Por Juan Diego Restrepo Toro
Muchas cosas han cambiado desde la firma del Acuerdo de Paz para los 120 excombatientes de las FARC que apuestan por los proyectos productivos en Anorí, en el Nordeste de Antioquia, un municipio históricamente golpeado por el conflicto, cuyos habitantes no desisten en el anhelo de una verdadera paz.
“Mi nombre es Guillermo León Chancí y soy firmante de la paz”, me dice un emprendedor que ingresó a las FARC en 1983. Me llamó la atención que no se presentara como Leónidas, que era el nombre con el que lo estaba buscando, y que usara la denominación firmante de la paz, que se suma a diversas expresiones usadas por otras personas: excombatientes, farianos, exfarianos, exguerrilleros, firmantes, reincorporados y comunes.
Acaba de llegar de la Movilización por la Vida y la Defensa de los Acuerdos, una marcha ciudadana que recorrió los casi tres kilómetros que hay entre el Parque de los Deseos y La Alpujarra en Medellín para pedir por la protección de la vida. Repaso las noticias del día en mi teléfono celular. Según Indepaz, 1270 líderes sociales y 299 firmantes han sido asesinados en estos cinco años posteriores a la firma de la paz entre el Gobierno nacional y las entonces FARC. También hubo una disminución en más del 95 % de los indicadores de desaparición forzada, las ejecuciones sumarias y los falsos positivos, el secuestro y la tortura.
Por otro lado, el balance de la Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) indica que más de 300 excombatientes y 477 defensores de los derechos humanos y líderes sociales han sido asesinados en este periodo.
Entre otras noticias del cubrimiento del quinto aniversario del Acuerdo Final, se destaca que nueve de cada diez excombatientes que dejaron las armas en el 2016 se mantienen en el proceso de reincorporación, lo que representa unas trece mil personas.
“No es posible hablar de garantías de implementación del acuerdo, cuando van más de trescientos firmantes asesinados”, aclara Guillermo León. Nos sentamos a conversar entre los toldos de una muestra comercial. Durante varios meses intenté agendar esta entrevista, por tratarse del gerente de la Cooperativa Multiactiva para el Desarrollo Económico y Social del Norte de Antioquia, que agrupa proyectos de paz en los que participan 120 excombatientes, entre ellos una ladrillera, un emprendimiento de piscicultura y las iniciativas Miel de la Montaña, Esencias de la Montaña y Confecciones La Montaña. La cooperativa, que fue fundada por 80 personas a finales del 2017, en la vereda La Plancha de Anorí, ha ido creciendo hasta llegar a 120 personas que vienen de antiguos frentes guerrilleros.
La conversación no había sido posible por motivos extraordinarios. Tuve que cancelar nuestra primera cita en Anorí, tras recibir la noticia de que cuatro personas fueron asesinadas en la madrugada del sábado 2 de octubre del 2021. A pesar de que conocía el pueblo, sentí miedo de viajar solo. Dos semanas después hice un segundo intento, pero no pude viajar desde Medellín porque las lluvias afectaron la vía alterna por el municipio de Campamento, que suele permanecer en malas condiciones y que tiene un tramo largo sin pavimentar. Resulta que la carretera principal, que pasa por el municipio de Amalfi, está cerrada desde hace cuatro meses debido a que se han presentado varios derrumbes.
Cuando finalmente visité Anorí, el 5 de noviembre del 2021, Guillermo León estaba en Quibdó, en un encuentro nacional de excombatientes para capacitar a emprendedores. Días después, el 9 de noviembre, estuvo en un encuentro con las víctimas en Urabá. Finalmente conversamos hoy, 24 de noviembre del 2021, una fecha pertinente para reflexionar sobre el acuerdo.
Leónidas expresa que la posibilidad de tener una vivienda le genera la mayor incertidumbre. “Seguimos en unas estructuras campamentarias que eran para seis meses y ya van para cinco años. Ahí no hay forma de tener una convivencia sana. El Gobierno nacional se comprometió con que este año compraba el terreno, todavía no lo ha comprado; que este año se hacían los estudios de prefactibilidad para la construcción de las viviendas, todavía no se ha hecho”.
Sobre los proyectos, su percepción es positiva. Confecciones La Montaña reúne a 24 personas, entre ellas algunas en situación de discapacidad a causa de la guerra, y cuenta con un integrante de la población LGBTIQ+. Han abierto algunos puestos de trabajo para personas de la comunidad de la vereda La Plancha, entre jóvenes y madres cabeza de familia no excombatientes. Lograron consolidar un mercado nacional que les permite sostenerse. La marca, que está registrada, les sirvió para extenderla a los emprendimientos de esencias y de miel. Este último reúne a 18 excombatientes, quienes procesan la miel para elaborar distintos productos alimenticios, y cuentan con un mercado en crecimiento. Por otro lado, el proyecto de piscicultura reúne a 19 reincorporados que ya están comercializando sus productos a pesar del lento proceso de instalación de los tanques y de la energía. El mal estado de las vías afecta las distintas iniciativas porque se encarecen los fletes, con ellos los insumos, y comercializar los productos es más difícil porque no se cumplen las proyecciones en el tiempo que se trazan.
—Después de su balance de los emprendimientos de Anorí y tras cinco años del Acuerdo Final, ¿lo han cumplido? —le pregunto.
