Atravesamos tiempos sombríos en materia de avances para la defensa y protección de los derechos de las mujeres. En distintos lugares del planeta se aprecia una tendencia regresiva en torno a las políticas públicas que reconocen la diversidad de género o los derechos sexuales y reproductivos. Ideologías conservadoras y fundamentalismos religiosos, se orientan a revertir importantes conquistas en materia de derechos para las mujeres, tal y como lo reconoce el informe del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas para los Derechos de las Mujeres, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos a mediados del 2018.
En este panorama Colombia no es la excepción, por el contrario, a este contexto general hay que sumarle, las recurrentes agresiones que deben enfrentar las personas defensoras de derechos humanos en razón de su labor, ante las cuales las defensoras se encuentran en un gran riesgo por la doble condición de ser mujeres y tener liderazgo.
En medio de este panorama surge el presente informe, que tiene como propósito profundizar en la comprensión de los elementos particulares a tomar en cuenta en un marco de agresiones a defensoras de derechos humanos, además de evidenciar los avances logrados a partir de sus luchas en materia de política pública, y visibilizar las agresiones sufridas en un periodo de siete años comprendido entre el 2013 y el 2019.
El informe se encuentra dividido en tres capítulos. El primero aborda claves de interpretación en torno a las violencias que enfrentan las defensoras de derechos humanos a partir del Continuum de Violencias como categoría de análisis, que permite situar las agresiones cometidas contra ellas en el marco de las profundas brechas de discriminación en razón del género.
El segundo capítulo ofrece una mirada de la respuesta estatal y de la configuración de una política pública en materia de garantías para el ejercicio de la labor de las defensoras de los derechos humanos, sus avances y bloqueos. Al respecto merece destacarse de entrada, como el Programa Integral de Garantías para Mujeres lideresas y Defensoras de Derechos Humanos, gracias a la persistencia e iniciativa de las organizaciones de mujeres en su interlocución con el gobierno, constituye hoy por hoy, un importante referente para el movimiento social en materia de política pública de garantías para la labor de defensa de los derechos humanos.
En el tercer capítulo se abordan las agresiones cometidas entre los años 2013 y 2019 en el que se registran 1.338 hechos violentos, siendo la amenaza la forma de violencia más utilizada contra las defensoras, con lo cual se pone de relieve que generar miedo a las mujeres por parte de los actores violentos responde a un patrón de discriminación más general que busca silenciar sus voces y apartarlas de escenarios de liderazgo.
El contenido del informe revela que las agresiones a las defensoras de derechos humanos se han incrementado con el tiempo, especialmente en los últimos años y en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz, lo que permite insistir en la responsabilidad del Estado en el cumplimiento del Acuerdo como condición necesaria para avanzar en materia de garantías para el ejercido de la labor de defensa de los Derechos Humanos.
Finalmente, es necesario destacar que este informe es el resultado de una sinfonía de voces de mujeres comprometidas con la defensa de los derechos humanos y sus organizaciones. Es fruto del trabajo comprometido y dedicado de Sisma Mujer y LIMPAL, tomando en cuenta también los aportes de los espacios de articulación a los que pertenecen que son la Cumbre de Mujeres por la Paz y GPAZ, y que junto con la sistematización y el seguimiento de las agresiones a personas defensoras realiza el Programa Somos Defensores, lo ha hecho posible.
Esperamos que el mismo compromiso con que fue construido se proyecte en las instituciones que tienen la capacidad y obligación de materializar las recomendaciones planteadas. Igualmente, que contribuya a la sensibilización de la ciudadanía sobre los importantes aportes que el trabajo, generalmente invisible y constante, que realizan las defensoras en los campos, las ciudades, las comunidades indígenas, afros, raizales, palanqueras y ROM es un aporte fundamental para una sociedad plural, diversa, incluyente y tolerante y comprometida con la paz como camino.
