Entre el asedio y la barbarie: el nororiente de Colombia bajo la lógica de la guerra, los intereses económicos y el control territorial (una mirada desde el conflicto armado)
La región del nororiente de Colombia, que comprende principalmente los territorios de Arauca, el Catatumbo en Norte de Santander y el sur de Bolívar en el Magdalena Medio, se consolida actualmente como un epicentro crítico de la crisis humanitaria en el país. Esta vasta zona geográfica, caracterizada por su valor estratégico fronterizo y su inmensa riqueza en recursos naturales, ha sido históricamente el escenario de una disputa hegemónica entre diversos grupos armados, estatales y no estatales, que buscan el control social, territorial y de las economías ilegales tales como el narcotráfico y la minería aurífera,
así como la captura de rentas derivadas de la industria petrolera. La situación en el transcurso de 2024 y 2025 revela una degradación profunda del conflicto armado, donde el respeto por los Derechos Humanos (DDHH) y la observancia del Derecho Internacional Humanitario (DIH) parecen haber
sido relegados por una lógica de guerra frontal que afecta de manera sistemática a la población civil.
En el departamento de Arauca, la ruptura de los acuerdos de no agresión entre el Frente de Guerra Oriental del ELN y las facciones disidentes de las FARC (Frentes 10 y 28 del Estado Mayor Central) a principios de 2022 marcó el inicio de una escalada violenta que no ha cesado. El territorio se ha convertido en un corredor de movilidad para el tráfico de armas y drogas, donde la industria del petróleo actúa simultáneamente como motor económico y objetivo
militar, generando un entorno de militarización que, lejos de proteger a las comunidades, a menudo las deja atrapadas en el fuego cruzado.
Las cifras de homicidios selectivos, secuestros y desapariciones forzadas en municipios como Tame, Saravena y Arauquita son alarmantes, sumadas a mecanismos de control social coercitivo que imponen horarios de movilidad y restricciones a la vida cotidiana. La situación de los pueblos indígenas transfronterizos, como los Sikuani y los Hitnü, genera especial preocupación pues enfrentan un riesgo inminente de extinción física y cultural debido
al confinamiento y la contaminación de sus tierras con minas antipersonal (MAP) y otros artefactos explosivos.
