Por Xiomara Karina Montañez Monsalve
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El médico Yesid Blanco y el politólogo Óscar Sampayo, dos integrantes de la Corporación Yariguíes, han acompañado en los últimos diez años a comunidades de Barrancabermeja, Santander, en la lucha por conservar la cuenca de la ciénaga San Silvestre, un ecosistema que abastece de agua a trescientas mil personas y donde habita el amenazado manatí antillano.
“El bebé manatí se despegó de su mamá y empezó a jugar con mi hijo. ¡Empezó a jugar con mi hijo! ¿Acaso eso no es una señal?”. Al otro lado de la pantalla, Yesid Blanco Calvete contaba los detalles que sostienen su conexión con Barrancabermeja y la ciénaga San Silvestre. De vez en cuando miraba a través de la ventana el paisaje gris y frío que por esos días de octubre del 2021 era común en Washington, Estados Unidos. Dijo que el día del encuentro con la mamá y el bebé manatí el agua era cristalina en el Crystal River Watersports de la Florida.
Yesid, que es médico pediatra, cree que en ese momento mágico el destino movió sus hilos y lo puso en el camino que hoy lo tiene como uno de los colombianos que lucha por la conservación de la naturaleza y por la autonomía de los territorios. Él es integrante de la Corporación Regional Yariguíes – Grupo de Estudios Extractivos y Ambientales del Magdalena Medio, en adelante Corporación Yariguíes, como es comúnmente conocida. En sus intervenciones públicas, Yesid suele defender los intereses de comunidades rurales del Magdalena Medio.
En los últimos diez años, por ejemplo, respalda a los habitantes de Patio Bonito (una vereda de Barrancabermeja, Santander) que se oponen al funcionamiento de dos basureros ubicados muy cerca de sus viviendas y que afectan la ciénaga San Silvestre, un ecosistema protegido porque allí habita el manatí antillano (en peligro de extinción desde el año 2002), sus aguas abastecen a los pobladores de Barrancabermeja y sus peces son parte del sustento económico de la comunidad.
Yesid ha denunciado ante los medios nacionales las afectaciones al medioambiente y a la salud de los habitantes de la vereda Patio Bonito, causadas por el funcionamiento de los basureros a cielo abierto. Tal vez fue por eso que tuvo que salir de Colombia el 5 de septiembre del 2018, luego de participar en una reunión informativa sobre el fracking. Los compañeros de varias organizaciones y defensores de derechos humanos se lo llevaron porque había sido amenazado. Decidió irse a Estados Unidos con la aspiración de llegar a Canadá. Desde ese momento ha trabajado en distintos oficios mientras encuentra trabajo en el mundo de la medicina, que es su pasión y verdadera profesión.
A Yesid le han jaqueado las cuentas de redes sociales, ha sido perseguido económicamente y ha sufrido montajes judiciales. En el 2020 presentó su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “¿Por qué me convertí en un activista político? Debo aclarar que nunca fue mi misión de vida, yo solo quería que se preservaran los manatíes y que esa misma conexión que tienen los afluentes del río Magdalena la tuviera la ciudadanía con el medioambiente. Volverme el antipolítico y el antiélite de una economía que pretendía ganar dinero con un basurero me convirtió en un blanco de las organizaciones mafiosas”, relata.
El pediatra explicó que las amenazas y las persecuciones que sufrió tenían como objetivo alejarlo de su activismo político. Pero, contrario a ello, las situaciones adversas lo animan a continuar con la lucha a favor del complejo de ciénagas San Silvestre, La Cira y El Llanito, humedales que desde hace más de cien años reciben la contaminación generada por el proceso de refinación del petróleo y que hoy sufren las consecuencias de dos rellenos sanitarios que funcionan a su alrededor.
Los dolores de la ciénaga
Los integrantes de la Corporación Yariguíes se hicieron visibles en el año 2013 debido al estallido de una movilización social en Barrancabermeja. En esos días algo olía mal: la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) analizaba las solicitudes de licencias ambientales para la apertura de dos basureros: Anchicayá y Yerbabuena, debido al cierre del relleno sanitario La Esmeralda, el más antiguo de la ciudad petrolera. En las manifestaciones del 2013 se alzaron las voces a favor de la ciénaga San Silvestre, una fuente hídrica ubicada en el corazón del valle del Magdalena Medio y que vierte sus aguas a los ríos Sogamoso y Magdalena, por medio de un caño que lleva su mismo nombre.
En ese momento, los integrantes de la Corporación Yariguíes y los ciudadanos de Barrancabermeja, sobre todo de la vereda Patio Bonito, estaban preocupados porque la construcción de los basureros amenazaba el espejo de agua, que abastece a 300 mil habitantes de la región del Magdalena Medio, el corredor del jaguar, el hábitat del manatí antillano y a la comunidad de pescadores de la vereda. Las protestas y los reclamos legales no surtieron efecto. La CAS otorgó las licencias en marzo del 2013 y en julio del 2014. Los basureros se construyeron y entraron en funcionamiento en el 2015.
