Defender los derechos humanos en Colombia continúa siendo una labor marcada por el riesgo. Así lo señala el nuevo informe del Área de Protección y Pedagogía del Programa Somos Defensores, que documenta la situación que enfrentan personas defensoras y organizaciones sociales en el país y presenta las medidas implementadas durante 2025 para salvaguardar la vida y la continuidad de los procesos organizativos.
En un contexto atravesado por la persistencia del conflicto armado, las crisis humanitarias y la disputa territorial entre grupos armados ilegales, el Programa Somos Defensores otorgó 145 medidas de protección directa, de las cuales 124 fueron individuales y 21 estuvieron dirigidas al fortalecimiento colectivo, la construcción de protocolos de autoprotección y la seguridad digital.
Las acciones implementadas incluyeron pasantías nacionales e internacionales, ayudas humanitarias, casas de protección, acompañamiento psicosocial y apoyo a organizaciones sociales en riesgo. La inversión total superó los 331 millones de pesos.
“El riesgo no solo recae sobre las personas. También busca afectar la permanencia y la capacidad de acción de los procesos organizativos y comunitarios”, señala el informe.
La Paz Total no se ha traducido en mayores garantías
Aunque el Gobierno nacional ha mantenido su apuesta por la denominada Paz Total, el informe advierte que los avances en las negociaciones no se han reflejado en una reducción efectiva del riesgo para las personas defensoras de derechos humanos y los liderazgos sociales.
Por el contrario, en distintas regiones del país persisten las amenazas, los desplazamientos forzados, los asesinatos selectivos y las restricciones impuestas por estructuras armadas que disputan el control territorial.
Los departamentos de Cauca, Nariño, Antioquia, Santander y Valle del Cauca continúan siendo escenarios críticos para la defensa de los derechos humanos.
La defensa del territorio concentra los mayores riesgos
Cerca de la mitad de las medidas de protección otorgadas beneficiaron a liderazgos campesinos, indígenas, afrodescendientes y ambientalistas, evidenciando los riesgos que enfrentan quienes defienden la tierra, el territorio, la naturaleza y el ambiente.
El informe destaca la situación que viven pueblos indígenas como el Nasa, en Cauca, y el Awá, en Nariño, cuyas autoridades tradicionales y guardias indígenas continúan siendo objeto de amenazas y ataques.
Protección colectiva y seguridad digital: una apuesta por fortalecer los procesos sociales
Además de las medidas individuales, el Programa Somos Defensores avanzó en el fortalecimiento de mecanismos colectivos de protección. Durante 2025 se apoyaron refugios humanitarios, se fortalecieron sedes organizativas, se acompañó a guardias indígenas y se promovieron espacios pedagógicos sobre protección y autoprotección.
De igual forma, catorce organizaciones sociales participaron en procesos de formación en seguridad digital y ocho de ellas lograron construir e implementar protocolos propios para proteger sus comunicaciones e información estratégica.
La protección salva vidas, pero también protege la democracia
El 88 % de las personas beneficiarias reportó mejoras en sus condiciones de seguridad y el 80 % aseguró haber podido continuar con su trabajo de defensa de derechos humanos, liderazgo social y protección del territorio.
Sin embargo, el Programa Somos Defensores advierte que las respuestas de emergencia son insuficientes frente a riesgos estructurales y prolongados.
Por ello, el informe plantea la necesidad de transformar el actual modelo estatal de protección y avanzar hacia un Sistema Nacional de Prevención y Protección con enfoque territorial, diferencial y colectivo, capaz de responder a las necesidades de las comunidades y garantizar el derecho a defender derechos humanos.
La organización también llamó al Gobierno nacional a fortalecer las garantías para las personas defensoras, cumplir integralmente las órdenes de la Sentencia SU-546 y establecer como una línea roja en los procesos de diálogo el cese de las agresiones contra líderes y lideresas sociales.
Datos clave
• 145 medidas de protección implementadas durante 2025.
• El 88 % de las personas beneficiarias reportó mejoras en su seguridad.
• El 80 % logró continuar con su labor de defensa de derechos humanos.
• Antioquia, Cauca, Bogotá, Valle del Cauca y Santander concentraron la mayor cantidad de medidas.
• La defensa del territorio y del ambiente continúa siendo uno de los liderazgos más expuestos a la violencia.
