Por Óscar Veiman Mejía Giraldo
Paola Andrea y Sergio Armando Gañán son dos jóvenes del Resguardo Ancestral de San Lorenzo, en Riosucio, Caldas. Tienen la misión de localizar los cadáveres de sus paisanos asesinados y desaparecidos durante el conflicto armado. La búsqueda la hacen con la Jurisdicción Especial para la Paz y en el camino también desentierran verdades de los conflictos que durante décadas han afectado al pueblo emberá chamí.
En el Territorio Ancestral de San Lorenzo, entre Riosucio y Supía (Caldas), todo se hace en comunidad. Hasta la búsqueda de sus desaparecidos. En el Cabildo Central, a dos cuadras del parque, el 11 de agosto del 2021 me encuentro con Paola Andrea Gañán y Sergio Armando Gañán, dos jóvenes cabildantes. En sus relatos reposan la memoria de un pueblo indígena agredido y la demanda de encontrar a quienes fueron desaparecidos por la fuerza durante el conflicto armado que tuvo una fuerte expresión en las montañas de esta comunidad indígena emberá chamí.
En los últimos años estos jóvenes se interesaron por la reparación de las víctimas. Luchan por recuperar la memoria sobre lo que sucedió, para que no se repitan hechos de violencia en una comunidad que arrastra miedos y secuelas psicológicas a causa del accionar de los actores armados del conflicto, quienes anduvieron por las 21 comunidades que integran San Lorenzo.
En el comedor del cabildo, Paola Andrea y Sergio Armando comienzan estas narraciones. Había pasado el mediodía y desde la cocina preguntan si queremos café. Sergio Armando sostiene un cuaderno con apuntes señalados cuidadosamente, de las capacitaciones que recibió de la Jurisdicción Especial para la Paz —JEP— y de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas —UBPD—, para que no se le escapen los detalles de la labor que debe cumplir para ayudar a encontrar a los indígenas del pueblo emberá chamí que fueron desaparecidos en San Lorenzo.
Paola Andrea inicia la conversación. Dice que San Lorenzo se levanta de ese dolor y en un intento por sanear el territorio ancestral debe guiar el camino para encontrar 125 cuerpos de jóvenes y de adultos asesinados y enterrados en sus tierras.
Costa Rica es una comunidad de San Lorenzo. La habitan 230 personas y 56 familias. En este lugar no se habla de veredas ni corregimientos, son palabras que no existen. El reconocimiento jurídico de San Lorenzo como territorio ancestral le ha permitido organizarse y nombrarse como lo indica su tradición, en este caso como comunidades.
En Costa Rica vive Paola Andrea, de 28 años. Ella es la voz representativa de un grupo de jóvenes, cuyos ojos infantiles vieron en la década del 2000 el desfile de sujetos, vestidos de camuflado y con fusiles en las manos, que entraron a las casas y levantaron campamentos en los patios de las viviendas. Ninguno fue invitado ni bien recibido, porque perturbaban a la comunidad.
Paola Andrea participa en la búsqueda de los cuerpos de aquellos coterráneos suyos que fueron desaparecidos. También va detrás de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. “Con el cabildo comunitario hemos ido a mostrar posibles sitios donde se puedan hallar algunos cuerpos que generan impactos negativos en la siembra y quejidos de las almas, son almas que quieren ser guiadas, que están penando. No queremos que a nuestros niños les toque lo que vimos nosotros”, comenta.
Desde junio del 2021 la JEP custodia lugares donde posiblemente están enterrados los cuerpos de víctimas de desaparición forzada. Se hallarían en 18 puntos de interés forense, identificados por la comunidad y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado —Movice— en San Lorenzo. En este proceso trabajan Paola Andrea y Sergio Armando.
Ellos recorren las comunidades en busca de testimonios que ayuden a localizar sitios puntuales o fosas donde posiblemente estén enterradas víctimas de la guerra. “Es algo que nos gusta hacer, pues nuestras comunidades quedaron muy afectadas psicológicamente. Uno siente secuelas de ver lo que les pasó a nuestros comuneros”, expresa Paola Andrea; también se refiere a la forma en que los asesinaban, pues eran mensajes contundentes para imponer el silencio a quienes quedaban vivos.
Paola Andrea y Sergio Armando, al igual que sus autoridades, ven como un logro que la JEP haya puesto sus ojos en San Lorenzo. Así, con este acompañamiento, han comenzado el tortuoso, pero esperanzador camino de hallar 125 cuerpos, de los 82 998 desaparecidos que dejó el conflicto en el país, según las cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica.
En San Lorenzo la resistencia se engendra, se siente, es una actitud de los indígenas para vivir en comunidad, para reconocerse y reconocer el pasado que los impulsa en el presente y los proyecta en el futuro. Eso sienten Paola Andrea y Sergio Armando, quienes saben que los apuntes de sus cuadernos son un tesoro. Es un esfuerzo, de mucho estudio y voz para ser ejemplo y animar a la lucha colectiva en sus comunidades de la alta montaña, necesaria para encontrar a sus vecinos desaparecidos.
Sergio Armando es de Aguas Claras, una comunidad cercana al casco urbano. A su tío Jaime Antonio Gañán Largo lo reclutó la guerrilla cuando tenía quince años. “Los actores armados engañaban a los muchachos con promesas; como ellos no tenían oportunidades, se iban a sus filas y muchos no volvieron. Mi abuela murió en el 2020 esperando a mi tío”, cuenta Sergio. El joven, de 23 años, regresó del servicio militar obligatorio y ahora representa a su comunidad en la búsqueda de la verdad y de personas desparecidas que se presume están enterradas en distintos lugares del Resguardo Ancestral de San Lorenzo.
