Una historia de lucha por la autonomía campesina

Por Germán García Barrera

Los integrantes y aliados de la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro persisten en su propósito de consolidar en la vereda Plan Brisas, de Aguazul (Casanare), un territorio agroalimentario como parte del sueño de lograr un sistema económico comunitario y solidario.

El queso, el plátano y la miel que Johana Parada y sus vecinos de Plan Brisas producen en sus parcelas deben transitar por un camino sinuoso. Una carretera destapada, con baches en muchos de sus tramos, un barrizal insufrible en invierno y excesivamente polvoriento en verano.

Las promesas del gobierno y de los candidatos que por acá han pasado ya no los ilusionan. Tampoco los compromisos oficiales para mejorar y mantener periódicamente las vías de acceso por las cuales transitan carrotanques cargados de petróleo, el oro negro apetecido en las bolsas de valores y generador de millonarias ganancias en dólares.

Es una escena paradójica a la cual están acostumbrados los pobladores de esta región. Se habituaron a ver cómo se explota el recurso de las entrañas de la tierra y se deterioran el suelo y las fuentes de agua, sin que nadie pague por ello.

Plan Brisas es una vereda de Aguazul que, después de Yopal, es el segundo municipio más poblado de Casanare, que hace parte de la Orinoquía colombiana. Para llegar hasta Plan Brisas hay que transitar por una carretera veredal irregular, especialmente en época de lluvias. Su deterioro ha sido uno de los motivos de la permanente discordia entre las comunidades que habitan este territorio y la estatal petrolera Ecopetrol, responsable de la operación del pozo Liria YW12.

En esta zona de Casanare, compuesta además por las veredas Volcán Blanco, Florida, Cunama, Retiro Milagro y Unión Charte, integradas en la Asociación de Veredas de Cunama, hay tres pozos petroleros implantados hace aproximadamente treinta años. Sus comunidades dicen que no han visto el progreso, por lo menos no de parte del Estado, pero sí el deterioro del entorno, la disminución del caudal en los nacimientos de agua y el reiterado incumplimiento de las promesas oficiales de mejorar sus condiciones de vida.

Sus reclamos han sido vehementes, les han exigido a la Gobernación de Casanare y a la Alcaldía de Aguazul, y también a Ecopetrol que hagan efectivos los compromisos de adecuar las vías de acceso utilizadas por los campesinos, pero también por los vehículos de carga pesada de la industria de los hidrocarburos. El paso permanente de la maquinaria deteriora los caminos y dificulta la movilización de los productos cultivados y cosechados en la región, así como el desplazamiento de sus habitantes hacia los centros urbanos cuando, por ejemplo, requieren atención médica.

Paula Quiroga es habitante de la zona, habla en un tono bajo, pero con contundencia. Cuenta que el abandono oficial y las promesas rotas han hecho de esta una comunidad beligerante, que reclama, que exige, que no traga entero. Esta es, insiste, una de las razones por las cuales varios de sus voceros han sido judicializados.

Paula hace parte de la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro, Asonalca, una organización que aglutina a habitantes del campo de Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Norte de Santander, Santander, Vaupés y Vichada. Asonalca tiene afiliados en Plan Brisas y en otras ciudades y poblados de Casanare, donde impulsa y ejecuta proyectos vinculados con sus principales líneas de acción: derechos sociales, economía propia, interlocución, asuntos minero-energéticos y de tierra, territorio y territorialidad.

Para alcanzar sus propósitos, tienen definidas dos estrategias claras: exigir sus derechos y construir propuestas encaminadas a asegurar un país sin hambre y con vida digna. La exigencia de sus derechos se hace a través de movilizaciones, de la participación en plantones y en concentraciones a través de las cuales piden a los gobiernos garantías para la movilidad en condiciones dignas, para la protesta en armonía con los derechos ciudadanos y para su bienestar y su progreso social de manera equitativa.

Eso lo han buscado por décadas los habitantes de Plan Brisas, en Aguazul, y las familias desplazadas que viven en asentamientos humanos, especialmente en Yopal y Pore. Desde hace varios años reclaman tierras para trabajar, un trato digno, acceso a servicios esenciales, como salud, educación y agua, y que las autoridades, algunos sectores de la sociedad y los medios de comunicación dejen de estigmatizarlos como “zona roja”, en la que, no obstante, hay una permanente presencia del Ejército Nacional, acantonado allí para proteger la infraestructura petrolera.

Comprobé esa estigmatización cuando visité la vereda el 31 de octubre del 2021. Algunas personas advirtieron sobre el riesgo que representaba viajar al caserío, hasta donde no llega el transporte público. Ese día la comunidad tenía programada la primera Feria del Queso, que incluía la exposición y la venta de lácteos en diferentes presentaciones, además de plátano, yuca, miel, artesanías y artículos para el hogar elaborados por las mujeres de las veredas vinculadas a la Asociación de Mujeres Unidas por Casanare, Asmuc. También, por su supuesto, hubo música de la tierra plana, un show de contrapunteo y carne a la llanera.

