Propuestas y exigencias de organizaciones sociales y plataformas de derechos humanos al nuevo congreso de la República 2026 – 2030

Introducción

Las organizaciones y plataformas de derechos humanos firmantes de este llamamiento, presentamos una serie de propuestas para la próxima agenda legislativa en materia de paz, derecho internacional humanitario y el derecho a defender derechos humanos, con el propósito de que estas sean asumidas por el nuevo Congreso de la República, a fin de lograr avances sustanciales que protejan la vida e integridad, así como las garantías necesarias para la labor de las personas líderes sociales y defensoras de Derechos Humanos en Colombia, de las comunidades y sus organizaciones.

Pese a los esfuerzos del actual gobierno nacional de buscar una solución negociada al conflicto político social y armado a través de la política de Paz Total, la realidad es que la violencia sociopolítica continúa y con ella una crisis humanitaria en diversos territorios rurales y urbanos de Colombia, afectando principalmente a las comunidades étnicas, campesinas, mujeres, niños, niñas y adolescentes. Además, persisten los ataques contra quienes defienden los derechos humanos, provocando la destrucción del tejido social y de los proyectos colectivos.

Este llamamiento insta al Congreso de la República a asumir un compromiso real con el pueblo colombiano, las comunidades rurales y urbanas y las organizaciones sociales de todos los sectores, en busca de concretar las transformaciones necesarias para desescalar y buscar soluciones al conflicto social y armado, terminar con la estigmatización y lograr la paz. Hoy es imperante avanzar sobre acciones concretas y una agenda sólida que promueva el diálogo entre todos los actores, por ello presentamos al Congreso los siguientes puntos, con los cuales podremos construir las condiciones mínimas para enfrentar el nuevo escenario político nacional:

