Las Plataformas de derechos humanos, organizaciones sociales, colectividades en defensa de la vida expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo frente a las informaciones que señalan un eventual retiro de Colombia del Estatuto de Roma y de la Corte Penal Internacional (CPI).
La permanencia en el sistema de justicia internacional no es una concesión formal del Estado, sino una victoria histórica de las víctimas y una garantía fundamental de protección colectiva. La CPI ha funcionado como un mecanismo de cierre frente a la impunidad cuando las instituciones locales no han logrado o no han querido investigar de manera oportuna crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos, por lo que la eventual salida de la CPI puede significar una mayor militarización de la seguridad y el debilitamiento de las garantías para las víctimas.
Un eventual abandono del Estatuto de Roma puede conllevar graves impactos para la democracia y los territorios:
- Desprotección de las víctimas y desmantelamiento de garantías: Retirarse del tratado debilita el principio de justicia complementaria, dejando sin una instancia internacional de recurso a las comunidades afectadas por el conflicto armado y las violencias estructurales.
- Debilitamiento de la respuesta internacional para la protección de los derechos de las mujeres, las niñas y las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, históricamente afectadas de manera diferenciada y desproporcionada por la guerra y por violencias que han permanecido en altos niveles de impunidad. El Estatuto de Roma constituye un instrumento fundamental del derecho penal internacional al reconocer la violencia sexual y otras violencias basadas en género como crímenes susceptibles de investigación y sanción penal, incluyendo aquellas cometidas como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
- Retroceso en la no repetición: Debilitar el marco de jurisdicción penal internacional envía un mensaje de permisividad a los actores armados y victimarios, menoscabando los esfuerzos de paz acumulados.
- Retroceso diplomático en materia de derechos humanos: Apartarse de este consenso internacional despoja al país de su compromiso ético con los estándares de protección y verdad ante la comunidad global.
- Alineación con el interés del desmantelamiento de la institucionalidad internacional: La decisión de Colombia, genera una grave consecuencia frente al respaldo a la imposición de la fuerza para la resolución de los conflictos, y asume postura en favor de intereses bélicos de Estados Unidos y sus aliados en medio de un panorama mundial convulso.
Hacemos un llamado vehemente al Gobierno Nacional, la Cancillería y al Congreso de la República para reafirmar de manera categórica el compromiso de Colombia con el sistema penal internacional y garantizar el pleno respeto a los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral.
¡Por la memoria de nuestras víctimas y la defensa de nuestros territorios!
