Nuevo informe revela que 1.118 agresiones contra defensoras de derechos humanos ocurrieron entre 2020 y 2024. Las organizaciones advierten graves rezagos en la implementación de la política pública creada para protegerlas.
Bogotá, Colombia 30 de julio de 2026.
Mientras Colombia mantiene una de las cifras más altas de violencia contra quienes defienden derechos humanos en el mundo, las mujeres siguen enfrentando riesgos diferenciados que continúan sin recibir una respuesta efectiva del Estado.
El nuevo informe «Defensoras. Voces de vida y resistencia. Volumen II», elaborado por el Programa Somos Defensores, Limpal Colombia y Corporación Sisma Mujer, documenta 1.118 agresiones contra mujeres defensoras de derechos humanos entre 2020 y 2024, un panorama que evidencia que la violencia no ha disminuído y que las medidas institucionales siguen siendo insuficientes.
Las mujeres representan una de cada cuatro víctimas en Colombia
Durante el quinquenio analizado fueron victimizadas 4.043 personas defensoras de derechos humanos, de las cuales 1.024 eran mujeres, equivalentes al 25 % del total de las denuncias registradas. El informe advierte que, incluso en años donde las agresiones generales disminuyeron, la violencia contra las mujeres aumentó.
El caso más representativo ocurrió durante 2023, año de elecciones territoriales, cuando las agresiones contra defensoras crecieron 7 %, mientras las registradas contra hombres disminuyeron 14 %.
Asesinatos de defensoras aumentó un 10%
Al comparar este nuevo estudio con el primer informe publicado por las organizaciones, el análisis muestra un deterioro preocupante.
Entre los periodos 2013-2019 y 2020-2024, la proporción de asesinatos contra mujeres defensoras pasó del 6 % al 10 %, mientras los atentados aumentaron del 4 % al 7 %, evidenciando una escalada en la violencia extrema.
El informe señala que las agresiones no pueden entenderse únicamente desde el conflicto armado, sino como una violencia sociopolítica de género, en la que confluyen discriminaciones históricas, raciales, económicas y territoriales que incrementan los riesgos para las mujeres que ejercen liderazgo social y ambiental.
Las defensoras indígenas siguen siendo las más afectadas
El informe también revela que las mujeres indígenas continúan siendo el sector más atacado.
Durante el periodo estudiado, 233 defensoras indígenas fueron víctimas de agresiones, equivalentes al 23 % del total de mujeres victimizadas. Les siguen las activistas de derechos humanos, quienes enfrentaron un incremento significativo de agresiones durante las movilizaciones sociales de 2021, especialmente judicializaciones y desapariciones forzadas.
La política pública existe, pero no funciona plenamente
Uno de los principales hallazgos del informe es el balance sobre el Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras (PIGMLD).
Aunque esta política fue creada para responder a los riesgos específicos que enfrentan las mujeres defensoras, su implementación presenta serias deficiencias.
La evaluación realizada por las organizaciones muestra que:
- 62 % de las acciones presentan bajo nivel de cumplimiento.
- 20 % muestran avances parciales.
- Apenas 18 % registran un cumplimiento adecuado.
El informe identifica problemas de articulación institucional, falta de recursos, debilidades territoriales, baja coordinación entre entidades y una prolongada inactividad de los mecanismos creados para garantizar la implementación del programa.
Persisten la impunidad y los responsables desconocidos
El estudio también alerta sobre las dificultades para investigar y sancionar a los responsables.
Durante el periodo analizado, los autores desconocidos concentraron el 40 % de las agresiones (446 casos), mientras que estructuras paramilitares fueron responsables del 31 % (344 casos), factores que continúan alimentando la impunidad y la repetición de la violencia.
Las recomendaciones
Las organizaciones hacen un llamado al Gobierno nacional para fortalecer de manera urgente el Programa Integral de Garantías mediante:
- Su formalización mediante decreto.
- Recursos específicos para su implementación.
- Territorialización efectiva de la política pública.
Y de forma simultánea, el fortalecimiento de medidas colectivas e individuales, el reconocimiento público de la labor de las defensoras, y el reconocimiento de medidas de prevención frente a las violencias físicas, políticas y digitales, entre otras.