1. Trabajar de manera decidida por una solución política y negociada al conflicto político, social y armado, con la participación efectiva de las organizaciones sociales y las comunidades. Esto implica reconocer los avances en los diálogos de paz.[1]
2. Garantizar la implementación integral del Acuerdo de Paz como pilar para la transformación de las condiciones estructurales de violencia y exclusión. Además de asumir la reconciliación como deber histórico. La paz no es solo ausencia de guerra: es justicia, verdad, reparación integral y garantías de no repetición, desde la sacralidad de la vida y la dignidad de cada ser humano; el respeto, cuidado y protección de la madre tierra y sus ecosistemas como espacios de vida y de interacción.
3. Legislar teniendo como eje primordial la garantía de la vida y la protección integral de las comunidades y las personas lideresas sociales y defensoras de derechos humanos en Colombia, reconociendo que su labor es esencial para la construcción de paz y el fortalecimiento de la democracia en los territorios. La continuidad de esta labor es fundamental para la protección de las poblaciones que hoy siguen enfrentando graves riesgos, estigmatización y violencias. En tal sentido es clave que el Congreso asuma con la participación de las organizaciones sociales una reforma a la normatividad en protección existente, para asegurar que en el país ningún defensor o defensora sea agredido a causa de su labor.
4. Asumir una noción de seguridad basada en el respeto irrestricto por los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario – DIH, que priorice la protección de la población civil, la concertación de mínimos humanitarios, y el reconocimiento y garantías para procesos e iniciativas humanitarias y de paz nacionales y territoriales como parte esencial de la construcción de una paz con justicia social y ambiental estable y duradera. Esto incluye materializar el concepto de «seguridad humana», que trasciende el enfoque militarista para centrarse en la garantía de condiciones de vida digna y prevención del riesgo en los territorios.
5. Diseñar, presentar y aprobar una reforma que ponga fin a la doctrina del enemigo interno, que pone en riesgo a las personas líderes sociales y defensoras de Derechos Humanos, a las organizaciones sociales, a los pueblos y comunidades, esto incluye avanzar en la reforma a la fuerza pública para que sea una institución respetuosa de los derechos humanos.
6. Contribuir a desmontar efectivamente las estructuras paramilitares y el cumplimiento del rol de la Fuerza Pública en estricto apego a los estándares internacionales de los derechos humanos, al Derecho Internacional Humanitario, y al respeto y garantías para las personas defensoras y las comunidades.
7. Legislar para proteger los territorios y la naturaleza de intereses empresariales y extractivistas que expolian los bienes colectivos y ponen en riesgo la permanencia de las comunidades. Para ello es indispensable implementar integralmente el Acuerdo de Escazú, el Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos y otras normatividades concernientes a la protección de la naturaleza, la lucha contra el cambio climático y la protección de los liderazgos ambientalistas y de la tierra.
8. Conforme a la Sentencia SU-546 de 2023, se asuma la responsabilidad política que tiene el poder legislativo en la contribución a la superación del Estado de Cosas Inconstitucional respecto a la población líder y defensora de derechos humanos, se reconozca la vulneración masiva, generalizada y sistemática de los derechos fundamentales de esta población. Ante la persistencia de fallas estructurales, falta de capacidad institucional y una alarmante cifra de asesinatos y amenazas, el Congreso de la República tiene un deber ineludible en la superación de esta crisis.
9. Reconocer que el movimiento social es un actor legítimo y aliado en la transformación territorial, y no es un enemigo interno. Para ello es necesario que en la nueva legislatura se asuma de manera férrea compromisos claros de no estigmatización ni criminalización de las personas líderes sociales y defensoras de Derechos Humanos, de las organizaciones sociales, campesinas, étnicas y territoriales, de sus mecanismos propios de autoprotección, entre ellas las guardias indígenas, campesinas, cimarronas y urbanas, y del legítimo ejercicio de denuncia frente a las violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
10. Escuchar y asumir la voz, así como las exigencias de las comunidades y los movimientos sociales, con un compromiso inequívoco con la protección de la vida, el territorio, la democracia y los derechos humanos. Esto implica comprometerse a legislar sin discursos antiderechos, antidemocráticos y regresivos, y garantizar la protección efectiva de los derechos de las mujeres, las personas LGBTIQ+ y todas las poblaciones históricamente discriminadas, como condición indispensable para avanzar hacia una sociedad en paz, justa e incluyente.
11. Asegurar que en el marco de la agenda legislativa se garanticen los derechos de las mujeres en Colombia, esto comprende que no haya discursos ni decisiones que puedan ser regresivas en materia de derechos; así mismo el Congreso debe diseñar, presentar y aprobar acciones en favor de la lucha contra todas las formas de violencia y discriminación, y afirmar el enfoque de género, la participación y equidad en todos los espacios y acciones que realiza.
