Desde el Programa Somos Defensores, rechazamos de manera categórica los hechos de violencia ocurridos en los últimos días en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca que dejan hasta el momento por lo menos 20 personas asesinadas, entre ellas menores de edad. En medio de este dolor expresamos nuestra solidaridad con las familias de las víctimas y con las comunidades que hoy exigen que se detenga la estela de horror que están llevando a cabo los actores armados ilegales que operan en el territorio, principalmente el grupo posacuerdo de paz: Estado Mayor Central.
La violencia no solo arrasa con vidas, también busca silenciar a quienes luchan por los derechos de las comunidades. En este contexto, las autoridades indígenas y personas defensoras de derechos humanos quedan aún más expuestas, ya que son quienes denuncian, alertan, acompañan a las víctimas y por eso mismo, muchas veces, terminan en la mira de los victimarios.
Exigimos al Estado respuestas que no sean de trámite. Investigaciones serias, rápidas, independientes. Que identifiquen a los responsables y los sancionen. Pero también medidas reales de protección para las comunidades y para quienes ejercen liderazgo social en estos territorios.
A los actores armados exigimos cesar de manera inmediata cualquier acción contra la población y cumplir con el Derecho Internacional Humanitario. Nada —absolutamente nada— justifica el terror, la muerte y los ataques.
Al país, hacemos un llamado a que cuidemos y apoyemos a las comunidades del Cauca.
La tragedia que genera la violencia no puede ser motivo para discursos de odio ni para hacer campañas contra la necesidad de seguir buscando la paz en Colombia.
