SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE AGRESIONES CONTRA DEFENSORAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA -SIADDHH
Huérfanos. Huérfanos en un camino difícil y peligroso. Huérfanos: más de 31 hijos e hijas, resultado de 29 asesinatos. Huérfanos… así están los defensores, defensoras y líderes sociales en las diversas zonas de Colombia, donde las instituciones estatales, gubernamentales, y muchos sectores de la sociedad en general han naturalizado la muerte de estas personas, como un hecho cotidiano y hasta normal. Esa es la realidad que registra este Informe del primer semestre de 2012, del Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores y Defensoras de Derechos Humanos – SIADDHH, del Programa Somos Defensores.
La soledad es la constante del trabajo de cientos de hombres y mujeres que, de manera voluntaria, heroica y con la palabra y la voz como sus armas, diariamente defienden los derechos de sus comunidades, en un país que reconoce la guerra, pero no hace nada para detenerla. Orfandad, soledad y desconocimiento; palabras que para los defensores(as) en Colombia tristemente son comunes. Comunes por las acciones del Estado que, aunque intenta protegerlos, no lo logra efectivamente; por un conflicto armado que los pone en el centro de los ataques desde todos los flancos; y por una opinión pública que desconoce su importancia.
Este informe da cuenta también del número de huérfanos que quedan en las familias de estos hombres y mujeres que, aun sabiendo el costo de su labor, se arriesgaron a realizarla. Son 29 víctimas que dejan más de 31 huérfanos, en su mayoría menores de edad. En varios de los casos, el esposo, esposa, hermanos o padres del defensor(a) también fueron víctimas de los hechos de violencia, dejándolos heridos o, en el peor de los casos, muertos. ¿Podrán recuperase estos niños y niñas de las ausencias definitivas? ¿Contarán estos huérfanos con el apoyo del Estado? ¿Quién garantizará una vida digna para estos niños, niñas, jóvenes y en general, familias que quedan en la orfandad producto de la violencia? ¿Quién defiende los derechos de las familias de estos defensores(as)?
Estos defensores(as) eran colombianos en su mayoría de extracción humilde, indígenas, afrodescendientes, campesinos, comunales y profesores.
La orfandad y la afectación a sus familias también está relacionada con las circunstancias en que son asesinados, pues del total de casos, diez se produjeron en sus viviendas o en inmediaciones de ellas, delante de sus familiares. Esto es un indicador de la inmensa indefensión en que se encuentran estos defensores, normalmente desde territorios rurales, apartados, y expuestos a los actores violentos de poder.
Al igual que en los informes anteriores, un número importante de defensores y defensoras asesinados en el primer trimestre de 2012, correspondía a líderes indígenas (13), recordando que de los 49 defensores que registramos asesinados en el 2011, también 19 eran indígenas. Esto muestra que los pueblos indígenas se convirtieron en obstáculos para las pretensiones de actores armados y otros actores poderosos de las regiones, y por tanto se niegan a reconocerlos como gobernadores de sus territorios y poseedores de derechos constitucionales y ancestrales. De nada han servido a las comunidades indígenas los autos proferidos por la Corte Constitucional para salvaguardarlas y los diferentes espacios de interlocución y concertación crea-dos con el Gobierno Nacional para defender sus derechos, pues los resultados saltan a la vista: Exterminio.
Todo este panorama de agresiones se presenta de manera paralela a la permanente interlocución que las plataformas de derechos humanos y sectores sociales agrupa-dos en Techo Común, tienen con el Estado y el Gobierno Nacional en el espacio de la Mesa Nacional de Garantías, el cual ya completó tres años de permanencia, y que fue creado justo para exigir del establecimiento garantías ciertas para el ejercicio de la labor de defensa de los derechos humanos. Sin embargo, los hechos son disientes y las entidades oficiales no muestran resultados que contrarresten esta realidad.
No escapa a este contexto, el contraste. Mientras líderes y defensores en estado de indefensión realizan su labor; la clase política y dirigente de este país, altos funcionarios y ex funcionarios públicos, miembros de la Fuerza Pública, congresistas y hasta miembros de la diplomacia colombiana, siguen apareciendo en cientos de investigaciones judiciales por sus vínculos con grupos mafiosos, paramilitares y narcotraficantes. Así las cosas, difícilmente se puede esperar que mejore la situación, pues quienes tienen el deber de hacer cumplir las leyes y la Constitución Política, no sólo la violan, sino que están al servicio o son aliados de los agresores.
Ante este preocupante panorama, nuestro Informe semestral titulado “Un Camino Solitario” pretende dar rostro a esas tragedias que ocurren en organizaciones, familias y comunidades apartadas de los grandes escenarios políticos nacionales e internacionales. Esos muertos por los que pocos reclaman, pero que entregaron hasta su vida por defender lo justo para sus comunidades.
Agradecemos a todas las organizaciones sociales y de derechos humanos, colectivos sociales y culturales, centros de pensamiento, organizaciones de mujeres, afrodes-cendientes, indígenas, campesinos, movimiento LGBTI, organizaciones internacionales de derechos humanos y todos aquellos que colaboraron de manera directa con su información y contactos para la realización de este informe y que por obvios motivos de seguridad no deben ser mencionados.
Agradecemos especialmente el apoyo financiero de la Embajada de Holanda, y las agencias de cooperación internacional MISEREOR, Terre des Hommnes – Schweiz y Terre des Hommnes – Suisse, ya que sin ellas este informe no hubiese sido posible.
