El año con mayor violencia letal contra personas defensoras de derechos humanos durante el gobierno de Gustavo Petro fue el 2025. Así lo evidencian los 165 asesinatos y las 874 agresiones verificadas por el Sistema de Información del Programa Somos Defensores durante esa anualidad. Dos cifras que deben ser valoradas, entre otras cosas, a la luz del lamentable aumento en las afectaciones humanitarias que se han profundizado en Colombia.
Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, “más de 1,6 millones de personas fueron impactadas por violencia y conflicto armado en 2025”, una cifra que se triplicó comparada con el año inmediatamente anterior y que, en algunas agresiones como los confinamientos y los desplazamientos, alcanzaron los índices más altos desde el 2013, cuando dicho organismo multilateral comenzó a hacer este monitoreo (OCHA, 2026).
Cuando se hace alusión al incremento de la violencia, distintos sectores han optado por referirse al “fracaso de la paz total”, una tesis con numerosos argumentos a favor, que en todo caso trasciende a un problema de diseño de política pública. De hecho, desde que comenzó la instalación de distintos diálogos territoriales, se emitieron numerosas advertencias en torno al proceder de los actores armados ilegales y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, sin que esta dependencia estuviera dispuesta a escuchar a la representación de la sociedad civil. En la práctica, tuvo lugar un desconocimiento de los llamados realizados desde instancias donde participan numerosos liderazgos de todo el país, como la Mesa Nacional de Garantías y sus expresiones territoriales. Se replicaron entonces prácticas lamentables de anteriores gobiernos, que tampoco han dado la importancia que merecen estos espacios, cuyo reconocimiento real debe trascender a la convocatoria, creación y financiación de los mismos.
A la luz de estos hechos, reiteramos que el actual gobierno nacional no ha priorizado el reconocimiento y la protección de quienes defienden los derechos humanos en Colombia. Por eso decidimos denominar este informe, que se publica a pocos meses de terminar la presidencia de Gustavo Petro, con el concepto de Promesas rotas. Una decisión con la que reiteramos la siguiente tesis: el incremento de la violencia selectiva que tuvo lugar en el año 2025 responde no solo a la poca receptividad que, en la práctica, tuvieron documentos como el Plan de Emergencia presentado dos días antes de comenzar el actual gobierno nacional, sino también a la falta de disposición para escuchar las exigencias que en los últimos años hizo el movimiento social frente a las crisis humanitarias y otros escenarios de riesgo que se profundizaban y que están íntimamente conectadas con el aumento de las agresiones contra las personas defensoras y los liderazgos sociales.
