Dispositivos de política pública en favor de las personas defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales
El informe Garantías para el cambio: dispositivos de política pública en favor de las personas defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales, elaborado gracias a un trabajo conjunto entre el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) y el Programa Somos Defensores (PSD) tiene como propósito presentar de manera sintética las principales falencias en la implementación de mecanismos que se consideran pilares en la construcción de una política pública de garantías para el ejercicio de la labor de defensa de los derechos humanos y que fueron consagrados en el Acuerdo de Paz, junto con algunas recomendaciones de largo alcance al Gobierno entrante de Gustavo Petro y Francia Márquez que se consideran fundamentales para encauzar el rumbo de su implementación, avanzar en la superación de las violencias que enfrentan las personas defensoras y liderazgos sociales y la configuración de una política pública de garantías para el ejercicio de la labor de defensa de los derechos humanos.
El informe está dividido en cinco capítulos referidos a cada uno de estos mecanismos así: Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), Sistema de Prevención y Alerta para la Reacción Rápida (SPARR), Unidad Especial de Investigación (UEI) y Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de DD. HH. (PIGMLD), la cual, aunque no se desprende del Acuerdo directamente, es un referente fundamental en materia de política pública de garantías para personas defensoras y liderazgos sociales. En efecto, cada uno de estos instrumentos contribuye a avanzar en la configuración de tal política desde un enfoque de derechos humanos que incorpore acciones en materia de prevención, protección, investigación y garantías de no repetición.
El primer capítulo está dedicado a la CNGS y se realiza una revisión al camino de obstáculos por el que tuvo que transitar durante el Gobierno de Iván Duque y que no le han permitido el cumplimiento de su objetivo en cuanto al desmantelamiento de las organizaciones criminales.
El segundo capítulo hace un recorrido al funcionamiento del Sistema de Prevención y Alerta para la Reacción Rápida (SPARR), poniendo el acento en la falta de una debida diligencia en la respuesta rápida que debe darse a los riesgos identificados por parte de la Defensoría del Pueblo en sus alertas y que le corresponde a la Comisión Intersectorial de Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT) coordinada por el Ministerio del Interior.
En el tercer capítulo se mencionan las dificultades a las que se enfrenta el Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios, no solamente por la forma descoordinada de su implementación, sino también por la falta de criterios de priorización y de ejecución efectiva.
El cuarto capítulo aborda el distorsionamiento que de entrada sufrió la Unidad Especial de investigaciones en relación con lo establecido en el Acuerdo Final de Paz y menciona una serie de acciones que han conllevado a que, pese al tiempo trascurrido, no haya producido los resultados esperados en materia de su contribución investigativa al desmantelamiento de los complejos entramados que hacen parte de las organizaciones criminales.
El quinto capítulo busca mostrar algunos aspectos relacionados con la deficiente implementación del Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras (PIGMLD), pese a considerarse su expedición como un precedente importante en relación al diseño de políticas públicas de garantías para personas defensoras y liderazgos sociales.
El informe concluye con una serie de recomendaciones que esperamos aporten significativamente al Gobierno entrante en el diseño de una política pública de garantías para las personas defensoras y liderazgos sociales que permita avanzar en la superación de los riesgos que enfrentan cotidianamente, erradicando las dinámicas de violencia generalizada y sistemática que históricamente han enfrentado.
Finalmente, queremos agradecer a la Real Embajada de Noruega y Diakonia que nos ha posibilitado la publicación de este informe y a todos y todas los que aportaron a su concreción en un tiempo récord (incluidos los comentarios al capítulo sobre Sistema de Alertas de Camilo Villa) a partir de la motivación de proporcionar valiosos insumos al Gobierno en sus primeros cien días.
