El más reciente informe de Amnistía Internacional vuelve a poner el foco donde incomoda. A pesar de los diálogos de paz y de las mesas sociojurídicas con diferentes grupos y estructuras armadas, en el marco de la Política de Paz Total, la violencia no cede, sino que se transforma, fragmenta y adapta, agudizándose en los territorios históricamente abandonados. El informe también advierte sobre las nuevas dinámicas de violencia, el uso indiscriminado de drones con explosivos, mayor fragmentación de grupos armados y un control social más agresivo.
No es una percepción. Es una tendencia sostenida.
De acuerdo al informe, durante 2025, el país registró 2.794 hechos de violencia y 1,6 millones de personas afectadas, siguiendo la tendencia que había avizorado el Comité Internacional de la Cruz Roja, que ya había advertido que este sería uno de los peores años de la década. Y no se equivocaron. En medio de ese panorama, las personas defensoras de derechos humanos siguen sufriendo daños desproporcionados por llevar a cabo su labor. La evidencia de esto es la alusión que hace Amnistía Internacional a las cifras del Sistema de Información del Programa Somos Defensores, que documentó 509 agresiones entre enero y septiembre de 2025. La cifra no es menor, pero lo más inquietante es el ritmo: 1,67 agresiones diarias en el periodo analizado. Una reducción aparente frente al año anterior que, en realidad, no alcanza a ocultar lo evidente: el riesgo se mantiene alto y sostenido; por ello, 2025 se ha registrado como el año más letal y con más agresiones en contra de personas defensoras durante el gobierno Petro y el tercero más alto en los últimos 10 años.
Hay algo más. No se trata solo de violencia física.
La estigmatización sigue siendo una estrategia recurrente en contra de las personas defensoras. Declaraciones públicas por parte del gobierno nacional que señalan a organizaciones sociales, campañas de desprestigio en redes sociales, acusaciones sin sustento no son un detalle menor. Ese tipo de discursos abren la puerta a otras agresiones más graves y las legitima. Esto ocurre en paralelo a otra realidad y es que las respuestas institucionales continúan siendo fragmentadas y la agenda de garantías existente a nivel nacional no se implementa integralmente muestra de ello es que aún no se ha expedido la Política Pública Integral de Garantías para la Labor de Defensa de Derechos Humanos, por otra parte, la Mesa Nacional de Garantías se reúne, sí, pero sin avances estructurales debido a la falta de compromiso por parte del gobierno nacional y de otras entidades del Estado como la Fiscalía General de la Nación, es así, como las medidas de protección llegan tarde o no llegan.
Mientras tanto, los territorios más afectados —Cauca, Nariño, Chocó, Catatumbo, Nordeste antioqueño— continúan siendo escenarios de disputa armada. Las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas cargan con la peor parte. Y quienes lideran los procesos organizativos en esos territorios quedan atrapados entre actores armados, intereses económicos y ausencia estatal integral.
A esto se suma un dato que suele pasar desapercibido, y es que personas defensoras que han huido de otros países —como Venezuela— enfrentan en Colombia un entorno hostil para continuar su labor. Es decir, ni siquiera el exilio garantiza protección. Sin embargo, en medio de este contexto adverso que implica amenazas, señalamientos, hostigamientos, atentados y violencia letal, las personas defensoras continúan documentando, denunciando, acompañando comunidades, exigiendo verdad y justicia. El mensaje de fondo del informe de Amnistía Internacional es claro: no basta con hablar de paz si no se garantiza la vida de quienes la defienden. Porque sin personas defensoras no hay democracia posible. Y porque en Colombia, hoy, defender derechos humanos sigue siendo una actividad de alto riesgo.