—Hemos cumplido porque trajimos las máquinas de coser del monte para ponerlas a producir para la paz. Y no nos han cumplido porque, si bien nos han aprobado ciertos proyectos, eso es lo mínimo para un proceso de reincorporación política y económica que busque la transformación social del país. ¿Qué nos ganamos con que nos aprueben los proyectos productivos, si se sigue atacando al campesino, si no hay presencia del Estado en los territorios? —responde Guillermo León.
—En los últimos años se ha evidenciado un deterioro en la seguridad, no solo en Anorí, sino en todo el país. ¿Ustedes se sienten tranquilos?
—A pesar de que alrededor hay muchos actores armados y que nos afectan los actos violentos que se presentan, nosotros como excombatientes no hemos tenido mayores dificultades, gracias al aprecio que hemos tenido de las comunidades de Anorí. Nos sentimos tranquilos.
Un pueblo víctima
Desde su fundación en 1808, Anorí ha tenido una economía ligada a la minería de oro, tanto legal como ilegal. Para los señores de la guerra, en el siglo XX el municipio se convirtió en un territorio estratégico por su ubicación y sus recursos. En 1973, el Ejército Nacional realizó la Operación Anorí contra el ELN, que dejó 33 muertos y otros 30 capturados. En los ochenta llegó el Frente 36 de las FARC. En los noventa, se extendieron los cultivos de coca para uso ilegal en las montañas anoriseñas, que, sumados a la extracción de oro y a los proyectos hidroeléctricos, atrajeron y profundizaron la guerra en este municipio de 1430 km2, uno de los más extensos de Antioquia, que cuenta con 51 veredas y un corregimiento.
Con la expansión del paramilitarismo, se creó el Frente Héroes de Anorí, que hizo parte del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia. Para el año 2000, los enfrentamientos aumentaron y 501 personas fueron desplazadas. Pero en el 2001, cuando comenzaron las aspersiones con glifosato por el aumento en las hectáreas de coca, esa cifra aumentó hasta 2344 personas desplazadas ese año. En el 2006 se desmovilizó el Bloque Mineros, aunque algunos de los paramilitares no dejaron las armas e integraron las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o el Clan del Golfo.
El sábado 6 de noviembre de 2021, entrevisté en Anorí a Rosemary Cortés Marulanda, coordinadora de la Casa de la Justicia municipal, para quien “Anorí es un municipio víctima”. De acuerdo con el Registro Único de Víctimas, en el municipio viven 6270 víctimas de distintos actores armados, 7878 personas han sido reconocidas como declarantes del hecho victimizante en este territorio, y 17 006 personas han sido registradas como víctimas por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
“Anorí todavía tiene algo bueno de este proceso de paz que iniciamos con tanto amor, pero que se ha ido desbaratando sin darnos cuenta. Yo en este momento pienso ¿qué quedó?”, se preguntó Rosemary, quien siguió de cerca la reincorporación porque se desempeñó hasta septiembre del 2020 como coordinadora de Desarrollo Comunitario municipal, que es la oficina donde se focaliza la atención a los líderes sociales y las juntas de acción comunal.
Resaltó que en Anorí ganó la opción del Sí en el plebiscito sobre los acuerdos de paz, con el 64,9 %. “Nos dimos la oportunidad de decir sí. Es un municipio resiliente, sin negar la dificultad que hubo de poder compartir calles, espacios, comercios o reuniones con los victimarios. Estuvimos en la entrega de armas, desde el principio, cuando ellos nos presentaron de manera sensible la voluntad de hacer parte de una vida social normal. No se generó conflicto, pero sí barreras y temores. Hoy somos ejemplo en la relación del campesino anoriseño con los excombatientes de las FARC. Hay dolores, pero hubo aceptación. Pienso que Anorí sí le apostó a la reconciliación”.
Según Rosemary, las dificultades que han tenido los proyectos productivos se han podido superar con el trabajo de los reincorporados. Ha sido un proceso más lento de lo que ella desearía, pues comenzó por aprender a escuchar, para luego compartir espacios que fueron “álgidos” al principio, que generaron “resultados maravillosos”.
Al salir de la Casa de Justicia, Rosemary me mostró las marcas frescas, en el piso y en la fachada, que dejó la explosión de una granada lanzada desde una moto en la madrugada del 11 de octubre. Hasta ahora no se sabe quién es el responsable.
El deterioro del orden público no es nuevo. A principios de noviembre del 2021, en la vereda Los Trozos hubo un intento de erradicación forzosa de cultivos de coca por parte del ejército y la policía, que generó enfrentamientos con los campesinos, quienes salieron a defender sus cultivos asegurando que el Gobierno nacional no les cumplió con los compromisos de la sustitución de cultivos. Rosemary Cortés calculó que fueron unas 2500 familias las que se inscribieron al programa de sustitución de cultivos de manera voluntaria con el Proceso de Paz. Con el tiempo y el cambio en el Gobierno nacional, no se han consolidado los proyectos de sustitución por cacao, café, caña, frijol y otros productos.
Con la resiembra de la coca entran recursos económicos al municipio, pero aumenta la conflictividad y se fortalecen los grupos armados, entre ellos las disidencias de las FARC. Los habitantes, los excombatientes, los trabajadores de los proyectos productivos coinciden en que desde la firma de los Acuerdos de Paz, muchas cosas han cambiado, pero aún no se alcanza a sentir una paz completa.
.