12. Reconocer e impulsar la agenda de paz que llevan a cabo las diferentes organizaciones, plataformas y procesos de las mujeres con su participación.  
13. Diseñar, presentar y aprobar la reforma a la ley 418 de 1997 en materia de paz, seguridad y convivencia, de acuerdo con los estándares de derechos humanos, incluyendo un enfoque humanitario; este proceso debe contar con la participación de las organizaciones sociales y sus propuestas y observaciones deben ser de carácter vinculante.
14. Diseñar, presentar y aprobar la Ley Estatutaria Sobre Protesta Social: Es indispensable que el Congreso de la República asuma como compromiso propio la expedición de una Ley Estatutaria de Garantías a la Protesta Social, teniendo en cuenta como base de discusión la propuesta construida por las organizaciones y plataformas de derechos humanos a fin de que, se reconozca las distintas dimensiones de este derecho constitucional, garantice la primacía del diálogo como forma permanente de abordar los conflictos asociados a la protesta social, límite de manera estricta el uso de la fuerza en cabeza de la Policía Nacional estableciendo controles a la adquisición y uso de armas de menor letalidad, reconozca a las víctimas de violencia policial en contextos de protesta social y consagre medidas de reparación, satisfacción y no repetición y prohíba la participación de las Fuerzas Militares en la atención a protestas sociales. Asimismo, es indispensable que se haga una revisión y depuración de todos los tipos penales que han sido creados en las distintas leyes de seguridad ciudadana y que han criminalizado el repertorio histórico de la movilización social en Colombia, así como la Ley 1908 de 2018 que creó la categoría de GDO, a través de las cuales se han criminalizado las formas de organización social que surgen de manera espontánea en los contextos de protesta social. Urge la despenalización de la protesta social revisando estas normativas.
15. Diseñar, presentar y aprobar la Ley de Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales establecida en el Acuerdo de Paz de 2016: teniendo en cuenta como base de discusión la propuesta construida por las organizaciones y plataformas de derechos humanos. Esto debe ser a través de un diálogo amplio con los diferentes sectores del movimiento social.
16. Diseñar, presentar y aprobar un paquete normativo, reglamentario, administrativo y financiero que permita la materialización del reconocimiento de los derechos del campesinado como sujeto político y de especial protección constitucional en los territorios y los avances hacia una verdadera Reforma Agraria Integral. En tal sentido es necesario que se expida una ley estatutaria que desarrolle el art 64 de la Constitución Política en toda su integralidad y una ley estatutaria de Reforma Agraria Integral. Así como que toda ley o reforma en defensa, prevención y protección de los derechos humanos debe ser transversal al campesinado e incluir el enfoque campesino. De igual manera avanzar en la reglamentación de la jurisdicción agraria y el fortalecimiento de territorialidades campesinas. 
17. Establecer diálogo directo entre Congreso y Presidencia con las autoridades étnicas, de gobierno a gobierno, y con delegados de organizaciones campesinas para la garantía de los derechos fundamentales y el reconocimiento de derechos territoriales, culturales y jurisdiccionales.
18. Respetar los usos y costumbres de las comunidades étnicas y sus prácticas colectivas de toma de decisión. El Congreso de la República no puede pasar por encima de la voluntad de las comunidades ni desconocer los mandatos territoriales.  Es necesario que las iniciativas legislativas respeten los usos y costumbres de los pueblos étnicos, permitiendo, por ejemplo, el fortalecimiento real de las guardias indígenas y cimarronas.
19. Las y los congresistas no pueden basarse ni apoyarse en tergiversaciones de la vida en las comunidades étnicas, de las personas defensoras de derechos humanos, del movimiento de mujeres y LGBTIQ+ ni profundizar estereotipos racistas y discriminadores para imponer agendas antiderechos. En tal sentido debe primar una visión democrática y garantista de los derechos humanos.
20. Impulsar la lucha contra la corrupción: el país demanda una lucha frontal contra la corrupción que afecta directamente el goce efectivo de los derechos y la democracia lo que impide que los recursos y la institucionalidad estén en función de las necesidades y demandas de las comunidades.
21. Se lleve a cabo un ejercicio permanente de control político riguroso frente al poder judicial (Fiscalías y Jueces de la República) con el propósito de realizar seguimiento y exigir el avance de las investigaciones que logren realmente un cambio significativo en la lucha contra la impunidad relacionada con casos de agresiones a líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos, y con ello, superar las barreras administrativas y judiciales que condicionan la posibilidad de acceder a mecanismos idóneos y efectivos que logren evitar que estas agresiones se repitan, en el marco de la responsabilidad internacional que tiene el Estado colombiano de investigar, juzgar y sancionar estos graves hechos.

