SUROCCIDENTE
La situación de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH) en el suroccidente colombiano en 2025 particularmente en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño, estuvo marcada por una crisis humanitaria persistente y el recrudecimiento de la violencia armada por la disputa por el control territorial y las economías ilícitas. Estos conflictos han generado patrones de agresión sistemáticos contra la población civil.
El departamento del Cauca sigue siendo el epicentro de la violencia letal en la región; entre enero y agosto de 2025, se registraron 524 homicidios en este territorio (Defensoría del Pueblo, 2025a), aunque la cifra no devela que todas se constituyan como violaciones a los derechos humanos, sí evidencia que el panorama sigue siendo crítico debido a la presencia de grupos armados que se disputan puntos estratégicos. En cuanto a las masacres, se documentaron 5 eventos durante los primeros nueve meses de 2025 en el Cauca, ocurridos en los municipios de Miranda, Guachené, Mercaderes, Bolívar y Popayán, con un promedio de más de tres víctimas por suceso. Por su parte, la desaparición forzada ha cobrado fuerza como mecanismo de control social, reportándose 24 casos entre enero y agosto de 2025, con una alarmante concentración de 31 casos acumulados en la ciudad de Popayán (Defensoría del Pueblo, 2025a).
A su vez, la movilidad humana ha sido gravemente afectada por el conflicto armado que vive este territorio; durante el 2025, se presentaron 14 eventos de desplazamiento masivo en el Cauca, afectando a 1.290 familias (3.393 personas) (Defensoría del Pueblo, 2025a). Mientras que el confinamiento de comunidades se ha perpetuado como una estrategia de control territorial y social silencioso. A septiembre de 2025, se registraron 8 eventos de confinamiento, que han mantenido atrapadas a 12.463 personas en municipios como Cajibío, Guapi, Argelia y Suárez (Defensoría del Pueblo, 2025a).
Ahora bien, el año 2025 evidenció una preocupante sofisticación en los métodos de guerra, con un uso sistemático de drones carga dos con explosivos y artefactos no convencionales. En el municipio de Suárez, el Frente Jaime Martínez intensificó el uso de drones, afectando bienes civiles y confinando a comunidades rurales en veredas como El Amparo y Playa Rica (Defensoría del Pueblo,2025a).