En el 2006, la cuenca hídrica de la ciénaga San Silvestre había sido protegida por la CAS con la figura de Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI), y desde ese momento se incluyó en el sistema nacional de áreas protegidas. Por eso, el Comité Pro Defensa de la Cuenca Hídrica Humedal San Silvestre, al que pertenece la Corporación Yariguíes, ha señalado que los permisos y el funcionamiento de los rellenos sanitarios son ilegales, pues las licencias se otorgaron en un territorio donde es prioridad la conservación del patrimonio natural.
Lo contradictorio es que la entidad que protegió la ciénaga fue la misma que en el 2013 y el 2014 autorizó la licencia para la construcción de dos basureros: Anchicayá y Yerbabuena, respectivamente. La CAS otorgó los permisos basada en unos estudios que presentó la empresa Entorno Verde y que fueron encargados en el 2009 por la administración municipal del alcalde Elkin Bueno Altahona. El estudio fue financiado por la multinacional petrolera Occidental de Colombia, OXY.
La vereda Patio Bonito ha sido el lugar más perjudicado con el funcionamiento de los rellenos sanitarios. El basurero de Anchicayá quedó a menos de doscientos metros de una escuela y dos fuentes de agua, indispensables para la pesca. Según Óscar Sampayo, politólogo de la Universidad de Antioquia e integrante de la Corporación Yariguíes, estas condiciones son irregulares porque la legislación exige una distancia de al menos quinientos metros.
Cuando en marzo del 2013 la CAS le entregó la licencia al grupo RSTI y este entró a operarla a través de la empresa Rediba, los ambientalistas y la comunidad llevaron el caso ante las instancias judiciales, donde alegaron la vulneración de intereses y derechos colectivos relativos al goce de un ambiente sano, y entablaron una acción popular en contra del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, la CAS y Rediba. El 12 de julio del 2016, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló a favor de los demandantes, y la licencia de funcionamiento quedó suspendida.
En el 2019, los representantes legales de Anchicayá pidieron al alto tribunal que se levantara la medida cautelar, lo cual fue rechazado por las comunidades, las organizaciones y el Concejo de Barrancabermeja. A la fecha, julio del 2022, la decisión se mantiene en firme. Además de conocerse la violación de derechos humanos de comunidades vulnerables y las afectaciones al medioambiente, en el proceso jurídico se han ventilado otras irregularidades.
Óscar Sampayo todavía se pregunta cómo autorizaron la construcción de los basureros si los acuíferos como los de la ciénaga San Silvestre son zonas de recarga hídrica para el Magdalena Medio. El politólogo Óscar Sampayo y el médico pediatra Yesid Blanco han hecho un seguimiento de lo que ha ocurrido desde que se autorizó el relleno sanitario de Yerbabuena y de la manera en que ha sido administrado por Rediba y la operación de la multinacional Veolia, encargada de la recolección en Barrancabermeja, Aguachica y Bucaramanga.
En sus registros se encuentran desde la mortandad de peces, los nacimientos de niños con malformaciones, las afecciones en la piel y las vías respiratorias, y la mala calidad del agua que consume la comunidad campesina. También han dado a conocer que en el negocio de las basuras participan clanes políticos de la región y empresarios cuestionados por sus nexos con grupos paramilitares.
Como lo hicieron con la apertura del relleno sanitario Anchicayá, la Corporación Yariguíes y la comunidad interpusieron acciones legales para que se le suspendiera la licencia a Yerbabuena, pero la Corte Constitucional declaró improcedentes dos acciones de tutela que se presentaron en el 2016.
El hábitat del jaguar o Panthera onca también era una preocupación para las organizaciones y las comunidades. El basurero, como señalan los líderes de la Corporación Yariguíes, contamina el ecosistema del jaguar y afecta su cadena alimenticia y su reproducción.
Nada de esto lo tuvo en cuenta la Corte Constitucional. Tampoco las pruebas que el pediatra Yesid Blanco aportó al proceso adelantado en la Corte Constitucional: una serie de estudios en los que se evidenció la elevación de mercurio y vanadio en la ciénega San Silvestre, así como la muerte de tortugas, nutrias y manatíes, y el nacimiento de niños y perros con anencefalia, es decir, sin partes del encéfalo y el cráneo. De acuerdo con el pediatra, esta es una condición directamente relacionada con la exposición a un medioambiente contaminado.
Para Óscar y Yesid, hacer pedagogía significa hacer presencia en los lugares donde el Gobierno colombiano les abre la puerta a las multinacionales, y dar acompañamiento a las nuevas organizaciones que se han gestado.
Óscar también tuvo que salir de Barrancabermeja y esconderse de una serie de enemigos que un día se hacen llamar Águilas Negras y al otro firman con el alias de algún paramilitar. Su único interés y el de la Corporación Yariguíes es que el mundo conozca que, pese a las intimidaciones y agresiones, ellos siguen firmes ante lo que pueda ocurrir con los basureros y la explotación petrolera en la región.
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Este texto hace parte del libro Defender la vida, de la colección periodística “Defender”, publicado en una colaboración entre el Programa Somos Defensores y Hacemos Memoria.