SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE AGRESIONES CONTRA DEFENSORAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA -SIADDHH
Sí, así quisimos llamar esta edición del Informe Semestral Enero – Junio 2015 del Programa Somos Defensores, en memoria del escritor Eduardo Galeano; pero sobre todo, por la pertinencia de su conocido poema “Los Nadies” para describir lo que en realidad significan los defensores y defensoras de derechos humanos asesinados, tanto para el gobierno de Colombia, como para las autoridades judiciales de la Nación y para un país indolente que no se inmuta ante el perverso sacrificio diario de estos hombres y mujeres, quienes a pesar de ser anónimos para la opinión pública, eran de gran valor para sus organizaciones, comunidades y familias.
No nos cansamos de decir que en medio de una coyuntura política tan importante e histórica como la actual, donde está priorizada la búsqueda de la paz, aún no se dimensiona la valía del liderazgo social y de defensores en los territorios, para la construcción de una democracia real.
Desde el proceso de diálogos de la Habana, los actores del conflicto en su conjunto, han insistido en que la construcción de la paz debe hacerse desde y para las regiones, con las organizaciones sociales y las comunidades. Cierto, así ha de ser. Sin embargo, esos mismos actores poco les importa los liderazgos regionales, pues ni los protegen, ni los respetan y mucho menos comprenden que son precisamente esos hombres y mujeres quienes contribuirán en gran medida a facilitar y canalizar los pactos y acuerdos de paz en las regiones.
Este gobierno desde su primer mandato ha sido especialmente proclive a los diálogos y la concertación, de ahí las diversas mesas de negociación con varios sectores (campesinos, indígenas, afrocolombianos, mujeres, trabajadores, etc.). También ha prestado atención al Proceso Nacional de Garantías con las plataformas de derechos humanos, que justamente tiene como objetivo la protección de defensores, defensoras y liderazgos regionales y la construcción de garantías para el ejercicio de sus labores. No obstante, la realidad y las cifras advierten todo lo contrario: durante los gobiernos de Juan Manuel Santos, se han documentado aproximadamente 320 casos de homicidios de defensores y defensoras, amén de los atentados en su contra (200), las innumerables amenazas (1400), entre otras agresiones. Se suma a estas lamentables y elocuentes estadísticas, la impunidad total en que se encuentran.
Situaciones como estas hacen dudar del verdadero valor de la palabra del gobierno de Juan Manuel Santos en materia de paz y derechos humanos, y de sus intenciones de cumplir esa misma palabra empeñada en las mesas de negociación. De ahí la importancia que desde ya dé muestras ciertas de detener esa ola de crímenes contra líderes y defensores del movimiento social. Pero también que este gobierno lidere la política que presione a la Fiscalía General de la Nación a investigar los centenares de crímenes contra esta población e investigue y castigue a los responsables. En esto, el actual Ministerio de Justicia tiene una enorme cuenta pendiente con los defensores y defensoras de DD.HH. en Colombia.
También se equivoca el gobierno nacional en la política de protección para estos sectores vulnerables. Se equivocó desde el principio, como bien lo señaló el Programa Somos Defensores en sus informes, cuando el entonces ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, en su absoluta prepotencia, junto a su pupilo Andrés Villamizar, enrutaron la política de protección sobre un modelo de seguridad nacional, militarista, privatizada, individual y desprovista de enfoque de derechos humanos y seguridad ciudadana.
Pero además de un modelo equivocado e insostenible económicamente, entregaron la Unidad Nacional de Protección a la corrupción, los malos manejos y el despilfarro administrativo, como lo evidencian las investigaciones de la Fiscalía y la Contraloría y las cuales reiteramos en este Informe.
Por ello, hablar de paz para el gobierno debe de tener un sentido más allá de la desmovilización de las insurgencias y unas reformas cosméticas; si la clase política gobernante, no se despoja de su miopía e incapacidad de ver al país profundo, en vano será este contexto y esfuerzo de paz que se viene realizando. En consecuencia, los gobernantes deben entender de una vez por todas, que el movimiento social colombiano, es fundamental para la concreción de acuerdos, reformas y demás políticas que nacieron en estos años de ruptura del paradigma del conflicto armado interno y que se reflejarán en los territorios. Por tanto, otra forma de invertir en la paz, es proteger, defender y prevenir de agresiones contra los liderazgos sociales y defensores de derechos humanos. Garantizar desde ya la vida y libertad del movimiento social colombiano, es una buena cuota inicial para la sostenibilidad de un post – conflicto armado y la construcción de la paz.
Pero esto pasará obviamente, si el gobierno y Estado en general, dejan de “ver” a defensores y defensoras como “Los Nadies” de las regiones; a quienes da igual tenerlos vivos o muertos. Una comunidad sin liderazgos no tiene horizonte y Colombia sin comunidades organizadas, no tiene cómo construir y sostener la Paz.
Agradecemos el apoyo técnico al SIADDHH proporcionado por el CINEP; así como el apoyo de las plataformas de derechos humanos, paz y desarrollo como la CCEEU y otras organizaciones y redes de derechos humanos como el MOVICE, Colombia Diversa, CPDH, entre otros con información que nutre nuestro informe. Especial agradecimiento a la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia – OACNUDH. También agradecemos el apoyo financiero de la Real Embajada de Noruega en Colombia y las agencias de cooperación internacional DIAKONIA, MISEREOR, Terre des Hommes – Schweiz, Terre des Hommes – Suisse, Oxfam Intermon, y la Unión Europea, pues su apoyo fue fundamental para la realización de este Informe.
