Andrea Bolaños Vargas advierte que la adopción de la Política Pública Integral de Garantías es urgente ante la violencia que persiste contra las personas defensoras en el país. El llamado llega a menos de un mes de que Gustavo Petro entregue el poder a Abelardo de la Espriella, presidente electo de extrema derecha.
La Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Andrea Bolaños Vargas, hizo un llamado público a la pronta firma y adopción de la Política Pública Integral de Garantías para la Labor de Defensa de los Derechos Humanos (PPIGLDDHH) en Colombia, un proceso que el Gobierno nacional y las organizaciones sociales llevan concertando desde 2023 y que, a la fecha, sigue sin materializarse en un documento oficial firmado.
A través de su cuenta de X (@AndreaBV_SR_HRD), la Relatora escribió: “Hago un llamado para la pronta firma y adopción de la Política Pública Integral de Garantías para la labor de la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia. Esta política es un mecanismo clave para fortalecer la protección y garantizar condiciones seguras para quienes promueven, protegen y defienden los derechos humanos. Su adopción resulta urgente en el marco de violencia que persiste contra las personas defensoras en Colombia”.
Lo que hay detrás de la política
La PPIGLDDHH busca ofrecer protección estructural —no solo reactiva— a líderes sociales, sindicalistas, ambientalistas y demás personas defensoras de derechos humanos en Colombia. El proceso de concertación, liderado por el Ministerio del Interior junto con plataformas de derechos humanos, la Cumbre Agraria y las plataformas de mujeres, se enmarca en el Proceso Nacional de Garantías, un espacio de diálogo entre el Estado y la sociedad civil que existe desde 2009. La última sesión de alto nivel de la Mesa Nacional de Garantías, en diciembre de 2025, ratificó los compromisos asumidos, pero la firma definitiva de la política sigue pendiente.
Una violencia que no da tregua
El informe anual del Programa Somos Defensores, titulado Promesas Rotas y publicado en abril de 2026, documentó que 2025 fue el año más letal para las personas defensoras durante el gobierno de Petro: 165 asesinatos y 874 agresiones verificadas, pese a que en 2023 la Corte Constitucional había declarado un Estado de Cosas Inconstitucional en la materia y ordenado medidas urgentes mediante la Sentencia SU-546. Para Somos Defensores, esa brecha entre el discurso presidencial y las decisiones administrativas es, precisamente, uno de los argumentos centrales para insistir en que la protección de defensores se convierta en política pública permanente y no dependa de la voluntad de cada gobierno.
Quién es Andrea Bolaños Vargas
Bolaños Vargas es politóloga e investigadora feminista colombiana, especializada en derechos humanos y derecho internacional humanitario, con más de veinte años de experiencia acompañando a defensores de derechos humanos en América Latina y Europa. Es La Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, la primera experta latinoamericana en asumir este mandato desde su creación en el año 2000, y fue designada por el Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2026, en sucesión de la irlandesa Mary Lawlor.
Lo que está en juego
Con la salida de Petro y la llegada de un gobierno de extrema derecha que ha cuestionado la continuidad de las políticas de paz, la firma de la PPIGLDDHH se perfila como una de las últimas decisiones simbólicas y estructurales que el actual Gobierno podría dejar en materia de derechos humanos. Para las organizaciones sociales y la comunidad internacional, lograrlo antes del 7 de agosto no es solo una meta administrativa: es blindar, con el respaldo del Estado, un mecanismo que podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte para miles de líderes y lideresas en los territorios.