Mayores informes:

• Comunicaciones Programa Somos Defensores: 310 4711518

Firman:

1. ACIN – Çxhab Wala Kiwe (Cauca)
2. Adiecol (Cauca, Santander de Quilichao)
3. ANUC (Córdoba / Valencia)
4. APCELIAS (Huila, Elías)
5. Asociación Afrocolombiana de Boyacá (Boyacá, Puerto Boyacá)
6. Asociación Campesina de Antioquia (Antioquia)
7. Asociación Campesina San Ignacio y Balalaika (Tolima, Fresno)
8. Asociación Comunitaria de Víctimas de Defensa Derecho Humanos de Corozal (Sucre)
9. Asociación de Campesinos Emprendedores ACOEM (Caldas)
10. Asociación de Familias Víctimas y Campesinas Agropecuarias (Cundinamarca, Puerto Salgar)
11. Asociación Minga
12. Asociación de Mujeres Campesinas del Huila (Huila, Tello)
13. Asociación de Mujeres Rurales de Ayapel (Córdoba, Ayapel)
14. Asociación de Mujeres de Yarumal AMY (Antioquia)
15. Asociación de Mujeres y Campesinos Productores de Coyongo CAMPROCO (Córdoba)
16. Asociación de Usuarios Campesinos de Apartadó (Antioquia, Apartadó)
17. Asociación de Víctimas Mujeres Caminando por la Verdad (Antioquia, Medellín)
18. Asociación de Víctimas y Sobrevivientes del Nordeste Antioqueño – ASOVISNA (Antioquia)
19. Asociación Étnica de Comunidades Negras, Afrodescendientes y Palenqueras Ubuntu (Cesar, Valledupar)
20. Asociación La Paz Diversa y Afirmativa (Cesar, Valledupar / La Paz)
21. Asociación Mariposas de la Orinoquia y Amazonia – ASOMAZORINOQUIA (Meta, Villavicencio)
22. Asociación PINDOPAZ (Córdoba, Montelíbano)
23. Asociación Saravena Diversa ALSADI (Arauca, Saravena)
24. Asociación Tierra de Esperanza (Magdalena, Santa Marta)
25. Asociación Trabajadores Campesinos Futuro y Territorio ASOCAMFUTO (Cauca, Cajibío)
26. ASPROZONAC (Cauca, Miranda)
27. Asojuntas Cravo Norte (Arauca, Cravo Norte)
28. Asocafisa (Antioquia, Betulia)
29. Asocansot (Cauca, Sotará)
30. AFAVIT: asociación de familiares de víctimas de Trujillo (valle)
31. Cabildo Arte y Paz (Atlántico, Barranquilla)
32. CAJAR – Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Bogotá)
33. Centro de Atención Psicosocial CAPS (Bogotá)
34. Centro de Educación Popular Chipacuy (Bogotá)
35. Centro de Pensamiento Sociopolítico de Córdoba (Córdoba)
36. CEICOS (Bogotá)
37. CINEP/PPP (Bogotá)
38. Círculo Intercultural de Mujeres en Resistencia (La Guajira)
39. Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación (Bogotá)
40. Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia COMOSOC (Nacional)
41. COCOMAJURADO (Chocó, Juradó)
42. COCOMACIA (Chocó, Medio Atrato)
43. Colectivo de Defensoras y Defensores de DD.HH. SINAMW (Cesar, Valledupar)
44. Comité de Integración del Macizo Colombiano CIMA (Cauca, Almaguer)
45. Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (Bogotá)
46. Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – CPDH Capítulo Córdoba (Córdoba, Montería)
47. Comité Municipal de Reforma Agraria (Risaralda, Belén de Umbría)
48. Congreso de los Pueblos (Bogotá)
49. Congreso Ambiental de Santander CASA AGUAYA (Santander)
50. Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (Bogotá)
51. Conspirando por la Paz (Cauca, Santander de Quilichao)
52. Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES (Colombia)
53. Plataforma de Derechos Humanos Coordinación Colombia Europa Estados Unidos – CCEEU
54. Coordinadora Humanitaria (Nacional)
