El Ministerio del Interior del gobierno de Gustavo Petro expidió el Decreto 1028 del 5 de agosto de 2026, que adopta la Política Pública Integral de Garantías para el Liderazgo y la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia. Detrás de la firma hay décadas de exigencia de plataformas de derechos humanos y organizaciones sociales, y durante los últimos 4 años un inmenso trabajo en los territorios para formular participativamente este instrumento. Este proceso fue acompañado de manera constante por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (OACNUDH) y contó con el respaldo de la comunidad internacional.
En Colombia, liderar un proceso comunitario, defender un territorio o denunciar una violación de derechos humanos sigue siendo para miles de personas, un acto que pone en riesgo sus vidas. Durante años, las organizaciones sociales y las plataformas de derechos humanos le hemos exigido al Estado algo muy concreto: una política pública que configure una respuesta integral del Estado y trascienda la dispersión de programas y acciones, que garantice la destinación específica de recursos presupuestales, la creación de mecanismos de seguimiento, la participación de las comunidades y organizaciones y que cuente con la fuerza legal suficiente para enfrentar esta violencia.
Una exigencia que viene de lejos
Desde hace varias décadas, las organizaciones sociales y las plataformas de derechos humanos en Colombia insisten en que la población defensora de derechos humanos necesita algo más que esquemas de seguridad individuales entregados casos por caso. Necesita una política que reconozca las causas de fondo de la violencia contra el liderazgo social y que comprometa al Estado como un todo. Esa demanda tomó forma institucional en 2009, con la creación del Proceso Nacional de Garantías, y desde entonces esta exigencia no ha dejado de repetirse en cada mesa de diálogo, cada informe y cada movilización ciudadana.
Las cifras explican esa insistencia. Según el informe Promesas Rotas, publicado en abril de 2026 por el Programa Somos Defensores, en 2025 se registraron en Colombia 165 asesinatos de personas defensoras y líderes sociales (un 5 % más que el año anterior) y 874 agresiones en total. Los liderazgos indígenas fueron los más golpeados, con 257 agresiones, y los homicidios contra mujeres lideresas crecieron un 42 %. Por su parte, los reportes periódicos de Indepaz han arrojado cifras similares: 187 personas defensoras asesinadas en 2025 -8% más que el año anterior. Con ese panorama, para las organizaciones sociales, este decreto nunca fue un gesto simbólico: es una herramienta que llevan años reclamando.
Un proceso hecho con las organizaciones, no solo para ellas
Vale la pena detenerse en cómo se construyó esta política, porque ahí está gran parte de su legitimidad. Durante el gobierno de Gustavo Petro se adelantó un proceso de concertación con organizaciones sociales y plataformas de derechos humanos, tanto de nivel nacional como territorial, que se extendió por cerca de tres años.
En esta construcción participaron más de 2.500 líderes y lideresas. Entre las plataformas y organizaciones que dinamizaron este proceso estuvieron: la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, la Coordinación Colombia–Europa–Estados Unidos, las Plataformas de Mujeres, la Cumbre Agraria, Étnica y Popular, la Comisión de Seguimiento a la Sentencia SU 546 de 2023 y el Programa Somos Defensores. El texto también pasó por una consulta pública abierta a toda la ciudadanía, realizada entre el 20 de junio y el 4 de julio de 2026.
Este ejercicio de concertación es, en sí mismo, un avance que merece reconocerse: no es habitual que una política de esta magnitud se construya con la participación efectiva de quienes viven a diario el riesgo de defender derechos, más allá de la mirada técnica de las entidades del Estado. La presión social para su adopción se sintió hasta el final: más de 500 organizaciones y personas de la sociedad civil le solicitamos públicamente al presidente Petro que firmara el decreto antes de dejar el cargo.
La comunidad internacional también aportó a su formulación
El proceso no caminó solo. La OACNUDH acompañó la formulación de la política desde el inicio, junto con otras agencias del sistema de Naciones Unidas y representantes de la comunidad internacional que estuvieron atentos a su desarrollo.
Por su parte la Relatora Especial sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos de Naciones Unidas, Andrea Bolaños, también solicitó al gobierno de Petro firmar esta Política Pública.
Este acompañamiento quedó incorporado en el propio decreto: la Mesa Nacional de Garantías, el espacio de más alto nivel para hacer seguimiento a esta política, tendrá participación permanente, en calidad de observadora, de organismos como el PNUD, la OACNUDH, ACNUR, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, ONU Mujeres, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP-OEA) y embajadas aliadas para la protección de las personas defensoras.
¿Qué trae realmente esta política?
Más allá del anuncio, el decreto tiene contenido concreto. Estos son algunos de sus puntos centrales:
- A quién protege. Reconoce como población líder y defensora de derechos humanos a toda persona que, individual o colectivamente, desarrolle acciones de divulgación, denuncia, monitoreo, promoción, defensa o protección de los derechos humanos.
- Presunción de riesgo. Uno de sus principios más importantes establece que, en zonas de conflicto armado o con presencia de grupos ilegales, debe presumirse que el riesgo que reporta una persona defensora es real. Esto invierte la carga de la prueba: ya no es la persona amenazada quien tiene que demostrar que está en peligro, sino el Estado quien debe descartarlo.
