En 2025 mataron a 39 personas por defender la tierra, el agua, la naturaleza y su territorio en Colombia. Lo dice el nuevo informe de Global Witness y esta es la lectura que damos del informe desde el Programa Somos Defensores en el caso Colombia.
39 personas defensoras asesinadas en Colombia durante 2025. Así lo confirma el nuevo informe de Global Witness, que realiza análisis de la situación de las personas defensoras de la tierra y el territorio en todo el mundo. Y otra vez —como lleva pasando año tras año— Colombia es el país más peligroso del planeta para hacer este trabajo. De los 124 casos que Global Witness documentó en todo el mundo, casi un tercio ocurrió en colomobia. Le siguen Brasil, con 26 asesinatos, y Filipinas y Honduras, con 12 cada uno. La cifra bajó frente a los 48 asesinatos del año anterior.
Bajar no es lo mismo que mejorar
Que bajen los asesinatos es bueno: salvar una vida siempre importa. Durante 2025 muchas personas defensoras tuvieron que dejar su liderazgo, alejarse de su comunidad, bajar la voz… para no terminar muertas. No las mataron, pero las obligaron a desaparecer de otra forma. Y no es lo único: cuando bajan los asesinatos, suben las amenazas, las campañas de desprestigio, la violencia digital y la criminalización. En Colombia, mientras los homicidios bajan, los atentados, las desapariciones forzadas y los secuestros suben. De eso casi nadie habla.
Que bajen los asesinatos no significa que las condiciones para defender derechos en Colombia hayan mejorado.
Esto tampoco es solo cosa de Colombia: el informe de Global Witness lo sitúa dentro de un cierre más amplio del espacio cívico en toda América Latina. Aquí, ese cierre tiene nombre propio —la tierra, el territorio, el ambiente—, y golpea sobre todo a los liderazgos de Cauca, Nariño y Putumayo, que se enfrentan al reclutamiento forzado, al narcotráfico, a los megaproyectos y a la minería, legal e ilegal. No es solo un problema de grupos armados: es también la ausencia de un Estado que proteja a quien defiende derechos y que investigue y castigue a quien los ataca.
Actores armados, militarización y liderazgos expuestos
Después del acuerdo de paz, distintos actores armados se instalaron en estos territorios —el caso de El Plateado lo demuestra— y presionaron a las organizaciones sociales. No es solo por la droga: las autoridades étnicas buscan recuperar su territorio y vivir su autonomía, y chocan de frente con actores que quieren imponer su propio orden. Las guardias indígenas son quienes cuidan a sus comunidades frente a esa amenaza, y muchas veces son quienes pierden: el actor armado se impone a la fuerza y mata también a las autoridades ancestrales y espirituales.
Las operaciones militares en el Cauca no son de este gobierno: vienen del de Gustavo Petro y de antes, sin que el riesgo para las comunidades baje. Operaciones como las de El Micay y El Plateado movilizaron mucha fuerza, pero las demandas de fondo —cumplir el acuerdo de paz, el PNIS, las propias promesas de Petro— siguieron sin cumplirse: más militarización no frena la violencia, al contrario, sube el riesgo para quienes defienden la tierra.
Son los propios líderes y lideresas quienes tienen que decirle a un grupo armado que se vaya, que respete los lugares sagrados. Los actores armados responden con retaliación, acusándolos de apoyar a otro grupo, cuando lo único que buscan es organizar su territorio de forma democrática, para poder seguir viviendo ahí.
El Cauca, otra vez en el ojo del huracán
Solo en 2025 hubo 13 asesinatos en el Cauca, cuatro de ellos guardias indígenas. Desde 2012, ya son 171 casos en ese departamento: la cifra más alta del país. Por su cercanía con la frontera de Ecuador y su salida al Pacífico, el Cauca se volvió una autopista para sacar cocaína, y el cultivo de coca ha aumentado en los últimos diez años. Ahí conviven grupos armados colombianos y carteles mexicanos, y la minería ilegal dejan bosques destruidos y ríos contaminados. Nariño y Putumayo viven algo parecido, con tres asesinatos cada uno.
Actores armados, militarización y liderazgos expuestos
Después del acuerdo de paz, distintos actores armados se instalaron en estos territorios —el caso de El Plateado lo demuestra— y presionaron a las organizaciones sociales. No es solo por la droga: las autoridades étnicas buscan recuperar su territorio y vivir su autonomía, y chocan de frente con actores que quieren imponer su propio orden. Las guardias indígenas son quienes cuidan a sus comunidades frente a esa amenaza, y muchas veces son quienes pierden: el actor armado se impone a la fuerza y mata también a las autoridades ancestrales y espirituales.
Las operaciones militares en el Cauca no son de este gobierno: vienen del de Gustavo Petro y de antes, sin que el riesgo para las comunidades baje. Operaciones como las de El Micay y El Plateado movilizaron mucha fuerza, pero las demandas de fondo —cumplir el acuerdo de paz, el PNIS, las propias promesas de Petro— siguieron sin cumplirse: más militarización no frena la violencia, al contrario, sube el riesgo para quienes defienden la tierra.
Son los propios líderes y lideresas quienes tienen que decirle a un grupo armado que se vaya, que respete los lugares sagrados. Los actores armados responden con retaliación, acusándolos de apoyar a otro grupo, cuando lo único que buscan es organizar su territorio de forma democrática, para poder seguir viviendo ahí.
Y justo ahora, el Estado se hace más chiquito
En junio de 2025, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos despidió a casi la mitad de su personal por recortes de presupuesto, justo cuando la ayuda al desarrollo mundial cayó un 23 % —la caída más grande registrada por la OCDE—, en buena parte por los recortes de la administración de Donald Trump. Menos gente vigilando y protegiendo, en el país con más asesinatos de personas defensoras del mundo.
La exigencia al nuevo Gobierno
El Gobierno colombiano debería firmar y aplicar la Política Pública Integral de Garantías para la Labor de Defensa de los Derechos Humanos, un marco de la sociedad civil para proteger a comunidades enteras, no solo para reaccionar caso por caso, cuando ya es demasiado tarde.
Además, de fortalecer la protección colectiva y proteger la Consulta Previa en Colombia ya que el gobierno de Abelardo De la Espriella, advierte la eliminación de este mecanismo que protege a las comunidades étnicas y asegura su permanencia en los territorios.
