Bogotá, 23 de abril de 2019
Informe anual 2018, Sistema de Información sobre agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia SIADDHH – Programa Somos Defensores.
Frente a este contexto de violencia, llama la atención que el actual Gobierno nacional haya optado por poner en el centro de sus políticas temas como la Economía Naranja y que proponga estrategias poco efectivas como el Plan de Acción Oportuna –PAO–, para supuestamente proteger la vida de las personas defensoras de derechos humanos, pero restando importancia a instrumentos legales e instancias políticas que se iniciaron en el anterior Gobierno y que planteaban intervenir la violencia de manera estructural. El 2018 ha sido uno de los peores años en materia de Derechos Humanos para las personas defensoras y líderes sociales en Colombia. Con un total de 805 agresiones y dentro de ellas 155 asesinatos, podemos decir que las cifras de violaciones a la vida de estos activistas alcanzaron niveles nunca antes registrados por el Sistema de Información sobre Agresiones contra personas Defensoras de Derechos Humanos –SIADDHH– del Programa Somos Defensores. Desde el 2016 las cifras han venido en aumento pero, de manera especial, preocupa que este último año haya quedado marcado como el más violento para las personas defensoras de Derechos humanos, pues en relación con el 2017 el incremento de las agresiones fue del 43,7%. Diferentes causas se encuentran detrás de este incremento de la violencia, entre ellas, identificamos como una de las principales, el reordenamiento de los grupos armados en los territorios después de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC y de la desmovilización de esta guerrilla. De otro lado, y mientras no paran de presentarse casos de agresiones contra defensoras y defensores, la Fiscalía General de la Nación ha optado por hacer referencia a un “esclarecimiento histórico” en las investigaciones de asesinatos, a partir de una distorsión del concepto de esclarecimiento con el que nombra como tal los avances en las investigaciones. De esta manera, por ejemplo, en enero del presente año la Fiscalía hizo referencia a que de 250 casos priorizados tenía esclarecimiento en el 54,8%, cuando en realidad solo se había realizado 22 condenas, es decir, un esclarecimiento del 8,8%. Con estos pocos avances en las investigaciones y la exclusión de muchos otros casos de violación a la vida y derechos, tenemos que la impunidad sigue siendo un factor de preocupación en las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos; además, las indagaciones muchas veces se concentran en identificar el autor material, cuando detrás de cada agresión o asesinato se pueden encontrar responsabilidades a un nivel más profundo. Mientras tanto, la violencia contra defensoras y defensores no se detiene. En el 2019 el panorama no es mejor, pues de acuerdo con los registros de nuestro Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos –SIADDHH– durante el primer trimestre de 2019 (enero-marzo) se presentaron 245 agresiones, es decir, un incremento del 66% en comparación con el mismo periodo del 2018. Inquietan los altos niveles de violencia, frente a unas políticas de Gobierno poco efectivas para garantizar la vida y derechos de los defensores, y de cara a un próximo escenario electoral en el que se ponen en riesgo los liderazgos en los territorios.
