- Según datos del Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos (SIADDHH) del Programa Somos Defensores, de 2010 a 2025 mil 831 personas defensoras de DD.HH fueron asesinadas.
- El asesinato de María Ovidia y James no puede convertirse en una cifra más. Sus asesinatos golpean directamente a los procesos sociales que han defendido a las víctimas, los derechos humanos y la construcción de paz en el Cauca.
Bogotá, 2 de septiembre de 2026. Las víctimas y cientos de organizaciones defensoras de derechos humanos de todo el país que integramos el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), las plataformas de DDHH, como La Alianza y la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, así como la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) y el Programa Somos Defensores, rechazamos de manera contundente el asesinato de la lideresa yanakuna María Ovidia Palechor y de su compañero, el líder social campesino James Flor, e instamos a la comunidad nacional e internacional a no permanecer indiferentes ante la persecución sistemática contra quienes ejercen su derecho a defender los derechos humanos en Colombia. Exigimos al Estado y al gobierno que se esclarezcan los hechos, se haga justicia y se garantice la no repetición de estos crímenes.
En la madrugada del 1 de septiembre de 2026, varios hombres armados ingresaron a la vivienda donde se encontraban María Ovidia y James y les dispararon, causándoles la muerte. Ambos eran reconocidos liderazgos de la comunidad de La Pedregosa y habían advertido reiteradamente sobre las amenazas y los riesgos derivados de la presencia y el amedrentamiento de actores armados en el territorio. Esto hecho no es aislado: antecede al reciente asesinato del hijo de la lideresa en Jamundí y el homicidio de dos firmantes de paz en Cajibío. En este último municipio, además, hace tres semanas fue secuestrada una joven y murieron 22 personas —la mayoría mujeres— tras un atentado contra la chiva en la que se movilizaban.
María Ovidia, mujer Yanakuna, defensora de derechos humanos y ex coordinadora del Programa de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos y del Programa Mujer del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), acompañaba las iniciativas comunitarias de paz de La Pedregosa, reconocido como Territorio de Paz, y lideraba las denuncias y reclamaciones relacionadas con los hechos ocurridos en El Túnel el 25 de abril de 2026. James Edimer Flor, líder campesino y representante de víctimas, dedicó su trabajo a la defensa de las comunidades campesinas, del territorio y de los derechos de quienes han sufrido la violencia y desigualdad.
La gravedad de estos hechos no puede separarse de sus trayectorias y del trabajo que ambos desarrollaban en el territorio. El asesinato de dos liderazgos reconocidos, en su propia vivienda y en un contexto de amenazas previamente denunciadas, revela una dimensión selectiva que las autoridades estan obligadas a esclarecer, y constituye un grave golpe contra los procesos comunitarios de defensa de los derechos humanos, las víctimas y la construcción de paz.
Resulta especialmente grave que, pese a las alertas y solicitudes de protección realizadas por las comunidades y sus liderazgos, estos hechos continúen ocurriendo. La persistencia de los asesinatos demuestra que las medidas adoptadas hasta ahora no son suficientes para garantizar la vida y la integridad de quienes ejercen liderazgo social, ni para enfrentar las estructuras y dinámicas de violencia que disputan el control de los territorios.
Por ello exigimos al Estado:
- Una investigación pronta, independiente y exhaustiva que esclarezca los hechos, identifique a los autores materiales e intelectuales y determine las responsabilidades que correspondan.
- Medidas inmediatas y colectivas de protección para las comunidades y liderazgos de Cajibío y el Cauca, así como una respuesta integral del Estado frente a las condiciones que han permitido la continuidad de estos hechos.
- Detener la estigmatización de los liderazgos territoriales y garantizar el respeto de la labor de defensa de los DD.HH que adelantan hombres y mujeres en el país.
Es momento de priorizar mecanismos que conduzcan a una solución real del conflicto y no seguir profundizando escenarios de violencia. Lo ocurrido demuestra que responder únicamente desde la confrontación no está garantizando la vida de las comunidades y, por el contrario, agrava las condiciones que permiten nuevas expresiones de violencia. Se requieren respuestas estructurales que garanticen la protección de la población, el desmantelamiento de las estructuras que ejercen violencia y condiciones reales para que las comunidades puedan permanecer, organizarse y construir paz en sus territorios.
El asesinato de María Ovidia y James no puede convertirse en una cifra más. Sus asesinatos golpean directamente a los procesos sociales que han defendido a las víctimas, los derechos humanos y la construcción de paz en el Cauca.
Frente a esta violencia, reafirmamos nuestro compromiso con las comunidades y los pueblos y con quienes, desde los territorios, continúan defendiendo la vida y construyendo alternativas de paz. Exigimos verdad, justicia y garantías reales de no repetición: ninguna vida más puede ser silenciada por defender el territorio y la dignidad.
Firman:
- Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice)
- Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU)
- Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP)
- Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar)
- Programa Somos Defensores
- Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Reiniciar
- La Alianza de Organizaciones Sociales y Afines por una Cooperación Internacional para la Paz y la Democracia en Colombia
- Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo
