El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) rechaza de manera contundente y denuncia ante la comunidad nacional e internacional las amenazas de muerte de las que han sido víctimas Argemiro Lara, Lácides Palme, Leder , Candelaria Barrios, José Marrugo, Osvaldo Contreras y Andrés Narváez, liderazgos sociales y comunitarios de los Montes de María.
Las siete personas defensoras de derechos humanos y del territorio recibieron un mensaje de texto en el que el remitente, quien se identifica como comandante de la estructura paramilitar autodenominada Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), más conocida como El Clan Golfo, los declara objetivo militar y les da un plazo de 73 horas para abandonar el territorio, bajo amenaza contra sus vidas. El mensaje también señala al Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) y estigmatiza el trabajo de quienes acompañan a las comunidades en la defensa de sus derechos.
Entre las personas amenazadas se encuentran Argemiro Lara, Candelaria Barrios y Andrés Narváez, integrantes del capítulo Sucre del Movice. Candelaria Barrios, además, es secretaria técnica del capítulo, desde donde desarrolla labores de organización y defensa de los derechos de las víctimas y las comunidades.
Esta amenaza ocurre en una región marcada por décadas de violencia política, despojo y persecución contra las comunidades campesinas y sus liderazgos. La comunidad de los Montes de María ha padecido las consecuencias de la criminalidad de Estado y la estrategia paramilitar, que a través de las armas y el miedo han determinado quién puede permanecer en el territorio y buscado detener la labor de defensa de los derechos humanos, el ambiente y el territorio. Por lo tanto, esta amenaza no puede ser entendida como un hecho aislado, sino como una práctica criminal sistemática para silenciar a quienes ejercen su derecho a defender derechos.
Quienes hoy están siendo amenazados son personas que han decidido permanecer en sus territorios, organizarse y defender la vida, la tierra, la memoria y los derechos de las víctimas de crímenes de Estado. Amenazarlos es también intentar silenciar los procesos organizativos que durante años han construido las comunidades de los Montes de María.
No aceptamos que la defensa de los Derechos Humanos sea convertida en un motivo para perseguir y amenazar, que la estigmatización de los liderazgos sociales vuelva a abrir el camino a la violencia ni que las amenazas sean utilizadas como mecanismo para expulsar a las comunidades de sus territorios. No permitiremos que quienes trabajan por la defensa de las víctimas y la construcción de paz con justicia social sean nuevamente perseguidos por hacerlo. Desde el Movice reiteramos: no permitiremos que amenacen a quienes han defendido la vida y los territorios.
Por ello exigimos:
● Al Gobierno Nacional, a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y a las autoridades competentes adoptar de manera inmediata medidas efectivas de protección para las siete personas amenazadas, sus familias y sus comunidades.
● A la Fiscalía General de la Nación investigar de manera urgente el origen de esta amenaza, identificar y sancionar a los responsables y establecer las circunstancias en las que fue emitida, así como su posible relación con las labores de defensa de Derechos Humanos y organización comunitaria que desarrollan las personas señaladas.
● Al Gobierno Nacional implementar el Decreto 1028 del 5 de agosto de 2026, que adopta la Política Pública Integral de Garantías para el Liderazgo y la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia y reconozca su importancia, así como la de las políticas adoptadas recientemente en esta materia: el Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos, reglamentado mediante el Decreto 980 de 2026; la Política Pública de Desmantelamiento de Organizaciones Criminales responsables de agresiones contra personas defensoras, establecida en el Decreto 665 de 2024, el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, formalizado mediante el Decreto 585 de 2026; y la Sentencia SU546 de 2023 que reconoce el estado de Cosas Inconstitucional por las graves agresiones en contra de las personas defensoras de DDHH.
Asimismo, exigimos garantías para que los liderazgos sociales puedan permanecer en sus territorios y continuar desarrollando su labor en defensa de los derechos humanos sin ser perseguidos, estigmatizados ni amenazados.
Hacemos un llamado a las organizaciones sociales, plataformas de Derechos Humanos, organismos internacionales y a la sociedad colombiana a rodear y acompañar a estos liderazgos.
Porque quienes han defendido la vida durante años no pueden ser obligados a abandonar sus territorios.
La defensa de la vida y los territorios no es un delito. La organización social no puede ser una sentencia de muerte. A quienes defienden la vida se les protege, no se les persigue.
Suscriben
● Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice)
● Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar)
● Programa Somos Defensores
● Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU)
● La Alianza: Organizaciones sociales y afines por una cooperación para la paz y la democracia en Colombia.
● La Asociación para la Promoción Social Alternativa MINGA.
● Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP)
