PRESENTACIÓN
Las personas LGBTIQ+ también somos defensoras de Derechos Humanos
La visibilidad de las personas sexo-género diversas en Colombia ha estado cruzada por tres acciones coyunturales: 1) el recibo violento que en el país ha tenido la diversidad, del que no escapa la sexual y de género, activando como reacción acciones físicas, verbales y simbólicas, motivada por un alto nivel de indiferencia de la ciudadanía, 2) la ausencia del Estado para reconocer a las personas sexo-género diversas como sujetas de derechos, sustentando su acción en imaginarios morales antidemocráticos que ponen en jaque la igualdad como derecho y 3) la instalación y cada vez con mayor crecimiento de grupos neofascistas que con lenguaje anti derechos han venido tomando espacios políticos, para arrebatarle a la democracia su principal tarea: consolidar la igualdad como derecho, invocando principios y acciones que clasifican la ciudadana como una relación de privilegios y no como consecuencia de la dignidad humana.
Situación que, además, en términos espacio temporales, empezó a ser demanda desde finales de los años 70 y con mayor contundencia entre la década del 80, 90 y la primera de este siglo; cuando las personas, hasta entonces englobadas con la designación “homosexuales” renuncian a seguir en el anonimato por presiones religiosas (señalados como pecadores), médicas (diagnosticadas como enfermas) y penales (tipificados como delincuentes). Precisamente en 1980 arranca un proceso de cambio lingüístico en las instituciones de poner fin a estas clasificaciones: el nuevo código penal de 1980 ya no contiene el delito de la sodomía, la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1990 retira la diversidad sexual como enfermedad y el 2017 la transexualidad como patología y diferentes iglesias y credos religiosos han dejado de perseguir vehementemente a las personas sexo-género diversas e incluso algunas han aperturado espacios de visibilidad. Esta realidad contextual, fue el caldo de cultivo en nuestro país de activismos, procesos organizativos y acciones colectivas que están documentadas en varias ciudades y varios momentos del país, como es el caso de la presencia de un colectivo de personas homosexuales, en la marcha del 1 de mayo en 1975 en Cartagena, la presencia violencia por prejuicio jerárquico o excluyente hacia las personas LGBTIQ+, ha permitido que la acción movilizadora del colectivo y la acción política de sus liderazgos tenga en primer renglón la defensa a la vida y la garantía de derechos.
