Agresiones contra líderes y lideresas comunales en Colombia
“Los líderes y v sociales son el alma de los territorios, son el faro de sus comunidades, son fuente de democracia, son germen de saber ancestral, hacen parte del cordón umbilical con la tierra… son la esperanza de paz en la coyuntura histórica que vive Colombia. Esos hombres y mujeres, son esto y mucho más… su inmenso sacrificio, no lo perdonará la Historia”
La acción comunal, núcleo de la organización social y la participación en Colombia, sigue siendo el referente inmediato de las comunidades rurales y urbanas, y a la vez, continúa en el centro de las dinámicas del conflicto armado, político y social en el país. Pese a ello, el seguimiento y análisis de la situación de Derechos Humanos de los miembros de las Juntas de Acción Comunal JAC, así como de los procesos sociales y de movilización que entrañan las JAC, es incipiente, y la respuesta institucional en materia social y aún más, en relación con la garantía y protección de los Derechos Humanos, insuficiente.
Nacidas en el marco de la violencia bipartidista, las JAC se han visto inmersas en contextos difíciles, sobre todo en las zonas rurales, y su quehacer ha sido permeado por las disputas territoriales y por recursos en las que participan no solo actores armados, sino de forma determinante, actores económicos, políticos e institucionales, estableciendo prácticas clientelistas que desdibujan el papel de las JAC y a la vez, exponen a sus miembros a riesgos ligados a la confrontación por el poder político, económico y burocrático.
El cuarto informe del Secretario General de la ONU al Consejo de Seguridad sobre la Misión de Verificación que este organismo cumple en Colombia alrededor del proceso de paz, señala como “tema de permanente preocupación el aumento del número de muertes de líderes sociales y defensores de derechos humanos, en la dinámica de violencia que sigue afectando principalmente a las zonas rurales. Todas las fuentes, incluida la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), atestiguan que los asesinatos y las amenazas contra líderes sociales y defensores de derechos humanos no han cesado afectando a 12 de los 32 departamentos del país”. En este mismo comunicado se indican “los múltiples factores que hay detrás de estos asesinatos, entre ellos la participación de las víctimas en la defensa de la tierra y recursos naturales; en la implementación del Acuerdo de Paz, en particular del programa de sustitución de los cultivos de coca y la formulación de planes de desarrollo rural; en la restitución de tierras y el regreso de los desplazados; en la defensa de su tierra frente a intereses privados, entre otros”.
Esta realidad compleja ha conllevado a una vulneración sistemática de los Derechos de las personas pertenecientes a los Organismos Comunales, que, en los últimos años, en el contexto de la implementación de los Acuerdos de Paz entre las FARC y el gobierno Santos, ha cobrado relevancia y visibilidad pues buena parte de las agresiones a líderes y lideresas sociales, han sido dirigidas en contra del sector comunal. La continuidad de variables y determinantes de violencia y la emergencia de nuevos conflictos y actores tras la firma de los Acuerdos de Paz, nos sitúan ante una realidad en extremo compleja, y en medio de ella las JAC, siguen soportando nuevas y viejas dinámicas del conflicto y la violencia en los territorios. Ha sido de tal magnitud el impacto del conflicto en el sector comunal, que el Estado reconoció a los Organismos comunales como sujetos de reparación en el conflicto armado en Colombia, proceso que se encuentra en etapa de diagnóstico.
Este informe, en consecuencia, busca saldar algo de la deuda histórica que las organizaciones defensoras de Derechos Humanos tenemos con el sector, compilando en un mismo texto, la historia y logros de las organizaciones y el movimiento comunal en Colombia; analizando la situación de Derechos Humanos y las graves agresiones de las cuales han sido víctimas líderes y lideresas comunales a partir de un análisis contextualizado; y valorando críticamente la respuesta institucional frente a la protección y garantía de los Derechos de las comunidades y personas vinculadas a los Organismos Comunales en el país y particularmente frente a la situación de sus dignatarios y dignatarias.
Así, el Primer capítulo “Caracterización e Historia de las Organizaciones de Acción Comunal en Colombia” construido por la Confederación Comunal, analizará la Historia institucional y normatividad que rige a la Acción Comunal; clases de Juntas de Acción Comunal; méritos históricos de los Organismos de Acción Comunal; e instituciones y políticas existentes para el sector comunal.
El Segundo Capítulo, “Situación de Derechos Humanos de los Líderes y Lideresas comunales” realizado por el Programa Somos Defensores, buscará a partir de una mirada retrospectiva en la que se observarán algunos datos de agresiones durante el periodo 2010 – 2017, analizar factores del contexto que vienen determinando la situación de Derechos Humanos y generando dinámicas y escenarios de violencia en contra de dignatarias y dignatarios comunales.
En el Tercer Capítulo “Agresiones contra líderes y lideresas comunales, 2018 y primer trimestre 2019” se hará un análisis específico de las agresiones a líderes y lideresas comunales en el año 2018 y el primer trimestre de 2019, haciendo énfasis en los asesinatos, al ser la principal agresión en contra del sector comunal. Factores políticos y sociales específicos a nivel nacional, departamental y municipal, así como relaciones de poder en los territorios y en los espacios comunitarios, resultan determinantes en el análisis.
El Cuarto Capítulo “Respuesta Institucional ante las agresiones contra líderes y lideresas comunales”, el Programa Somos Defensores aborda una valoración crítica de la respuesta institucional frente al recrudecimiento de las agresiones al sector comunal, especialmente ante el ascenso de víctimas de asesinatos de dignatarios y dignatarias de las JAC incluyendo la revisión de la política de protección establecida en el Conpes 3955 y la política de Defensa y Seguridad del Gobierno de Iván Duque.
Finalmente se presentarán algunas “Recomendaciones” que el Programa Somos Defensores hace a las instituciones y el gobierno, con el objetivo de que se consolide una política de protección y se transite a una política de garantías que preserve la vida, la libertad y la integridad de los y las dirigentes comunales.
De igual forma se darán a conocer los “Requerimientos de los Organismos de acción comunal”.
