Lejil Kuxlejal – México
- Centro de Documentación e Información Bolivia CEDIB – Bolivia
- CEHPRODEC – Honduras
- Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas – México
- Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC) – Honduras
- Centro Intercultural de Derechos y Justicia “Kapak” – Ecuador
- Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) – México
- Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) – Venezuela
- Ciudadanía Inteligente – América Latina
- Defensores de los Derechos Civiles – Colombia
- Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) – Ecuador
- Comité Brasileño de Defensores de los Derechos Humanos (CBDDH) – Brasil
- Conpazcol – Colombia
- Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – Ecuador
- Coordinadora Nacional en Defensa de Territorios Indígena Originario Campesinos y Áreas Protegidas – CONTIOCAP – Bolivia
- Coordinación Colombia, Europa y Estados Unidos (CCEEU) – Colombia
- Coordinación Social Política Marcha Patriótica – Colombia
- Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) – Paraguay
- Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – Perú
- Coordinadora Nacional de Inmigrantes – Chile
- Corporación Alianza Migrante – Ecuador
- Corporación Claretiana – Colombia
- CRPC – Colombia
- Departamento Ecuménico de Investigación (DEI) – Costa Rica
- Enraizar Comunidad – Chile
- Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas – México
- Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe
- Fondo Noruego para los Derechos Humanos
- Defensores de primera línea – Internacional
- Fundación Acceso – El Salvador
- Fundación Escazú – Chile
- Fundación Ciudadanía Inteligente
- Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) – Ecuador
- Testigo Global
- Karina Riquelme Viveros Defensoría de Derechos Humanos – Chile
- Justicia Global – Brasil
- MIREDES Internacional
- Misereor
- Movimiento Nacional de Direitos Humanos (MNDH) – Brasil
- Mundo – Colombia
- Pervivencia – Colombia
- Proceso de Comunidades Negras en Colombia (PCN) – Instancia Regional Palenque Kurrulao Tumaco – Colombia
- Programa Somos Defensores – Colombia
- Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (PROVEA) – Venezuela
- Proyecto Socioambiental Dulcepamba – Ecuador
- Protection International Mesoamérica – Centroamérica
- Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos – Honduras
- Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT) – México
- Serpaj – PY – Paraguay
- Sociedad de Derechos Humanos de Maranhão – Brasil
- Swefor – Programa Servicio de Paz
- Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA) – Guatemala
- Coorporación Sisma Mujer – Colombia