Esta feria hizo parte de la estrategia de la comunidad para obtener ingresos por su trabajo diario, para vender lo que cultivan y procesan, y su montaje estuvo a cargo de la Asociación Agroempresarial Campesina de Casanare, Agroecas, una organización que busca apoyar a los productores rurales en la comercialización de sus artículos.

Paula Quiroga y sus vecinos de Plan Brisas encarnan el carácter laborioso de quienes habitan en esta parte del Casanare. “Aquí la gente es tranquila, alegre y trabajadora”, me dice; por eso, lamenta que algunos sectores de la opinión pública departamental, incluidas las autoridades, los vean con desconfianza.

Ella se queja de la difícil relación con el Estado y sus contratistas: “Lo único que hemos hecho es reclamar por nuestras necesidades, no es justo que las petroleras se lleven los recursos de la tierra y no se invierta en lo social, en la gente, en proyectos productivos”.

Asonalca y la lucha campesina

Paula Vargas, licenciada en matemáticas, es integrante del comité directivo de Asonalca y está vinculada a iniciativas sociales en Boyacá y Casanare. Ella resumió así la labor de la organización, creada en el 2011: “Luchamos por el reconocimiento político del campesinado colombiano”. Fue categórica al lamentar que el Estado se niega a reconocer a los campesinos, como sí lo ha hecho con la población afro y los indígenas.

Jorge López Ardila, miembro de Asonalca, complementó este argumento con lo que llamó desarraigo territorial, a través del cual se pretende la expulsión del campesinado por la vía de hechos violentos, de la aprobación de leyes de estímulo a la agroindustria y al acaparamiento de tierras, del fomento de proyectos minero-energéticos y de la asfixia generada por los altos precios de los insumos agrícolas y el debilitamiento o la inexistencia de estrategias de mercadeo y comercialización de los productos cultivados por los trabajadores del campo.

En el diagnóstico sobre la situación del campesinado colombiano, Asonalca ha denunciado que la macroeconomía del país está fundada en priorizar el cultivo de alimentos para la exportación, y en dejar en manos de las grandes empresas la alimentación de los colombianos.

Una alternativa a la industrialización del campo colombiano y al temido desplazamiento que generan la agroindustria y la megaminería es la conformación de los territorios campesinos agroalimentarios. Asonalca, de la mano del Coordinador Nacional Agrario (CNA), espera que en Casanare se puedan conformar esas áreas de beneficio colectivo.

“Lo que se busca es crear un embrión de autoridad campesina con autonomía sobre lo que se puede y no se puede hacer ahí”, apuntó Jorge López, directivo de Asonalca.

Un primer paso hacia esa posibilidad fue la creación, en 2018, en Plan Brisas, de la Asociación Agroempresarial Campesina de Casanare, Agroecas, que busca apoyar a los productores rurales en la comercialización de sus artículos en mercados próximos, como Yopal y Aguazul.

Johana Parada, presidenta de Agroecas, explicó que la asociación surgió de la necesidad de los campesinos de hallar alternativas encaminadas a mejorar su manutención.

“Hace tres años varios vecinos estuvimos de acuerdo en asociarnos para encontrar mejores oportunidades y estar fortalecidos como comunidad en el desarrollo de proyectos de beneficio colectivo; sin embargo, la falta de dinero y la pandemia retrasaron ese propósito”, explicó la líder de este emprendimiento.

A mediados del 2021 sus promotores retomaron el impulso de Agroecas y avanzaron en la construcción de una quesera en la vereda Plan Brisas. La obra fue terminada gracias al aporte de los vecinos y actualmente se gestionan recursos para su dotación. Esta se suma a otra iniciativa en funcionamiento, un trapiche en donde se procesa la caña de la comunidad.

Johana Parada detalló que en la quesera se transformará la leche de las ganaderías locales, y el queso en sus diferentes variedades podrá ser vendido en centros poblados de Casanare o de otras regiones del país.

Johana sostuvo además que la clave para salir airosos está en la asociación, en trabajar unidos, “solo de esa manera podremos salir adelante ante la ausencia del Estado”. Esta unión a la que hace referencia la integrante de Agroecas se materializa en Plan Brisas con el trabajo articulado entre Asonalca, la asociación de jóvenes, Anjeco; y la de mujeres, Asmuc. El esfuerzo colectivo es su única esperanza, es el motor que los guía, es lo que los motiva a seguir exigiendo y a marchar cuantas veces sea necesario por ser reconocidos como campesinos con autonomía para decidir responsable y sosteniblemente sobre la tierra que les fue legada.