El Programa Somos Defensores presenta su Boletín Trimestral del Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos (SIADDHH), correspondiente al periodo julio–septiembre de 2025, en el cual documentamos 154 agresiones contra 145 personas defensoras, lo que equivale a 1,67 agresiones por día. De igual manera nuestro SIADDHH pudo verificar que: entre enero y septiembre de 2025, se han registrado 112 asesinatos. Si se compara con los primeros nueve meses de 2024, se observa un preocupante incremento del 10% (10 hechos más). Se prevé que 2025, superará los dos años anteriores en cuanto a las agresiones contra quienes defienden derechos en Colombia. Mientras el gobierno nacional y diferentes actores armados hablan de paz, las personas defensoras siguen siendo perseguidas, silenciadas y asesinadas.
La violencia letal en contra de las personas defensoras no se detiene.
Durante el periodo analizado fueron asesinadas 34 personas defensoras. Estos crímenes no son hechos aislados, ocurren de manera sistemática en contextos de conflictividad armada, disputas territoriales y de control social, particularmente en departamentos como Cauca, Guaviare y Valle del Cauca, los cuales están atravesados por constantes enfrentamientos armados y crisis humanitarias profundas. En al menos 10 casos de asesinato, hubo desaparición forzada previa, 8 casos se realizaron en medio de masacre y en 8 se registraron secuestros antes del asesinato. Ninguna de las víctimas contaba con medidas de protección, lo que evidencia fallas graves y sistemáticas del Estado en su deber de prevención y protección
Las personas defensoras indígenas, comunitarias, comunales, campesino, activista de ddhh, juveniles, sindicales, de víctimas y LGBTIQ+ continúan siendo blanco prioritario de la violencia. En particular, el incremento de agresiones contra liderazgos indígenas y juveniles refleja una estrategia de desarticulación del tejido organizativo y del relevo generacional en los territorios. Las mujeres defensoras, aunque registran menos agresiones en términos cuantitativos, siguen enfrentando violencias múltiples y diferenciadas, sin que existan respuestas integrales y eficaces por parte del Estado.
Aumentan las agresiones por parte de los grupos posacuerdo de paz
El análisis del SIADDHH muestra que el 45 % de las agresiones fueron atribuidas a grupos postacuerdo de paz, lo que confirma su consolidación territorial y su accionar violento contra liderazgos. No obstante, también resulta preocupante la persistencia de altos niveles de impunidad, la existencia de patrones de ocultamiento de los responsables y la presunta participación de agentes del Estado en varios hechos, incluidos asesinatos, lo cual compromete gravemente las obligaciones internacionales del Estado colombiano.
Si bien las cifras de este boletín muestran una reducción del 25 % frente al mismo periodo de 2024, desde el Programa Somos Defensores, advertimos a la comunidad nacional e internacional que esta disminución no puede interpretarse como una mejora en las garantías. Por el contrario, nuestro informe advierte que esta baja, responde en gran medida al silenciamiento forzado de personas defensoras que, ante el riesgo extremo, han optado por no denunciar públicamente ni ante las autoridades. Esta realidad, sumada al subregistro estructural, impide dimensionar plenamente la magnitud de la violencia en contra de las personas defensoras en varios territorios del país.
A pesar de este panorama, las personas defensoras de derechos humanos siguen cuidando territorios, protegiendo comunidades, defendiendo la democracia y denunciando injusticias, muchas veces en soledad y bajo amenaza constante. Su labor es esencial para la paz, la justicia social y la vigencia de los derechos fundamentales en Colombia.
Llamados y exigencias
Reiteramos que la defensa de los derechos humanos en Colombia sigue siendo una labor de alto riesgo, y que el Estado no ha cumplido cabalmente con su deber de prevenir, proteger, investigar y sancionar las violaciones cometidas contra quienes ejercen esta labor fundamental.
Por ello, exhortamos al Estado colombiano, para que adopte medidas estructurales y verificables que garanticen la vida y la integridad de las personas defensoras, fortalezca de manera efectiva la Mesa Nacional de Garantías, asegure presencia institucional con capacidad de decisión en los territorios y abandone los enfoques reactivos y fragmentados y avance hacia un sistema de prevención y protección integral.
De igual manera exigimos a la Fiscalía General de la Nación, que priorice las investigaciones sobre agresiones contra personas defensoras, identifique a los responsables materiales e intelectuales y combata de manera decidida la impunidad. Así mismo la justicia debe investiga con celeridad los casos en los que puedan estar implicados agentes estatales.
Demandamos de la Fuerza Pública, que actúe conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.
Proteger a quienes defienden derechos humanos es una obligación jurídica internacional y una condición mínima para la vigencia del Estado de derecho en Colombia. Alzamos la voz para decir, que sin personas defensoras no hay democracia, no hay paz sostenible y no hay garantías para la sociedad en su conjunto.