La JEP y la UBPD realizaron en febrero del 2021 una de las dos jornadas de identificación de parajes donde presuntamente se hallan restos humanos. El desafío es de talla mayor; por eso, se conformó un equipo amplio e interinstitucional. Participan la comunidad y organizaciones como el Centro de Estudios sobre Conflicto, Violencia y Convivencia Social (Cedat), de la Universidad de Caldas, el Movice, el Consejo Regional Indígena de Caldas —Cridec— y Équitas, una organización forense que asesora al Cridec.
Las comisiones caminan por cerros, quebradas, cultivos de pancoger, árboles frutales, potreros y trochas de este rincón caldense en la cordillera Occidental, con el propósito de identificar los puntos y desde la medicina tradicional ayudar al equilibrio de cada lugar. Cada ruta está acompañada por maestros espirituales, autoridades tradicionales, la Consejería Indígena, cabildantes, fiscales comunitarios, consejeros del Cridec y la Guardia Indígena.
El trabajo de Paola Andrea y Sergio Armando es previo. “La primera vez que los funcionarios vinieron a buscar los cuerpos se perdieron. Para la segunda se escogió un grupo más selecto”. La tarea es dispendiosa, pues la gente siente temor de ser involucrada en un proceso jurídico, solo por ayudar a localizar un sitio donde podría haber alguien enterrado. En esa labor de generar confianza han sido cruciales los cabildantes de las 21 comunidades. El itinerario de los muchachos los llevó a encuentros con personas que conservan la ilusión de que su ser querido esté vivo.
Sergio Armando coincide con Paola Andrea en que no quieren que la historia se repita. “Tengo satisfacción porque la comunidad ha sido muy receptiva a la hora de brindar información. Nos dicen dónde, posiblemente, hay un familiar o una fosa común y siguen pendientes de noticias de ellos”. Ahora, los familiares de desaparecidos acuden, de manera ansiosa, a preguntarle a Sergio Armando ¿qué han dicho?, ¿qué se ha sabido? “La gente ya lo referencia a uno por este trabajo comunitario”, manifiesta. Sergio Armando ayuda a encontrar a familiares de otras personas, aunque de su tío Jaime Antonio no se sepa nada. Él no pierde la esperanza de encontrarlo algún día, por eso transforma esa ilusión en energía para ayudar a los demás.
El joven, como sus compañeros, tiene claro el pasado con la guerra que puso entre la espada y la pared a gente inocente. “Los señalaban de colaboradores, de un bando o del otro, solo porque pasaban cerca o simplemente porque los saludaban”. En la comunidad de Sisirrá, por ejemplo, vecinos aseguran que son 13 los jóvenes, entre los 15 y los 18 años, de los cuales no se volvió a tener noticia, tras el auge del reclutamiento en el 2001, el 2002 y el 2003. ¿Dónde estarán? La pregunta se la han hecho una y mil veces. La incertidumbre, en el caso de sospechas de fosas, es si los enterraron en su propio territorio o en otra parte del país, pues en departamentos como Chocó, Caquetá y Meta han hallado a comuneros de San Lorenzo.
Las edades no son datos de poca monta. Sergio Armando intuye que la falta de oportunidades los convirtió en blancos para los actores armados bajo la promesa de un empleo; luego fueron nombres de desaparecidos y después cifras. La disputa por mantenerlos en el recuerdo seguirá con ellos y con otros jóvenes por muchos años. “Dentro de cada comunidad hay estos procesos. En la mía (Costa Rica) hay 25 jóvenes que están en la Guardia Indígena y en reuniones comunitarias vamos involucrando a los niños y niñas. Los que fueron más afectados son los que tienen la vocería en esos relatos colectivos”, explica Paola Andrea.
En el parque de San Lorenzo, luego de conversar con Paola Andrea y Sergio Armando, me encuentro a Rubén Darío Gañán, con quien minutos antes hicimos un ritual de armonización, en el sitio sagrado Aguas Saladas. Es el coordinador de la Consejería de Aplicación de Justicia Propia en el territorio ancestral. Rubén Darío acompaña a la JEP en este proceso que, reitera, es una conquista del movimiento indígena que pide verdad, justicia y reparación, sobre la base de su cosmovisión, sus creencias y sus costumbres. Comenta: “Por ahora son 18 puntos, pero hay más. Apenas la gente se está concientizando de que debe contar. Primero se sacaron seis cuerpos de víctimas del conflicto. Solo uno era de San Lorenzo y otros (los cinco) de municipios de Antioquia”. Por las dinámicas de la guerra, en este territorio, corredor estratégico entre Chocó, Risaralda, Caldas y Antioquia, hay cuerpos de víctimas de orígenes diferentes al de esta comunidad. “Espiritualmente debemos seguir saneando nuestro territorio”, aclara Rubén Darío. La conversación con Rubén Darío concluye justo cuando suenan las campanas de la iglesia en una comunidad que también se reconoce con tradición católica.
Este texto hace parte del libro Defender el territorio, de la colección periodística “Defender”, publicado en una colaboración entre el Programa Somos Defensores y Hacemos Memoria.
