La grave situación de violencia que enfrenta la población líder y defensora de derechos humanos en distintos territorios de Colombia motivó a la Corte
Constitucional a declarar, por medio de la Sentencia SU 546 de 2023, la existencia de un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) por la falta de coherencia entre la violación sistemática de los derechos fundamentales de las personas defensoras y liderazgos sociales y la respuesta institucional para garantizar el derecho a defender los derechos humanos. Esta declaratoria fue dada a conocer por la Corte en diciembre de 2023, y publicada en febrero de 2024.
A pesar de la continuidad de las distintas formas de violencia que impiden el libre ejercicio de la labor de defensa de los derechos humanos, esta decisión constituye un instrumento clave para garantizar el derecho a defender los derechos humanos, ya que, además de reconocer la insuficiencia de la respuesta institucional frente a la crisis, establece órdenes intermedias y de carácter estructural dirigidas a distintas entidades del Estado que buscan generar garantías reales y efectivas para proteger los derechos de quienes desarrollan esta labor (COSESU, 2024. Pág. 41).
En el marco de esta decisión, la Corte Constitucional le ordenó al Ministerio del Interior, de Defensa, de Justicia y del Derecho, de Hacienda y Crédito Público, al Departamento Nacional de Planeación, a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía General de la Nación elaborar y presentar un “Plan Integral que garantice el respeto, la prevención y la protección de la población líder y defensora de los derechos humanos” (Sentencia SU – 546, 2023, pág. 248), el cual tiene como fin establecer acciones orientadas a garantizar el derecho a la seguridad personal, el libre ejercicio de la defensa de los derechos humanos, el debido proceso y la justicia efectiva de quienes dedican su vida a la defensa de los derechos
humanos y el liderazgo social. Para la materialización de esta orden, la Corte invitó a personas expertas y organizaciones defensoras de derechos humanos, en particular al Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), y al Programa Somos Defensores (PSD) a participar en el proceso de formulación del Plan Integral al que se refiere la sentencia de acuerdo con lo establecido en la orden vigesimonovena.
