En Colombia, el registro de ataques dirigidos a personas defensoras nos ha permitido identificar patrones, aumentos o disminuciones de esta violencia selectiva en distintos períodos de tiempo. Numerosos sectores de la sociedad civil nos hemos esforzado para que esta información exista para que evitemos prácticas problemáticas, como por ejemplo, reducir nuestras complejas realidades territoriales a un número. Las agresiones contra las personas defensoras, reiteramos, no son solo cifras, son vulneraciones a los derechos derivadas de riesgos que pueden diferenciarse a nivel regional y que podrían evitarse si el Estado garantizara el derecho a defender derechos.
Bajo esta mirada crítica, el Programa Somos Defensores interpreta las 727 agresiones que se dirigieron contra liderazgos y personas defensoras durante el 2024. Es difícil partir de este dato para afirmar que hubo una reducción, en la medida que no existe una disminución significativa –siendo esta una observación que hacemos por segundo año consecutivo–. Por el contrario: si desmenuzamos esta cifra y conocemos las historias de las víctimas, encontramos que ha aumentado el temor, también el silencio, y que tanto el conflicto armado como el crimen organizado se han transformado profundamente, sin que el gobierno nacional y demás instituciones del Estado desplieguen acciones preventivas frente a los peligros derivados de las dinámicas que se vienen estableciendo.
Si distintos sectores quieren identificar una tendencia con base en las agresiones evidenciadas en el año 2024, desde el Programa Somos Defensores sostenemos lo siguiente: las personas defensoras de derechos humanos en Colombia continúan sin protección. La pequeña reducción en las cifras, no son un hecho contundente para sostener que en Colombia la situación de las personas defensoras mejora.
