Informe dedicado a Nawar Jiménez lideresa social, trabajadora sexual, activista por los derechos de las personas trans y víctima del conflicto armado asesinada en El Carmen de Bolívar
En Colombia, ser una persona LGBTIQ+ sigue siendo una condición de alto riesgo. Lejos de tratarse de hechos aislados, o coyunturales, la violencia contra esta población responde a patrones estructurales sostenidos en el tiempo por el prejuicio, la impunidad estructural y sistemática sostenida por la inacción estatal.
El más reciente informe de Caribe Afirmativo llamado Un sistema que falla: prejuicio, violencia e impunidad contra personas LGBTIQ+ demuestra como durante 2025, en Colombia fue asesinada una persona LGBTIQ+ cada 32 horas. Se documentaron al menos 270 homicidios, lo que representa un incremento cercano al 60% frente a periodos anteriores, posicionándose como uno de los países más violentos de América Latina para esta población, en disputa con Brasil y México.
Este panorama resulta especialmente alarmante en un momento simbólico, cuando se cumplen 10 años del Acuerdo de Paz suscrito entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC – EP) y del reconocimiento del matrimonio igualitario. La pregunta es inevitable: ¿Qué tipo de paz estamos construyendo si amplios sectores de la población siguen siendo perseguidos y asesinados por su identidad?
Violencia estructural, no hechos aislados
La violencia contra personas LGBTIQ+ no comienza con el homicidio. Está precedida por múltiples formas de agresión que escalan progresivamente:
• 2.928 casos de violencia documentados, lo que equivale a un caso cada 6 horas
• 1.531 hechos de violencia intrafamiliar, afectando en un 60% a mujeres lesbianas
• 628 víctimas de violencia sexual, principalmente lesbianas y bisexuales
• 1.184 amenazas, es decir, 3 personas amenazadas al día (cada 7,4 horas)
Estas agresiones y múltiples tipos de violencia, se desarrollan en un entorno donde los discursos de odio, la estigmatización y la deshumanización han sido progresivamente normalizados, tanto en escenarios físicos como digitales, contribuyendo a la legitimación social de la violencia.
De la amenaza al asesinato: una cadena que el Estado no rompe
Las amenazas, muchas de ellas originadas en redes sociales, evidencian un patrón claro: la violencia digital se traduce en violencia física y, en muchos casos, en asesinatos.
En 2025 se registraron 553 amenazas en Bogotá, 98 en Antioquia, 69 en Atlántico y 60 en Valle del Cauca, siendo estos territorios, junto con el Valle del Cauca y Antioquia, algunos de los más peligrosos para las personas LGBTIQ+. Además, al menos 93 personas defensoras de derechos humanos LGBTIQ+ fueron amenazadas, lo que agrava el panorama de riesgo.
La pregunta es urgente: ¿cuántos homicidios se habrían evitado si el Estado hubiera actuado oportunamente ante las amenazas?
Crueldad, impunidad y abandono
Los asesinatos contra personas LGBTIQ+ están marcados por altos niveles de sevicia, incluyendo la tortura, desmembramiento, desaparición forzada y ejecuciones con tiros de gracia.
Muchos de estos crímenes ocurren en espacios privados como viviendas u hoteles, en contextos asociados a economías informales o de supervivencia. Las víctimas suelen ser personas con bajas redes de apoyo, en condiciones de vulnerabilidad o fuera de sus territorios de origen, lo que incrementa el subregistro y dificulta el acceso a la justicia.
A esto se suma la violencia institucional y la falta de investigación efectiva, que consolidan un escenario de impunidad sistemática.
Agendas de odio y control armado
En varios territorios, grupos armados ilegales continúan ejerciendo control social mediante violencia dirigida contra personas LGBTIQ+, reforzando “agendas de odio” que buscan disciplinar cuerpos e identidades diversas.
Este fenómeno evidencia que la violencia no solo es social, sino también política y territorial.
Un llamado urgente
Desde una perspectiva de derechos humanos, es claro. El sistema, el Estado, la familia y la sociedad, estamos fallando. La persistencia de estas violencias demuestra que no basta con avances normativos si no se traducen en garantías reales para la vida y la dignidad. La falta de prevención, la débil respuesta institucional y la normalización social de la violencia están costando vidas.
