Para las y los colombianos la paz es una historia que siempre vale la pena escribir. No importa el momento de la historia en la que esta se plantee como una oportunidad, gran parte de la población, desde todos los territorios pone toda su energía en apoyar los procesos e iniciativas, con la esperanza de que en sus comunidades se silencien las armas y la vida deje de ser una moneda con la que se puede tranzar.
Por esa razón cuando en el 2022 se abrió la posibilidad de que al poder llegara un gobierno cuya principal apuesta era la paz y la garantía de los derechos, desde todos los rincones del país las personas se movilizaron a partir de un deseo de cambio, con una fuerza y una expectativa que ni las desilusiones ni la crueldad de la guerra ha logrado menguar. Lamentablemente, a casi dos años de inicio del Gobierno el relato de la paz ha quedado en puntos suspensivos.
A pesar de los esfuerzos y las voluntades políticas, la espera en los territorios se ha hecho mucho más larga de lo deseado y los ritmos lentos de las decisiones y de la burocracia no concuerdan con la velocidad a la que avanza la guerra en casi todos los departamentos del país. Mientras la población civil espera algún avance en materia de garantías y de paz, los riesgos siguen en aumento, al igual que el número de vidas arrebatadas por la violencia, particularmente en medio de la violencia selectiva.
En este contexto, durante el 2023 las personas defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales fueron víctimas de 765 agresiones, una cifra menor frente al 2022 que es importante pero que no representa un cambio significativo en las tendencias de las agresiones. Quienes defienden los derechos continúan siendo víctimas de múltiples formas de violencia como asesinatos, amenazas, atentados, desplazamientos forzados, desapariciones forzadas, robos de información, detenciones arbitrarias, secuestros, judicializaciones, torturas y violencia sexual. La persistencia de estas agresiones es una muestra de que no se ha avanzado en el país en las garantías para ejercer el derecho a defender los derechos humanos.
Si bien se sabe que los cambios toman tiempo y que la guerra no se elimina de la noche a la mañana, se han dado pasos en el último periodo que generan una impresión de que poco se toma en cuenta a las comunidades y a la sociedad civil organizada, a quien cada vez más le cuesta interlocutar con algunas instancias del Gobierno o accionar cambios de la manera que se esperaba.