55. Corporación Claretiana Norman Pérez Bello (Bogotá)
56. Corporación CONPAZES (Santander, Bucaramanga)
57. Corporación Colectivo de Mujeres Trascendiendo por la Paz (Cauca, Buenos Aires)
58. Corporación de investigación y Acción social y Económica- CIASE
59. Corporación Jurídica Libertad (Medellín)
60. Corporación Mujer Niñez y Juventud – CMN (Cauca)
61. Corporación Nibaru (Antioquia)
62. Corporación Podion (Bogotá)
63. Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Reiniciar (Nacional)
64. Corporación Viva la Ciudadanía (Nacional)
65. CPDH Héctor Abad Gómez (Antioquia)
66. DePazes (Bogotá)
67. Equipo de Garantías y Derechos Humanos – Coordinación Social y Política Marcha Patriótica (Nacional)
68. Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación ETCR Mariana Páez (Meta, Acacías)
69. Familia Franciscana de Colombia (Bogotá)
70. FENSUAGRO (Cauca)
71. Foro Interétnico Solidaridad Chocó (Chocó)
72. Fundación BUKUMKUZA (Cesar, Valledupar)
73. Fundación Conflict Responses (Bogotá)
74. Fundación Conciencia (Cesar, Valledupar)
75. Fundación del Sinú (Córdoba, Montería)
76. Fundación Intercultural Equilibrio y Armonía Territorial Kaajadaya (Cauca, Toribío)
77. Fundación Lazos de Dignidad (Bogotá)
78. Fundación Paz y Reconciliación (Bogotá)
79. Fundación Progresar (Norte de Santander)
80. Fundación Social CORDOBERXIA (Córdoba)
81. Fundación Social Renovando Vidas (Magdalena, Ciénaga)
82. Fundación Sumapaz (Medellín)
83. Fundación Umutikki (Cesar, Pueblo Bello)
84. Fundación Vida Digna (Buenaventura)
85. Grupo de Investigación GIDPAD – Universidad de San Buenaventura (Medellín)
86. Grupo de Investigación y Editorial Kavilando (Medellín)
87. INDEPAZ (Bogotá)
88. Mesa de Derechos Humanos y Atención Humanitaria del Oriente Antioqueño (Antioquia)
89. Mesa Ecuménica por la Paz (Nacional)
90. Mesa Humanitaria y de Paz de Antioquia (Antioquia)
91. Mesa Territorial de Garantías Chocó (Chocó)
92. MOVICE – Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Bogotá)
93. MOVICE Capítulo Santander (Santander)
94. Movimiento Social por la Paz (Bogotá)
95. OIDHPAZ (Atlántico, Barranquilla)
96. Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (Nacional)
97. Plataforma Departamental de Derechos Humanos de Córdoba (Córdoba)
98. Proceso Social de Garantías de Antioquia (Antioquia)
99. Programa Somos Defensores
100. Plataforma de derechos humanos La Alianza de Organizaciones Sociales y Afines por una cooperación para la Paz y Democracia en Colombia
101. Red de Derechos Humanos del Sur de Córdoba (Córdoba)
102. Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes” (Cauca)
103. Red Departamental de Mujeres Chocoanas (Chocó, Quibdó)
104. Red Interuniversitaria por la Paz REDIPAZ (Antioquia)
105. Resguardo Embera Katío de Tanela (Chocó, Unguía)
106. SINTRENAL Sahagún (Córdoba, Sahagún)
107. Sindicato de Pequeños Agricultores del Departamento del Cauca SINPEAGRIC (Cauca)
108. Somos Tierra (Cauca)
109. TRANS-FORMANDO Iniciativa de Paz (Caquetá, Florencia)
110. Unión de Trabajadores del Llano UTRALLANO CGT (Meta, Villavicencio)
111. Vivamos Humanos
112. Zona de Biodiversidad Casa de las Memorias – CONPAZCOL (Huila, Palestina)

[1] Esto incluye los avances parciales de algunas de las mesas de diálogo de paz y las mesas sociojurídicas.

Author: Comunicaciones