- Enfoques diferenciales. Incorpora trece enfoques (de género, étnico, territorial, feminista, interseccional, antirracista, de orientación sexual e identidad de género diversas, de discapacidad, psicosocial, entre otros) para responder de manera diferencial a la violencia que golpea a cada población.
- Garantías integrales: La política establece cinco garantías que son necesarias para las personas defensoras y los liderazgos sociales: prevención, protección, respeto, justicia efectiva y garantías de no repetición. Todas estas dimensiones son necesarias para el derecho a defender derechos.
- Reconocimiento formal del Proceso Nacional de Garantías. Reglamenta la Mesa Nacional de Garantías, presidida por el Ministerio del Interior y con participación de la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, además de Mesas Territoriales de Garantías en los departamentos. Ambas tendrán subgrupos de prevención y protección, investigación, y mujer, género y diversidades.
- Seguimiento con indicadores. Ordena en un plazo máximo de seis meses, adoptar e implementar el Plan Integral de Acción y Seguimiento (PIAS).
- Plata para que funcione. La financiación deberá incorporarse al Presupuesto General de la Nación, al Sistema General de Regalías y podrá también provenir de la cooperación internacional, y se define como prioritaria, progresiva y vinculante.
- Diez años, no cuatro. La política tendrá una vigencia de diez años y es de obligatorio cumplimiento para todas las entidades del Gobierno Nacional. Incumplirla activa las competencias disciplinarias de los órganos de control.
Responde a una orden de la Corte Constitucional
Este decreto también es en gran parte, la respuesta del gobierno a la Sentencia SU-546 de 2023, en la que la Corte Constitucional declaró el Estado de Cosas Inconstitucional frente a la situación de la población líder y defensora de derechos humanos en el país, al concluir que la respuesta institucional frente a las amenazas, los asesinatos y la impunidad ha sido, durante años, insuficiente.
Una herramienta que debe sobrevivir al cambio de gobierno
Desde el Programa Somos Defensores, la Comisión de seguimiento a la Sentencia SU 546 de 2023 y las organizaciones y plataformas firmantes, queremos reiterar la importancia de que Colombia cuenta ahora con una de las políticas de protección para personas defensoras más completas de su historia reciente, cuya implementación no depende de la voluntad de un gobierno en particular. Esta política quedó incorporada al Decreto Único Reglamentario del Sector Interior, con una vigencia de diez años. Por tanto, su cumplimiento es obligatorio y su incumplimiento puede generar consecuencias disciplinarias.
Al ser una política pública de Estado, y no una política de un gobierno de turno, su implementación debe trascender los ciclos electorales y los cambios de administración. Esta distinción es especialmente importante porque la violencia selectiva contra líderes, lideresas y personas defensoras tampoco se detiene con los cambios de gobierno. Por ello, los próximos gobiernos deberán garantizar la continuidad y el cumplimiento de esta política, en lugar de que su implementación dependa de las prioridades de cada administración.
Para las miles de personas que, en cada rincón del país, siguen liderando procesos comunitarios, defendiendo sus territorios o denunciando abusos, esta política representa un avance. Por tanto, exigimos al Gobierno nacional garantizar su implementación efectiva, mediante los recursos financieros, técnicos e institucionales necesarios para su territorialización y para brindar garantías para el libre ejercicio de la defensa de los derechos humanos y el liderazgo social. Esto requiere que el Plan Nacional de Desarrollo incorpore estos instrumentos como elementos fundamentales para la garantía de los derechos y la construcción de paz, y que su implementación cuente con asignaciones presupuestales específicas en los distintos instrumentos de planeación y programación presupuestal, tanto anuales como plurianuales.
Igualmente, exigimos que el nuevo Gobierno Nacional implemente y reconozca la importancia de este instrumento, así como las políticas recientemente adoptadas como el Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos, reglamentado por medio del Decreto 980 de 2026, la Política Pública de Desmantelamiento de Organizaciones Criminales responsables de agresiones a personas defensoras, establecida en el Decreto 665 de 2024, así como el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, formalizado en el Decreto 585 de 2026.
Exigimos también que sitúe dentro de las nuevas directrices del Gobierno las instancias del Proceso Nacional de Garantías como espacios de discusión y concertación de elementos para una política de paz y seguridad que reconozca las reales dimensiones de las agresiones contra personas defensoras, y sirvan de escenarios de diálogo real entre la institucionalidad y la ciudadanía.
Suscriben:
Comisión de Seguimiento a la Sentencia Su 546 de 2023
Plataforma Alianza de Organizaciones Sociales y Afines
Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo
Plataforma Coordinación Colombia Europa Estados Unidos
Asociación Minga
Colectivo de Abogadas y Abogados José Alvear Restrepo
Comité de Solidaridad Con los Presos Políticos
Comisión Colombiana de Juristas
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento,CODHES
Corporación Jurídica Libertad
Corporación Sisma Mujer
Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Reiniciar
Programa Somos Defensores
