Bogotá, 4 de diciembre de 2025.
Tras dos años de haberse emitido la Sentencia que reconoció la grave situación de violencia que enfrenta la población líder y defensora de derechos humanos en Colombia, la Comisión de Seguimiento a la Sentencia SU 546 de 2023 (Cosesu) presenta un balance sobre el cumplimiento de las órdenes dictadas por la Corte Constitucional. En este se identificaron avances institucionales, rezagos preocupantes y barreras persistentes que limitan una implementación efectiva e integral de la decisión. Las cifras reflejan la continuidad de la violencia contra la población líder y defensora de derechos humanos, entre 2024 y el primer semestre de 2025, se registraron 1.068 agresiones contra personas defensoras de derechos humanos, de ellas 235 fueron asesinatos, según el Programa Somos Defensores.
La Corte Constitucional declaró la existencia de un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) por la violación sistemática de los derechos fundamentales de las personas defensoras y liderazgos sociales, y la falta de garantías para ejercer el derecho a defender los derechos humanos. Esta decisión constituye un instrumento clave porque, además de reconocer la insuficiencia de la respuesta institucional frente a la crisis, establece órdenes intermedias y de carácter estructural dirigidas a distintas entidades del Estado para atender y superar el ECI, y brindar garantías para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos.
Según el balance que se presentará públicamente este 4 de diciembre, el nivel de cumplimiento de las entidades responsables ha sido medio. Si bien la decisión de la Corte reiteró obligaciones y emitió órdenes específicas, el Estado de Cosas Inconstitucional que afecta a las personas defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales persiste, en tanto no se transformen los factores estructurales que reproducen la violencia contra esta población, ni la cultura social e institucional que la tolera.
Adicional al balance, la Cosesu hizo una serie de solicitudes a la Corte Constitucional, entre ellas:
- La convocatoria de una audiencia pública, con amplia participación ciudadana, especialmente de organizaciones de personas defensoras de los territorios que actualmente atraviesan una situación más difícil para ejercer la defensa de derechos humanos.
- La emisión de órdenes directas a los entes territoriales, en particular a las gobernaciones, para que estas adopten acciones específicas dirigidas a la superación del ECI como primeros respondientes, tal y como establece el Decreto 2252 de 2018.
- Que la priorización de los territorios más afectados por la violencia no se limite a los referidos en la Sentencia SU-546/23, sino que los cobije a todos los departamentos de acuerdo a la priorización que se haga al interior de cada uno de ellos.
Por último, la Cosesu reiteró la necesidad de establecer una Sala específica para el seguimiento de la Sentencia SU-546/23 dentro de la Corte Constitucional, para facilitar la veeduría de la sociedad civil y la comunicación con las entidades que tienen funciones específicas para la garantía de la labor de las personas defensoras.
La Comisión de Seguimiento a la Sentencia SU 546 de 2023 (Cosesu) fue conformada para realizar el seguimiento del estado de implementación de las órdenes, analizar información relativa al contexto en el que la población líder y defensora de los derechos humanos ejerce su labor, y establecer propuestas que contribuyan al cumplimiento efectivo de las órdenes de la Corte Constitucional.
En esta Comisión confluyen diecisiete organizaciones: Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la Asociación para la Promoción Social Alternativa Minga, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), el Programa Somos Defensores (PSD), el Movimiento Ríos Vivos (MRV), el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (CAJAR), la Corporación Reiniciar, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria (COSPACC), Dejusticia, la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes), la Corporación Sisma Mujer, la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos (CCEEU), CODHES, la Corporación Jurídica Libertad (CJL), y la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines.
